Precandidatos a la presidencia expresaron sus preocupaciones frente a crisis de salud que dejará Petro: “Lo más importante es defender el sistema”

El conversatorio virtual ‘Desafíos de la salud en Colombia’, que se llevó a cabo el domingo 24 de agosto de 2025, reunió a precandidatos presidenciales y líderes del sector salud para analizar la crisis de la salud en Colombia. Durante el espacio de discusión, se denunciaron incumplimientos del Gobierno nacional frente a sentencias de la Corte Constitucional, se expusieron cifras que evidencian el deterioro del sistema y se presentaron propuestas para evitar el colapso financiero.

El encuentro, convocado por el partido Nuevo Liberalismo y su director, Juan Manuel Galán, sirvió de escenario para que figuras como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, precandidatas presidenciales del Centro Democrático, junto a los también aspirantes Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, David Luna y Vicky Dávila; al igual que los exmandatarios César Gaviria y Álvaro Uribe; Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi); Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud; y Efraín Cepeda, expresidente del Congreso, expusieran sus diagnósticos ante la crisis en el sector.

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El contexto actual, en el que se ha registrado un aumento de quejas y tutelas, el retroceso en indicadores internacionales y la incertidumbre sobre la reforma al sistema de salud, todo esto mientras se intenta por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, que se apruebe la reforma al sistema de salud en el Senado, fue el telón de fondo de una discusión que puso en el centro la urgencia de soluciones estructurales.

Uno de los puntos más críticos que fueron objeto de análisis en este espacio fue el incumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, en especial, en lo referente a la Unidad de Pago por Capitación (UPC): un mecanismo clave para la financiación del sistema. En ese aspecto, la congresista Valencia anunció la radicación de un incidente de desacato contra el Ejecutivo por no acatar los mandatos judiciales que exigen el aumento de la UPC.

Para la senadora, “lo más importante es defender el sistema”, y para ello resultaría fundamental que las decisiones de la Corte se cumplan. Por su parte, Vesga detalló que la Corte, a través de la sentencia T-760 y autos posteriores, ordenó recalcular la UPC desde 2021 hasta 2024, pero el Gobierno solo ha cumplido parcialmente; por lo que también señaló el desacato en el caso de la devolución de Sanitas EPS y criticó la expedición de un nuevo modelo de salud por decreto.

“Yo tengo ya radicado un desacato y creemos que esto puede ser un avance muy significativo, porque lo que necesitamos es que el sistema llegue vivo”, advirtió Valencia en el foro; mientras que Cepeda, expresidente del Senado, indicó que las fallas en el sistema de salud tienen origen en las irregularidades del Gobierno al asegurar la prestación del servicio a la población. “Están destruyendo la salud de los colombianos”, expresó el congresista.

El deterioro del sistema quedó reflejado en cifras presentadas por Holguín, que lamentó la pérdida de 32 años de avances y experiencia. Así pues, remarcó que Colombia descendió del puesto 31 al 81 en el ranking mundial de sistemas de salud y que las quejas pasaron, de 975.000 en 2021, a más de 1,7 millones el año pasado; en tanto que las tutelas, mecanismo judicial para exigir atención, aumentaron de 92.000 a más de 265.000 en el mismo periodo.

“Perdimos 32 de avance, de experiencia, esfuerzo, de reconocimientos, de inversión en salud. Pero lo peor fue que perdimos la dignidad de los pacientes. La salud se convirtió en una herramienta política de saqueo permanente y creciente de los recursos”, remarcó Holguín.

Además, 23 Entidades Promotoras de Salud (EPS) presentan patrimonio negativo, con un incremento superior al 2.200%. La cobertura, que había alcanzado el 99%, retrocedió al 98,5%, y el gasto de bolsillo de los hogares volvió a crecer, lo que afectaría especialmente a las clases populares. Holguín advirtió sobre el cierre de hospitales y la proliferación de planes voluntarios y medicina prepagada, lo que evidencia un retroceso en el acceso y la equidad.

Con esta realidad, Cabal consideró que el sistema de salud atraviesa una crisis profundizada por la política actual. “El socialismo impuesto en este Gobierno es el reflejo del miedo a la libertad, del miedo a que las personas puedan decidir qué tipo de aseguramiento quieren, qué tipo de servicio quieren”, expresó la senadora, que precisó que la eliminación de las EPS representaría un retroceso en las políticas hasta el momento implementadas por el hoy jefe de Estado.

Frente a este panorama, los participantes propusieron diversas alternativas para la reforma y recuperación del sistema. Valencia planteó la necesidad de reconocer la deuda con EPS, clínicas y hospitales, y propuso la titularización de esa deuda como mecanismo financiero, acompañada de un aumento de un punto en la cotización a salud. A su vez, sugirió modificar la exención de pago de salud para salarios altos, bajando el umbral de diez a tres salarios mínimos.

De esta manera se buscaría proteger los ingresos más bajos, al destacar la importancia de incorporar tecnología, como equipos de diagnóstico conectados por internet y apoyados por inteligencia artificial, para mejorar la atención en zonas apartadas. Además, propuso reformar la UPC para que el pago se ajuste al perfil de enfermedad de cada paciente, incentivando una mejor atención a los más enfermos y reduciendo el gasto en los sanos.

En esa línea, la de la UPC, Oviedo expresó su apoyo. En efecto, el precandidato presidencial planteó la necesidad de ajustar la tasa por paciente, estabilizar el sistema, invertir en procesos de digitalización y abordar los problemas estructurales del sector. Al punto que hizo énfasis en la carencia de personal, la insuficiencia de información y la persistencia de una brecha territorial en el sistema.

Por su lado, Luna expuso una propuesta para modificar el sistema de salud, con el fin de proporcionar a los pacientes una atención más accesible y clara, eliminando los tecnicismos que limitan el acceso a la información y a los servicios. Y señaló la importancia de alcanzar consensos para impulsar un esfuerzo conjunto que facilite la resolución de los problemas y precise las responsabilidades actuales; es decir, soluciones colectivas ante la crisis sanitaria.

“Seguimos en mora de adelantar una gran tutelatón para que el sistema judicial, pero también la ciudadanía, sepa que hay muchos que estamos muy preocupados por lo que está pasando”, puntualizó el exsenador Luna.

Entretanto, Dávila insistió en la urgencia de reactivar el sistema en línea y recuperar la institucionalidad. Propuso realizar una auditoría forense para establecer responsabilidades en la gestión de las EPS y determinar cuáles pueden continuar operando. En su intervención, la comunicadora social y aspirante fue enfática al señalar como responsables de la crisis al presidente Petro y a la exministra de Salud Carolina Corcho, que estuvo durante ocho meses.

“Hoy uno podría decir claramente que el colapso del sistema de salud tiene un nombre propio: Gustavo Petro, Carolina Corcho, Guillermo Alfonso Jaramillo y el ‘chu, chu, chu’ deliberado”, dijo Dávila. Y agregó: "La propuesta es hacer una auditoría forense para saber qué hicieron y saber cuáles EPS pueden seguir adelante. El 7 de agosto de 2026 la deuda puede llegar a más de 50 billones de pesos, dicen los expertos. Vamos a tener que pagar eso entre todos”.

Enrique Peñalosa, que también precandidato presidencial, defendió la participación privada en la prestación de servicios y propuso consolidar entre cuatro y cinco EPS por región para mejorar la eficiencia. Su plan incluye el uso de inteligencia artificial para optimizar procesos y elevar la calidad de la atención, y criticó la postura del Gobierno frente a la participación privada, pues “a Petro le enferma cualquier participación privada para garantizar los servicios”.

Cabal acompañó sus inquietudes sobre el futuro del aseguramiento en salud con la liquidación de las EPS. “¿Qué vamos a hacer para rescatar el aseguramiento si hoy la política pública de Petro de destrucción de las EPS ha dado sus frutos? ¿En qué sentido? En que ya entraron en causal de liquidación. ¿Cómo vamos a hacer para revivirlas? ¿Vamos a pedir un crédito a la banca multilateral?”, refirió la mujer, que apostaría a un fondo con fuentes para cubrir los déficits.

Las críticas a Petro se repitieron a lo largo del conversatorio. Dávila y Peñalosa coincidieron en señalar la gestión de la actual administración como factor determinante en el agravamiento de la crisis, tanto por el incumplimiento de mandatos judiciales como por la falta de una política clara que garantice la sostenibilidad del sistema; a la par de Holguín, que hizo un llamado a recuperar y fortalecer el modelo de aseguramiento mixto, con presencia pública y privada.

En efecto, la congresista indicó la necesidad de garantizar la viabilidad financiera, mejorar la vigilancia y el control, fortalecer la gobernanza, invertir en talento humano e infraestructura, y desarrollar una política farmacéutica y tecnológica integral. Una visión que compartió Vesga, como líder del sector, que advirtió que el incremento de tutelas, que creció un 26% interanual entre 2023 y 2024 y un 16% entre mayo de 2024 y mayo de 2025, es un grave indicador.