La elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional, prevista para el 3 de septiembre en el Senado de la República, provocó una tormenta política que ahora tomó como protagonista al exvicepresidente Francisco “Pacho” Santos. Las declaraciones de la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre la importancia de garantizar la independencia judicial y la paridad de género en la elección, encendieron una dura respuesta del ex alto funcionario, que acusó a la Defensoría de actuar con sesgo ideológico y de someterse al Ejecutivo.
Santos reaccionó en sus redes sociales con un mensaje directo, cargado de críticas, en el que expresó su inconformidad con lo que calificó como una “intromisión” de la defensora en un proceso político que, a su juicio, debe mantenerse alejado de cualquier tipo de presión institucional.
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“La intromisión de la Defensora del Pueblo, Iris Marín, en la elección de un magistrado de la Corte Constitucional es inaceptable y amenaza la institucionalidad colombiana. Nunca un Defensor había interferido así en el Congreso, mostrando sumisión al Ejecutivo de Petro. Su cercanía al equipo de Natalia Ángel no justifica usar la Defensoría para buscar una mayoría progresista en la Corte (sic)”, escribió el líder uribista en su red social X.
Pacho Santos aludió a la magistrada Natalia Ángel, al señalar que la relación entre ella e Iris Marin no puede influir en las decisiones que corresponden a otras ramas del poder público. Según el exvicepresidente, ese tipo de vínculos personales o profesionales no tienen cabida dentro de las funciones que debe cumplir la Defensoría del Pueblo, una entidad que, a su juicio, debe mantenerse al margen de intereses particulares.
“Esta institución debe proteger al pueblo, no ser un apéndice del poder. Urge reformar su rol para garantizar su independencia y evitar que sirva a intereses políticos. La democracia exige una Defensoría imparcial, no una herramienta de agendas ideológicas”, añadió Pacho Santos a su post.
Las palabras del exvicepresidente generaron una nueva ola de debate en la opinión pública, aunque algunos sectores respaldaron su crítica, otros lo señalaron de deslegitimar el derecho que tiene la Defensoría del Pueblo a pronunciarse sobre decisiones institucionales que, según sus funciones, afectan el equilibrio de poderes y los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Estas fueron las palabras de la defensora del Pueblo que provocaron la ira del exvicepresidente
El pronunciamiento de Iris Marín, que desató la molestia del exvicepresidente, tuvo una duración cercana a los cinco minutos. En su mensaje, la defensora no apoyó directamente a ninguno de los ternados, pero sí insistió en la necesidad de mantener la autonomía del alto tribunal frente a presiones políticas.
También pidió considerar la equidad de género y la diversidad étnica en la composición de la Corte Constitucional, argumentos que Santos interpretó como una defensa velada a la candidata Patricia Balanta Medina, que es identificada como la opción afín al Gobierno nacional.
“Esta semana, el Senado de la República elegirá a la persona que reemplazará al magistrado José Fernando Reyes en la Corte Constitucional, de terna elegida por la Corte Suprema de Justicia. La decisión está en titularidad de un órgano político, lo cual tiene sentido y hace parte de nuestro diseño constitucional. Ahora bien, esto no elimina la responsabilidad del Senado de dar una discusión que se enmarca en el principio central de la actuación de la rama judicial, su independencia, autonomía e imparcialidad, inclusive frente a sectores políticos”, dijo la defensora del Pueblo en su mensaje.
Y añadió: “Llamo a los sectores políticos a dejar de lado la estigmatización y a tomar una decisión que busque la paridad, refleje de mejor manera la diversidad étnica y regional de nuestro país y se oriente a garantizar la independencia, autonomía e imparcialidad judicial. Es decir, que la elección de la Corte Constitucional no sea para un sector particular, sino para el fortalecimiento del Estado de derecho.”
Para Pacho Santos, esta intervención no fue neutral; a su juicio, la Defensoría del Pueblo se convirtió en “una plataforma de presión política”, lo que, según él, contradice el papel institucional que debe ejercer esa entidad.
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