Escándalo en la Ungrd: jueza tumbó preacuerdo de Luis Carlos Barrero, involucrado en el megacaso de corrupción; estos son los motivos

En lo que podría considerarse una nueva derrota para la Fiscalía General de la Nación, que esperaba avanzar sobre uno de los expedientes en los que está concentrada la atención del país, una jueza de conocimiento de la República tumbó el lunes 25 de agosto el preacuerdo establecido con Luis Carlos Barreto Gantiva: uno de los principales involucrados en el escándalo de corrupción al ainterior de la la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La togada determinó que el preacuerdo presentado no cumplía con los requisitos necesarios, y dejó en evidencia graves fallas en la sustentación por parte del ente investigador. La determinación se tomó a un día de que se conozca si se aprueba o no el principio de oportunidad de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y que también aguarda por el aval de la justicia en la serie de compromisos que asumió con el ente acusador, tras un revés previo.

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En ese sentido, la administradora de justicia señaló que no existen argumentos suficientes para justificar solo el reintegro de 150 millones de pesos por parte de Barreto Gantiva como parte del acuerdo. Y, del mismo modo, cuestionó la definición sobre el presunto peculado por apropiación y la baja valoración dada al daño patrimonial, pues a su juicio “no es admisible equiparar el verbo apropiarse con el incremento patrimonial producto de esa apropiación”.

Barreto Gantiva, que permanece detenido desde septiembre de 2024, había aceptado su responsabilidad por los delitos peculado por apropiación y soborno en actuación penal, y se había comprometido a colaborar con la Fiscalía como testigo en otros procesos relacionados con este caso de corrupción; entre ellos los que involucran al exdirector de Función Pública, César Manrique Soacha, prófugo de la justicia, luego de que se dictara orden de captura en su contra.

La jueza en mención indicó que Barreto Gantiva habría cometido dos peculados por apropiación, por lo que el monto a devolver debería ser superior al planteado inicialmente. Lo anterior, debido a que se detalló la existencia de una repartición de sobornos que involucró a Manrique Soacha y, en consecuencia, se confirmó que Barreto también recibió una comisión en este esquema; por lo que no solo habría aceptado los $150 millones denotados inicialmente.

Por su parte, según la Fiscalía, Barreto “planeó, coordinó y agilizó el trámite” de un contrato en la Ungrd que presentó sobrecostos por 12.065 millones de pesos. En este proceso, el exfuncionario habría participado junto a Manrique Soacha en la selección del contratista y acordó con el entonces director Olmedo López el pago de una coima; es por esto que, como parte de este esquema, Barreto recibió la mencionada cifra a cambio de sus gestiones.

A esto se suma que tanto él como el abogado Édgar Riveros fueron los que ofrecieron el soborno a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Ungrd para que no declararan contra él y el prófugo Manrique. En efecto, la intención de Barreto y Riveros, a juzgar por la evidencia presentada por el citado medio, era clara: bloquear el avance de la investigación judicial contra altos funcionarios y contratistas implicados en irregularidades en la Ungrd.

Barreto dijo durante la reunión, revelada por Noticias Caracol, que, de lograr silenciar a los testigos e impedir el avance del proceso, planeaba “victimizarse” y buscar reincorporarse al Gobierno durante los años restantes. “Entonces yo le doy la garantía, sí, usted sabe que yo en lo que he estado con sumercé he sido, lo que yo digo lo cumplo. Sí, yo no soy un man que mi palabra la incumpla y le doy la garantía con el doctor Édgar de que todo se hace muy bien”, comentó.

La propuesta consistía en entregar un porcentaje de los contratos vinculados a plantas y pozos, con el fin de que los testigos ajustaran sus declaraciones ante la justicia. Pinilla, por instrucción de la Fiscalía, solicitó información adicional, y Riveros detalló las sumas y porcentajes involucrados, lo que permitió confirmar la participación directa en el ofrecimiento del soborno. El monto acordado correspondía al 5% de los contratos, equivalente a $3.000 millones.