Fuerte advertencia del presidente de la Corte Constitucional por amenazas a la democracia: “Autócratas se toman las instituciones”

La Corte Constitucional adelantó en Bogotá la segunda jornada del XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, un espacio académico que reúne a juristas, académicos y magistrados para debatir sobre los desafíos actuales que enfrenta la democracia.

En este escenario, el presidente de la Corte, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, lanzó una advertencia sobre los peligros que amenazan el orden constitucional, desde la captura de instituciones por parte de regímenes autoritarios hasta fenómenos globales como el cambio climático y las crisis migratorias.

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Aunque la intervención de Ibáñez se registró en un escenario académico, sus palabras se producen en un contexto en el que la relación entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y las altas cortes no ha sido la más amena. A lo largo de los dos primeros años de mandato, las tensiones se han hecho evidentes en debates sobre decisiones judiciales, posturas frente al control constitucional y críticas públicas del jefe de Estado hacia magistrados y fallos. Este telón de fondo da mayor relevancia a los llamados a proteger la independencia de los tribunales y la fortaleza institucional.

El magistrado Ibáñez señaló que los riesgos que enfrenta la democracia no aparecen de manera repentina, sino que avanzan de forma progresiva hasta debilitar el orden institucional. “Frente a amenazas contemporáneas a la democracia, es fundamental recordar el papel del orden constitucional como dique protector. Debemos recordar como lo señalan ya varios expertos en el mundo, que las democracias no mueren de golpe; se erosionan gradualmente cuando aceptan atajos políticos como regla o admiten situaciones de hecho que erosionan el orden jurídico, como el populismo autoritario que busca concentrar el poder; la polarización extrema que rompe el tejido social; la aceptación de la presencia de estructuras criminales asociadas al narcotráfico, la minería ilegal, la trata de seres humanos, la extorsión y otras formas delictuales que pretenden imponerse sobre la ley; la corrupción política y la corrupción pública; la toma de las instituciones por parte de los autócratas que utilizan la democracia para llegar al poder y luego la destruyen por dentro para generar caos y luego imponer su dictadura”, expresó.

De acuerdo con su exposición, los autócratas se aprovechan de la democracia para alcanzar el poder, pero luego socavan las instituciones desde adentro con el fin de imponer regímenes autoritarios. “El ataque, debilitamiento y captura de los tribunales de justicia que tienen a su cargo el ejercicio del control judicial sobre la actividad pública; la toma de los servicios de inteligencia, contrainteligencia y de los órganos de inspección, vigilancia y control para ejercer presión sobre los particulares; la intimidación y censura a la prensa o el soborno para someterla al chantaje; la toma de los medios de comunicación y el ejercicio abusivo de las redes sociales a través de bodegas que difunden discursos de odio, discriminación y repudio hacia la oposición u otros sectores de la sociedad; la generación del caos en la prestación de los servicios públicos o en la provisión de bienes”, enumeró el presidente de la Corte.

El magistrado insistió en que, ante estos riesgos, la Constitución colombiana establece principios “innegociables” que deben preservarse: “la distinción funcional de los órganos que integran el poder público, el pluralismo político, la libertad de expresión y de prensa, el respeto a las minorías y la alternancia en el poder, entre otros”.

Además de los riesgos internos, Ibáñez advirtió que la democracia se ve enfrentada a una serie de fenómenos globales que superan la capacidad de los Estados para responder de manera aislada.

Durante la apertura de la agenda académica del jueves 21 de agosto, indicó: “En efecto, en lo que va corrido del nuevo milenio del cual forma parte el S. XXI, nos enfrentamos a un nuevo escenario de amenazas que ahora ponen en riesgo la vida y la dignidad de todas las personas. El cambio climático, la deforestación, la degradación acelerada de los ecosistemas, los desastres de la naturaleza, el riesgo de guerras nucleares, los conflictos derivados de las desigualdades, los desplazamientos forzados internos, las crisis migratorias y ahora los desafíos de la era digital, entre otros, constituyen una gama de acontecimientos que no tienen fronteras y exigen asumirlos con respuestas regionales, hemisféricas o universales”.

En ese sentido, planteó la posibilidad de avanzar hacia un constitucionalismo global, como alternativa para compensar los déficits nacionales en materia democrática y de protección de derechos. “Por ello, vamos a dialogar aquí en Bogotá, Colombia, para verificar si podemos y debemos avanzar hacia un constitucionalismo global que permita compensar los déficits constitucionales a nivel nacional, causados en gran medida por la globalización, mediante la creación de elementos constitucionales en el orden internacional que estén en la capacidad de desafiar la idea del derecho internacional como un escenario vacío de juridicidad”, manifestó.

El magistrado resaltó que este enfoque busca promover una visión del derecho internacional centrada en la dignidad de los seres humanos y no únicamente en la soberanía de los Estados. Consideró que esta discusión resulta clave para revisar los estándares locales de protección de derechos fundamentales.