La explosión de un carro bomba en la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali el 21 de agosto de 2025, que dejó siete muertos y más de setenta heridos, ha puesto en evidencia la escalada de violencia en el suroccidente colombiano.
Según un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), citado por Colprensa, este atentado no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática de ataques ejecutados por el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, responsable de 245 acciones violentas en la región desde 2023.
La FIP explicó a Colprensa que la ofensiva del EMC en el norte del Cauca, el sur del Valle y Cali ha sido continua, y que la capital del Valle ya suma ocho atentados en lo que va de 2025.
Irina Cuesta, investigadora de la fundación, señaló que “el ataque (…) se le atribuye al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que ha afectado de manera continua a la región del suroccidente”.
La organización ha documentado que estos grupos armados emplean explosivos y dirigen sus acciones tanto contra la Fuerza Pública como contra la población civil, consolidando un patrón de violencia que se intensifica en fechas simbólicas para las disidencias.
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Violencia sistemática y fechas simbólicas en Cali
El análisis de la FIP, recogido por Colprensa, detalla que los atentados suelen coincidir con aniversarios de antiguos cabecillas de las Farc.
El reciente carro bomba en Cali ocurrió en la fecha que conmemora la muerte de Arley Medina Prado, alias ‘Jaimito’, mientras que en junio se registraron 24 ataques en una sola semana, en torno al aniversario de Johani Noscue, alias ‘Mayimbú’, exjefe del mismo frente.
Esta estrategia de aprovechar fechas conmemorativas refuerza la intención de los grupos armados de enviar mensajes de poder y desafiar la política de seguridad del Estado.
El presidente Gustavo Petro, en declaraciones recogidas por Colprensa, sugirió que el atentado podría estar relacionado con la reciente activación de la Operación Perseo II, que golpeó al Frente Carlos Patiño, estructura aliada del Jaime Martínez.
Ambos frentes participaron en negociaciones de paz con el Gobierno hasta mediados de 2024, pero la suspensión del cese al fuego bilateral el 17 de marzo de ese año, tras un ataque en Toribío (Cauca), marcó el retorno de las acciones violentas y el retiro de estas estructuras de la mesa de diálogo.
Desde entonces, el EMC ha intensificado su ofensiva, buscando demostrar su capacidad de desestabilización y obstaculizar la política de “paz total” impulsada por el Gobierno.
Cali, como principal centro urbano del Valle del Cauca, se ha convertido en un objetivo estratégico para estos grupos, que buscan impactar la seguridad regional y mantener su influencia en economías ilegales.
Aunque durante 2025 la Alcaldía de Cali y la Gobernación reforzaron el pie de fuerza, la FIP advirtió que la ciudad enfrenta actualmente el mayor riesgo de violencia entre las capitales del país.
Alerta internacional y reacciones tras el atentado
La magnitud del atentado y la persistencia de la violencia motivaron una respuesta internacional. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una alerta de seguridad tras el ataque, recomendando a sus ciudadanos reconsiderar los viajes al Valle del Cauca debido a la prevalencia de delitos violentos como robos y asesinatos.
El comunicado advierte que “grupos terroristas están activos en algunas zonas” y que, por los riesgos actuales, algunos empleados del Gobierno estadounidense tienen prohibido viajar a la región. Además, la embajada difundió recomendaciones de seguridad y canales de contacto para ciudadanos estadounidenses en Colombia.
El embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, expresó su solidaridad con las víctimas y condenó los recientes ataques en Amalfi, Cali y Florencia. “Reiteramos nuestra solidaridad con el digno pueblo colombiano ante los recientes ataques terroristas. Condenamos enérgicamente los actos de violencia en Amalfi, Cali y Florencia, y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la paz en Colombia”, afirmó el diplomático. McNamara también destacó el apoyo de su país a las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia en su labor por garantizar la seguridad nacional.
El contexto de violencia no se limita al suroccidente. El mismo 21 de agosto, en el noroeste del país, otra facción rebelde al mando de alias Calarcá atacó a un escuadrón policial que erradicaba cultivos ilícitos, derribó un helicóptero y dejó 12 policías muertos. Además, el 11 de agosto, el candidato presidencial Miguel Uribe, favorito de la derecha, falleció tras un atentado a disparos, lo que evidencia el recrudecimiento de la violencia política a un año de las elecciones.
Frente a este panorama, la Fundación Ideas para la Paz subraya la urgencia de adoptar respuestas integrales y de profundizar en el análisis de las redes criminales que operan en la región, con el objetivo de diseñar estrategias más eficaces para enfrentar la compleja situación de seguridad que atraviesa Colombia.
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