La Fiscalía General de la Nación formalizó cargos contra dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), tras recibir la denuncia de una interna de la cárcel El Coped Pedregal, localizada en Medellín.
De acuerdo con la entidad, la investigación se inició luego de que la víctima reportara agresiones sexuales cometidas supuestamente por funcionarios adscritos a la UTE (Unidad de Tratamiento Especial) de ese centro penitenciario.
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Según la denuncia presentada a la Fiscalía, durante la madrugada del 29 de agosto de 2024, un empleado del Inpec ingresó a la celda de la mujer, la sometió con intimidaciones y agresiones físicas y verbales, y posteriormente la violentó sexualmente bajo amenazas.
La víctima sostuvo que ese tipo de ataque se repitió durante la madrugada del 5 de septiembre de 2024 con la intervención de otro guardia, y que luego sufrió presiones para que permaneciera en silencio respecto a lo sucedido.
La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, dispuso acciones de policía judicial que permitieron “identificar y obtener elementos materiales probatorios contra los posibles agresores”.
Los indiciados son Christian Camilo Alvarado Torres y Diego Stiven Castaño Sánchez, que figuran como dragoneantes del Inpec.
Según las pruebas de ADN evidenciaron que Castaño Sánchez dejó embarazada a la víctima a consecuencia del ataque sexual.
Las capturas se realizaron gracias a la coordinación entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, que localizaron a los implicados en La Dorada (Caldas) y Puerto Triunfo (Antioquia).
En la audiencia respectiva, la Fiscalía imputó a ambos los delitos de acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión. Los presuntos responsables no aceptaron los cargos.
Por orden del juez de control de garantías, Diego Stiven Castaño Sánchez deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Christian Camilo Alvarado Torres permanecerá vinculado a la investigación y sujeto a los procesos judiciales que continúan activos.
La Fiscalía recalcó su compromiso para esclarecer hechos de violencia sexual intramuros, proteger a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia, subrayando que este tipo de conductas serán investigadas de forma prioritaria.
El caso sigue bajo seguimiento de la Fiscalía General de la Nación, que recordó la importancia de denunciar cualquier vulneración de derechos dentro del sistema penitenciario.
Pronunciamiento de la fiscal: “Le dieron una ingesta que le produjo una amenaza de aborto”
Según la fiscal del caso, la víctima tras recibir amenazas se dirigió hacia el funcionario de policía judicial afirmándole que recibió amenazas por parte de unos dragoneantes al télefono comunitario del pabellón de gestantes.
“Ella apenas acude al funcionario de policía judicial de la misma cárcel de Pedregal, con el fin de manifestarle que ha sido objeto de algunas amenazas que le están haciendo unos dragoneantes al teléfono comunitario que tiene la cárcel en el pabellón de gestantes, donde se encontraba ella en esos momentos”, señaló.
La mujer le indicó al funcionario policial que ha sido objeto de insultos y presiones para que no dijera nada de lo ocurrido.
“Ella indica como precisamente la insulta y le hacen algunas presiones para que ella no denuncie, ni para que ella ponga en conocimiento de los hechos a la Fiscalía. Ella reconoce algunas voces que escucha al otro lado de la línea”, dijo la fiscal.
En otro pronunciamiento de la fiscal, afirmó que presuntamente cuando se dieron cuenta que la reclusa se sentía mal procedieron hacerle una prueba de embarazo la cual salió positiva.
“Como puede advertir también de las declaraciones ella ha manifestado que como no creía en el personal administrativo y de las directivas del centro penitenciario, puesto que le tomaron una prueba de embarazo de manera arbitraria precisamente cuando estaba empezando a sentirse mal, con síntomas de embarazo”, señaló.
En dicha prueba, al parecer le dieron a ingerir algo que le produjo una alerta de aborto: “Le tomaron una prueba de embarazo donde efectivamente le sale positiva y ella indica que probablemente le dieron una ingesta que le produjo una amenaza de aborto”.
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