Condena a más de 23 años de prisión para hombre que participó en el crimen de una funcionaria del CTI en Riohacha

La justicia colombiana dictó una condena ejemplar contra Juan David Rodríguez Ochoa, el hombre que fue hallado responsable de participar en el crimen de la investigadora del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Ana Isabel Mejía Córdoba, ocurrido el 14 de noviembre de 2024 en Riohacha, La Guajira.

El hombre aceptó voluntariamente los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, un juez penal de conocimiento lo sentenció a 23 años y 5 meses de prisión. Además de la pena carcelaria, Rodríguez Ochoa fue inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años, como parte de la sanción derivada de su responsabilidad en este homicidio que conmocionó al país.

De acuerdo con los hallazgos de la investigación, Rodríguez Ochoa cumplió un rol clave en la ejecución del ataque porque fue el encargado de conducir la motocicleta utilizada para transportar al sicario que disparó contra la funcionaria judicial.

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La Fiscalía determinó que el hoy condenado recogió al atacante, lo trasladó hasta el barrio Entre Ríos de Riohacha, lugar donde la víctima se encontraba conversando con un familiar en la terraza de su residencia, y esperó que se ejecutara la acción criminal para facilitar su huida tras los disparos.

De esta manera, se configuró su participación como coautor material en los delitos de homicidio y de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos agravados por la condición de servidora pública de la víctima y las circunstancias en que se cometió el crimen.

Rodríguez Ochoa fue capturado en julio en la misma ciudad de Riohacha por personal del CTI y en medio de las audiencias concentradas, reconoció su responsabilidad y aceptó los cargos.

Esa aceptación de culpabilidad permitió que el proceso avanzara de manera más rápida hacia la condena, aunque no evitó la severidad de la sentencia, teniendo en cuenta la gravedad del delito y la condición de la víctima.

Desde el momento de su captura, el procesado permaneció bajo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y allí seguirá cumpliendo la condena impuesta por la justicia.

El asesinato de Ana Isabel Mejía Córdoba generó indignación tanto en La Guajira como en el ámbito nacional, por tratarse de una funcionaria del CTI dedicada a la investigación de delitos en la región. Su muerte fue interpretada como un ataque directo contra la institucionalidad y contra quienes trabajan en la lucha contra la criminalidad.

La condena a Rodríguez Ochoa se convierte así en un paso relevante en el esclarecimiento del crimen, aunque las autoridades mantienen las investigaciones para dar con el paradero y la identificación de otros posibles responsables intelectuales y materiales que habrían participado en la planeación y ejecución del homicidio.

Con la sentencia dictada, la Fiscalía destacó la importancia de avanzar en procesos rápidos y contundentes frente a delitos que afectan de manera directa a servidores públicos encargados de garantizar la legalidad. La condena, que supera las dos décadas de prisión, refleja la gravedad con la que la justicia colombiana sanciona la violencia contra los investigadores judiciales.

Rodríguez Ochoa, que aceptó su papel como conductor de la motocicleta en el crimen, pasará más de 23 años tras las rejas, lo que constituye un castigo proporcional al daño causado no solo a la familia de la víctima, sino también a la institucionalidad del país.

La Fiscalía reiteró que continuará trabajando para desmantelar las estructuras criminales que amenazan a la ciudadanía y en cuanto al caso para llevar ante la justicia a todos los responsables de este asesinato.