El hallazgo de 55 crías de babilla transportadas en condiciones ilícitas reactivó la alerta por el tráfico de fauna silvestre en el Caribe colombiano.
Según reportó la Policía Departamental de Bolívar, el caso ocurrió en el barrio Puerto Santander de María la Baja, cuando los uniformados interceptaron un moto carro.
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La atención de los agentes se dirigió de inmediato hacia un costal cuyos movimientos inusuales despertaron sospechas. Al detener a los ocupantes del vehículo, estos afirmaron transportar “mangos”; sin embargo, la reacción de los efectivos fue inspeccionar el contenido, descubriendo decenas de caimanes de anteojos aún con vida, una especie también reconocida como caiman crocodilus fuscus.
Este animal, fundamental en las cadenas alimenticias de los humedales locales, vio incrementado su riesgo debido al avance de las redes de tráfico ilegal dedicadas al comercio de fauna exótica. Los policías, tras constatar la presencia de las crías, notificaron de inmediato a las autoridades ambientales, que se hicieron cargo de la custodia y el chequeo veterinario de los ejemplares antes de decidir sobre su liberación. El operativo logró impedir que los animales ingresaran al circuito de tráfico, marcando un punto de inflexión en las labores contra el comercio clandestino de especies silvestres.
Sanción por el tráfico de animales silvestres
La reacción institucional fue rápida y contundente, pues los dos implicados quedaron privados de la libertad y ahora deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación por aprovechamiento ilícito de recursos naturales. La legislación colombiana sanciona de forma severa este tipo de prácticas, por lo que el Código Penal, en su artículo 328, establece que quien “con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Este marco normativo busca desalentar cualquier intento de extracción o explotación ilegal de especies, a través de medidas que puedan significar, en la práctica, largos años de cárcel y multas que pueden alcanzar sumas millonarias de pesos colombianos.
El mencionado artículo del Código también contempla agravantes, elevando la pena de una tercera parte a la mitad si la conducta ilícita incluye acciones especialmente dañinas, como cortar aletas de peces cartilaginosos —caso de tiburones, rayas o quimeras— y desechar los restos en el mar. De este modo, la normativa ambiental se ajusta para perseguir con mayor contundencia aquellos actos que, además de atentar contra la biodiversidad, causan daños irreparables en los ecosistemas y en cadenas biológicas de valor estratégico internacional.
Un delito ambiental que no cesa
El tráfico de fauna silvestre, particularmente en regiones biodiversas como Bolívar, es uno de los delitos ambientales más persistentes del país. La demanda de mascotas exóticas en mercados ilegales y la comercialización de pieles, huevos, o partes de cuerpos para actividades clandestinas, alimentan esta problemática. De acuerdo con la Policía de Bolívar, muchas de estas redes actúan en zonas rurales alejadas, utilizando medios discretos para el transporte, lo que dificulta la labor de vigilancia. Junto a los retenes y controles aleatorios, las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana, ya que las alertas comunitarias frecuentemente resultan clave para desarticular operaciones de tráfico.
Los esfuerzos coordinados entre autoridades, comunidades y agencias ambientales permitieron durante los últimos años el rescate, atención y eventual liberación o readaptación de cientos de animales. Por ello, junto con el endurecimiento de penas, proliferan campañas para sensibilizar sobre los efectos destructivos de la explotación indiscriminada de la biodiversidad, no solo para la naturaleza, sino para la economía y la reputación de Colombia como epicentro de riqueza biológica global.
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