La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro se fue contra la derecha colombiana por recientes datos publicados por La Silla Vacía, y extraídos de Meta, donde mostraban las cifras que han gastado algunos políticos colombianos para su campaña desde enero de 2025.
Según la imagen del portal citado, Vicky Dávila es la candidata que más dinero ha gastado en publicidad para su compaña, con $244.644.129, seguida de Juan Carlos Pinzón Bueno con $211.000.000 y Germán Vargas Lleras que aunque no ha confirmado su precandidatura a la presidencia, Meta aseguró que ha gastado $92.689.592.
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En la lista también figuran Mauricio Cárdenas, Mauricio Lizcano, Felipe Córdoba, David Luna, María Fernanda Cabal y Daniel Oviedo.
Lo anterior, hizo que la congresista Pizarro saliera a dar su punto de vista, arremetiendo contra los candidatos que aparecen en la imagen.
"La hipocresía hecha pauta. Mientras las candidaturas de la derecha despliegan millonarias campañas en publicidad digital, hablan de igualdad y se muestran preocupadas por la gente“, dijo Pizarro.
La militante del Pacto Histórico señaló que la mayor inversión de la derecha en Colombia es la desigualdad, gastando altas sumas de dinero para poder llegar a la presidencia.
“La verdad su mayor inversión es en la desigualdad, una maquinaria publicitaria solo para ganar“, dijo.
El pronunciamiento de la congresista hizo que varios usuarios le recordaran el reciente escándalo del presidente Gustavo Petro, cuando dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) lo acusaron de haber violado los topes de su campaña por 3.500 millones de pesos.
“Y no se indignaba cuando Petro lo hacía en su campaña”, “le recuerdo que Petro violó los topes”, y “su amo está siendo investigado por exceder los topes de campaña”, son los comentarios de algunos usuarios.
Presidente del CNE confirmó fecha en la que se votará la ponencia en contra de la investigación a la campaña presidencial de Petro
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia avanza en la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
El presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada, confirmó la fecha en la que se decidirá la ponencia que pide sanciones económicas y administrativas contra los responsables de la campaña.
Según anunció Prada, el pleno de la sala del CNE se reunirá el jueves 11 de septiembre de 2025 para debatir y votar una ponencia que recomienda medidas contra quienes estructuraron y firmaron la contabilidad de la candidatura.
Ocho magistrados participarán tras la recusación de Alba Lucía Velásquez, que será excluida por haber oficiado como testigo electoral del Pacto Histórico, explicó el presidente del CNE al dar detalles sobre la etapa final del proceso.
La comisión instructora conformada por los despachos de Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada determinó que durante la campaña de Gustavo Petro se registraron anomalías en el manejo de recursos.
El informe presentado documenta 121 hallazgos relacionados con el control de gastos y las fuentes de financiación en las dos rondas electorales.
Uno de los puntos principales del informe revela que la campaña habría superado los topes de gasto por más de 3.042 millones de pesos, recibiendo financiación prohibida por más de 2.118 millones de pesos. En conjunto, la suma alcanza aproximadamente 5.160 millones de pesos.
La ponencia propone sancionar de forma solidaria al gerente de campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y a las responsables de la tesorería y auditoría, Lucy Aydeé Mogollón y María Lucy Soto.
La sanción sería de casi 5.900 millones de pesos. El informe también solicitó multas por cerca de 1.200 millones de pesos para los partidos Unión Patriótica y Colombia Humana.
El presidente del CNE precisó que, una vez aprobada la ponencia, se enviarán copias a la Fiscalía General de la Nación. Así, el ente investigador evaluará si existen responsabilidades penales adicionales por irregularidades en financiación y exceso en los topes legales.
“Proponemos sancionar a los sujetos procesales y a los partidos, y remitiremos copias a la Fiscalía respecto a financiación prohibida, superación de topes y otras conductas que puedan establecerse”, mencionó Prada.
La exclusión de la magistrada Velásquez respondió al criterio de conflicto de interés, dado su papel como testigo electoral del partido de Petro durante la campaña. Los restantes ocho magistrados definirán el futuro de las sanciones propuestas.
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