Los casos de presunta corrupción por los que la fiscalía imputó con 43 cargos al aspirante presidencial Daniel Quintero

43 imputaciones por presunta corrupción en Medellín pesan sobre Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial, junto a 36 exfuncionarios y contratistas de su administración. Menos de dos años después de dejar el cargo, la Fiscalía formalizó cargos que abarcan desde direccionamiento de contratos hasta peculado, en una serie de casos que han sacudido el panorama político de la ciudad y han puesto en el centro del debate la gestión de recursos públicos durante su mandato.

El avance de las investigaciones judiciales ha coincidido con el lanzamiento de la precandidatura presidencial de Quintero por el Pacto Histórico. Las imputaciones, que suman 43 debido a que algunos implicados enfrentan más de un cargo, involucran a secretarios de despacho, directores de programas y contratistas, y han generado un clima de tensión política en Medellín y a nivel nacional.

La Fiscalía sostiene que los delitos investigados incluyen peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato.

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Frente a la oleada de señalamientos, Quintero ha optado por una estrategia de confrontación pública. En lugar de ofrecer explicaciones detalladas sobre los casos, ha cuestionado la legitimidad de la justicia, argumentando en redes sociales que existe una persecución política en su contra. Tras la designación de Luz Adriana Camargo como fiscal general en marzo de 2024, Quintero expresó inicialmente confianza en la nueva titular del ente acusador, pero posteriormente, ante la proliferación de imputaciones, cambió su discurso y prometió que, de llegar a la presidencia en 2026, impulsará una reforma profunda de la justicia y otras instituciones democráticas.

Sectores de izquierda, aliados naturales del Pacto Histórico, han solicitado explicaciones sobre los señalamientos judiciales. Como respuesta, el exalcalde designó como jefe de campaña a Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno, que figura como indiciado en una investigación por el presunto uso irregular de vehículos oficiales y cuyo patrimonio ha sido objeto de cuestionamientos, aunque no ha sido formalmente imputado.

Entre los casos más relevantes que sustentan las imputaciones destaca el escándalo de Buen Comienzo, un programa de atención a la primera infancia. La Fiscalía señala que la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, y la exdirectora del programa, Lina Gil, habrían direccionado ilegalmente contratos por cerca de $22.000 millones a la Corporación Colombia Avanza, lo que habría generado un detrimento patrimonial de $2.333 millones. Por estos hechos, la Procuraduría sancionó a Agudelo con una inhabilidad de ocho años para contratar con el Estado.

El caso Aguas Vivas, el único en el que Quintero figura como principal imputado, involucra una operación inmobiliaria sobre un lote de 147.000 metros cuadrados ubicado entre El Poblado y Las Palmas. Según la Fiscalía, se habría intentado beneficiar a privados con más de $42.000 millones mediante maniobras administrativas que buscaban transformar una cesión gratuita en un contrato de compraventa. Los delitos atribuidos en este proceso incluyen peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.

Otro proceso relevante es el del Parque de las Aguas, donde se investigan contratos interadministrativos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Metroparques, que derivaron en adjudicaciones a empresas privadas por más de $8.000 millones. Las autoridades han identificado sobrecostos cercanos a $1.500 millones en insumos y han iniciado la extinción de dominio sobre 23 bienes vinculados a los implicados, cuyo valor supera los $3.000 millones.

El caso del Inder, instituto de deportes y recreación, gira en torno a contratos interadministrativos con Metroparques y la empresa Cyan Eventos y Logística, por más de $21.800 millones. La Fiscalía sostiene que se habrían perdido más de $1.600 millones, equivalentes al 8% del valor contratado, debido a la extensión irregular de los plazos y la ausencia de licitación pública, ya que todos los contratos se adjudicaron mediante invitaciones privadas.

En el escándalo de las zonas verdes, la Alcaldía transfirió en 2020 el mantenimiento de los jardines de la ciudad de manos del Jardín Botánico a Metroparques, que a su vez subcontrató a la empresa reforestadora El Líbano. La investigación apunta a un presunto direccionamiento de contratos hacia empresas de una misma familia, lo que ha derivado en sanciones administrativas para varios exfuncionarios.

Además de Quintero, la lista de implicados incluye a figuras como Alexandra Agudelo, Lina Gil, Natalia Urrego Arias y Jorge Enrique Liévano Ospina, que han enfrentado procesos disciplinarios y sanciones por su participación en los hechos investigados. La Fiscalía y la Procuraduría han encontrado mérito para avanzar en las imputaciones y las inhabilitaciones, lo que ha incrementado la presión sobre el entorno político del exalcalde.

En el actual contexto electoral, la precandidatura de Quintero se ve marcada por el avance de estos procesos judiciales y por la exigencia de explicaciones por parte de diversos sectores. Mientras tanto, la justicia continúa su curso y las consecuencias administrativas ya se hacen sentir: dos exfuncionarios clave han recibido inhabilitaciones de nueve años por su papel en los contratos de mantenimiento de jardines en Medellín.