Holguín, Cabal y Briceño piden que se aplique el artículo 109 de la Constitución, tras ponencia del CNE contra la campaña de Petro: estos son motivos

La ponencia por parte de dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que concluyó la violación de topes de financiación en la campaña presidencial de Gustavo Petro, continúa generando una fuerte oleada de reacciones en el ámbito político. El documento, de casi 600 páginas, propone sanciones administrativas y la remisión del caso a instancias judiciales y legislativas, al comprobarse -según los togados- que existió violación de topes de campaña.

El informe, resultado de más de dos años de investigación liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, este último presidente del tribunal electoral, fue presentado el martes 26 de agosto ante la Sala Plena del CNE. La ponencia sostiene que la campaña presidencial superó los límites legales de financiación, con un exceso que, según el documento, rebasa los 3.500 millones de pesos entre la primera y la segunda vuelta electoral.

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El documento, de más de 600 páginas, señaló como responsable al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que fungió como gerente de campaña, así como a otros directivos y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. Así, figuras de la oposición como las senadoras Paola Holguín y María Fernanda Cabal, y el concejal de Bogotá Daniel Briceño, exigieron la estricta aplicación del artículo 109 de la Constitución, que contempla la pérdida de investidura.

En efecto, entre las sanciones administrativas propuestas, la ponencia contempla multas para los partidos involucrados y para los directivos de la campaña. Además, ordenó la devolución de recursos y la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue posibles delitos relacionados con la financiación de campañas electorales, el uso de fuentes prohibidas y la violación de los topes de gasto, que estarían documentados.

La ponencia, que será sometida a votación de los demás magistrados del CNE también pide que el expediente sea enviado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, con lo que se abriría la puerta a un eventual proceso político en el Congreso.

Las reacciones de figuras políticas no se hicieron esperar. Una de ellas, la de la senadora Holguín, que remarcó la claridad del artículo 109 de la Constitución. “Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo", indicó la congresista en su publicación en la red X.

Por su parte, el concejal Briceño afirmó que la campaña de Petro, según se ha evidenciado, sí violó los topes electorales de financiación, por lo que el Congreso debe aplicar el artículo 109 de la Constitución Política, el cual señala que la violación de los topes será castigada de manera severa. Una postura a la que se suma la de la senadora Cabal, en la misma línea, que sostuvo que “es deber del Consejo Nacional compulsar copias a la Comisión de Acusaciones”.

Lo anterior, para que se adelante el proceso contra Gustavo Petro. “No puede ser que termine impune cuando se ha probado que violaron los topes en más de $5.300 millones”, afirmó la congresista, en relación con la cifra global que se contempló la ponencia manejada desde el CNE, frente a los excesos registrados en la contabilidad del hoy jefe de Estado en la declaración de sus finanzas frente al máximo órgano electoral.

El artículo 109 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003, establece que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica están sujetos a la normativa electoral y que la violación de los topes de financiación, una vez comprobada, conlleva la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentó los efectos adicionales de esta infracción, que podrían generar serios inconvenientes en la recta final de su Gobierno.

Es válido destacar que para las campañas presidenciales en 2022, los márgenes legales eran de $27.453 millones para la primera vuelta y $12.840 millones para la segunda. El Consejo de Estado reiteró que el CNE tiene competencia para investigar estos hechos. En cuanto a los montos y hechos específicos, la ponencia detalla que los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica podrían enfrentar sanciones de $583 millones por cada vuelta electoral por incumplimiento.

Y para los directivos de campaña, se señalaron irregularidades como el financiamiento con fuentes prohibidas en la primera vuelta por $2.252 millones y en la segunda por $627 millones, así como violaciones de topes en la primera vuelta por $2.447 millones y en la segunda por $596 millones. Además, se exigió a Roa la devolución de $165 millones correspondientes a la reposición de gastos por el arriendo del Movistar Arena, donde se celebró la victoria presidencial.