Fedesmeraldas rechazó señalamientos que vinculan al gremio con el asesinato de Miguel Uribe Turbay

La Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia (Fedesmeraldas) emitió un pronunciamiento en el que rechazó de manera tajante las versiones que circulan en algunos medios y redes sociales, donde se intenta relacionar al sector esmeraldero con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

“Rechazamos de manera categórica las versiones que han circulado en algunos medios de comunicación y plataformas digitales, en las que se intenta vincular a miembros del sector esmeraldero con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, político ejemplar y extraordinario ser humano, amigo del sector productivo del país”, señaló el gremio.

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De acuerdo con la federación, estos señalamientos se basan en un comunicado apócrifo, sin autor verificable ni respaldo de fuentes legítimas, al cual “de manera ligera, se le ha otorgado credibilidad”.

El gremio hizo un llamado directo a la prensa: “En ejercicio de la responsabilidad periodística se debe contrastar y verificar la información antes de difundirla, pues se corre el riesgo de afectar el buen nombre y la reputación de un sector estratégico para el país”.

Fedesmeraldas recalcó que la industria de las esmeraldas en Colombia es reconocida a nivel internacional como un ejemplo de formalización, transparencia y resiliencia, integrada por trabajadores, artesanos, joyeros, exportadores y comercializadores que “con honestidad y laboriosidad generan ingresos para sus familias y para la Nación”.

Para la federación, vincular sin pruebas a quienes hacen parte de esta cadena productiva constituye un acto de “estigmatización injustificada”, que además pone en riesgo la vida y la integridad de quienes han consolidado la industria como un orgullo para Colombia en el mundo.

“Reiteramos nuestro compromiso con la verdad, la legalidad y la construcción de un país en paz y demandamos que se detengan los señalamientos infundados que desinforman y generan un daño irreparable al sector, a quienes lo integran y a sus familias”, agregó el pronunciamiento.

La federación también instó a las autoridades competentes a avanzar con rigor en las investigaciones del magnicidio, convencida de que podrán establecer el origen de las afirmaciones falsas y dar con los verdaderos responsables materiales e intelectuales del crimen.

Finalmente, Fedesmeraldas advirtió que acudirá a todas las herramientas legales necesarias para proteger el buen nombre del gremio y subrayó que no escatimará esfuerzos en seguir posicionando a la esmeralda colombiana como uno de los sectores estratégicos más importantes del país.

La investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay avanza en varios frentes, mientras la Fiscalía mantiene la reserva sobre los móviles y los autores intelectuales. Aunque el ente investigador no descarta ninguna hipótesis, el presidente Gustavo Petro ha señalado en diferentes momentos a las disidencias de las Farc —la Segunda Marquetalia y el grupo de “Iván Mordisco”—, a la llamada “junta del narcotráfico” en Dubái e incluso al ELN. Este último grupo rechazó tajantemente la sindicación, lo que obligó al mandatario a matizar sus palabras y asegurar que nunca los responsabilizó directamente. Sin embargo, en un acto militar el mismo día del asesinato sugirió la posibilidad de que esa guerrilla estuviera detrás del crimen, aunque reconoció no tener pruebas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, es más cauto y solo afirmó que los indicios apuntan a organizaciones ligadas al narcotráfico. La Fiscalía, por su parte, ya ha capturado a seis personas, entre ellas el menor que disparó contra Uribe Turbay en Bogotá y confesó que le ofrecieron 20 millones de pesos por el atentado. Entre los detenidos también figura Katherine Martínez, señalada de coordinar la logística del ataque, y Elder José Arteaga, alias El Costeño, identificado como pieza clave en la red que habría ejecutado la operación. La investigación incluye además la posible participación por acción u omisión de miembros de la fuerza pública.

En paralelo, agencias de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos participan en el esclarecimiento del crimen, considerado el primer asesinato de un candidato presidencial en Colombia desde 1990. El caso ya fue calificado como magnicidio, lo que implica penas de hasta 50 años de cárcel. La principal línea de investigación sigue apuntando a la Segunda Marquetalia, aunque aún no se ha identificado con certeza a los determinadores del atentado que conmocionó a la política nacional.