Un nuevo hecho de violencia conmocionó al departamento de La Guajira luego de que un ataque armado en zona rural del municipio de Dibulla dejara cuatro personas muertas.
La información preliminar apunta a que los responsables de la masacre en el departamento de La Guajira serían integrantes de la organización criminal conocida como ‘Los Conquistadores de la Sierra’, grupo al que la Fuerza Pública ha atribuido múltiples acciones violentas en la región.
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Las víctimas fueron halladas en un sector alejado de la zona urbana, en inmediaciones de la vereda Casa Aluminio, donde testigos reportaron la presencia de hombres armados que se desplazaban en motocicletas y camionetas. Los habitantes aseguraron haber escuchado ráfagas de disparos durante varios minutos, situación que generó temor en las comunidades vecinas.
De acuerdo con las autoridades locales, las cuatro personas fallecidas presentaban impactos de bala y fueron identificadas por familiares que llegaron al lugar tras conocerse los hechos. La masacre generó el inmediato rechazo de organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos, que recordaron la vulnerabilidad de las poblaciones asentadas en áreas rurales del departamento.
La Policía de La Guajira indicó que, según los primeros reportes de inteligencia, el ataque estaría vinculado a disputas entre estructuras ilegales por el control de corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal.
La zona donde ocurrió la masacre conecta con caminos utilizados para el transporte de estupefacientes hacia la costa, lo que ha convertido el territorio en un punto de interés para diferentes actores armados.
Desde la dirección de la Policía Nacional se señaló que se adelantan operativos especiales para ubicar a los responsables. Además, se desplegaron unidades de investigación criminal, inteligencia y refuerzo de tropas del Ejército en la región. También anunció la creación de un grupo interinstitucional encargado de esclarecer lo sucedido y judicializar a los autores materiales e intelectuales.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, informó que “se están tomando medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los habitantes de Dibulla y de las comunidades cercanas. No permitiremos que estos grupos sigan intimidando a la población civil”. Añadió que se reforzará la presencia de la Fuerza Pública en las veredas más afectadas por la criminalidad.
Entre tanto, líderes comunitarios de Dibulla advirtieron que esta masacre se suma a una serie de hechos violentos registrados durante los últimos meses. Recordaron que, además de los homicidios, las comunidades han denunciado amenazas, extorsiones y desplazamientos forzados. “La población siente que está atrapada entre los enfrentamientos de grupos ilegales que buscan controlar la región”, expresó un vocero de la Asociación de Campesinos de la Sierra Nevada.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) incluyó esta masacre dentro de los hechos de violencia colectiva que siguen ocurriendo en Colombia. Según sus cifras, en lo que va corrido del año se han registrado más de 60 masacres en el país, con un saldo de más de 200 víctimas.
‘Los Conquistadores de la Sierra’ es una estructura armada que surgió tras el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que ha mantenido presencia en los departamentos del Magdalena, Cesar y La Guajira. De acuerdo con informes de inteligencia, esta organización está involucrada en actividades como narcotráfico, minería ilegal y extorsiones a comerciantes y transportadores.
La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, manifestó su preocupación por el incremento de la violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores. La entidad recordó que ha emitido varias alertas tempranas sobre la presencia de actores armados en la zona y reiteró el llamado a implementar medidas de protección para las comunidades en riesgo.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido en Dibulla. Equipos de policía judicial y peritos forenses se trasladaron al sitio de la masacre para recolectar pruebas y avanzar en la identificación de los autores.
El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, rechazó de manera categórica los hechos y exigió al Gobierno Nacional mayores recursos para enfrentar la criminalidad en el departamento. “La situación de orden público en La Guajira es delicada y requiere una atención urgente”, señaló el mandatario departamental.
Organizaciones sociales insistieron en la necesidad de implementar programas integrales que aborden no solo la seguridad, sino también las problemáticas sociales y económicas que facilitan la expansión de grupos armados en la región. Subrayaron que la pobreza y la falta de oportunidades en zonas rurales son factores que favorecen el reclutamiento y fortalecimiento de estas estructuras ilegales.
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