Mientras el Gobierno nacional defiende al entonces gerente de la campaña del candidato Gustavo Petro y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunta violación de topes de financiación, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) se evalúa la ponencia presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que lo responsabiliza por sobrepasarse en 3.500 millones de pesos.
De hecho, la ponencia presentada por los magistrados del Centro Democrático y el Partido Liberal contemplan duran sanciones económicas contra Roa, una medida que ahora está en manos de la sala plena del CNE, que deberá analizar un informe de más de 600 páginas que documenta las presuntas faltas.
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Según el documento, los ocho consejeros deberán votar para aprobar o rechazar la ponencia, y se estima que la decisión final podría resolverse por cinco votos a favor y tres en contra.
A Roa se le sindica de la violación de topes de campaña en cuantía superior a 3.000 millones de pesos y también de recibir financiación de fuentes prohibidas por más de 2.779 millones de pesos.
Además, el esquema de sanciones involucra a Lucy Aydee Mogollón, extesorera de la campaña, y a María Lucy Soto, antigua auditora interna, quienes habrían participado en los mismos hechos.
El documento establece: “En firme la presente decisión, prestará mérito ejecutivo y se deberá consignar el valor correspondiente de las sanciones impuestas, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente resolución”, precisa el artículo octavo del oficio.
Las multas propuestas alcanzan una cifra conjunta de más de 5.000 millones de pesos para Roa, Mogollón y Soto. Paralelo a ello, se contemplan sanciones para el movimiento Colombia Humana, partido político del presidente Gustavo Petro, y para la Unión Patriótica (UP).
La acusación incluye haber permitido la transgresión de los límites de ingresos y gastos, tolerar la financiación prohibida y no cumplir con la diligencia que exige la legislación en estas materias.
Respecto al pago de las sanciones para estas colectividades políticas, el informe determina que el monto será descontado del financiamiento estatal correspondiente al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, y que el descuento se realizará en el próximo desembolso que el CNE destine a Colombia Humana y la UP.
La ponencia aún requiere el respaldo mayoritario del pleno del Consejo Nacional Electoral para entrar en vigor. Hasta entonces, los implicados permanecen a la expectativa, junto con el resto del escenario político nacional, del desenlace que podría marcar un precedente en materia de control y vigilancia del financiamiento electoral en Colombia.
Una de las medidas más relevantes derivadas del proceso es la decisión de remitir copias del expediente tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La resolución establece que, más allá de las sanciones administrativas que pueda imponer el CNE, otras instancias deberán investigar los hallazgos conforme a sus competencias.
“Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las presuntas conductas en las que pudo haber incurrido el ciudadano Ricardo Roa Barragán frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación a los topes o límites de gastos a las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución”, señala la ponencia.
Por su parte, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes recibiría el expediente como parte de las diligencias ordinarias para investigar a jefes de Estado.
Los magistrados precisaron: “Remitir copia en medio magnético de la presente resolución a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con destino al proceso con radiado 5914, para su conocimiento y fines pertinentes de conformidad con la parte motiva de la presente resolución”.
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