
Los 32 gobernadores de Colombia emitieron un pronunciamiento conjunto en el que alertaron sobre lo que consideran una afectación directa a la autonomía de las regiones por parte de recientes decisiones del Gobierno Nacional.
En un comunicado respaldado por todos los mandatarios y en un video difundido en medios, insistieron en que las medidas adoptadas desde Bogotá comprometen la inversión regional, los recursos disponibles y la gobernanza en los territorios.

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“Los gobernadores de Colombia, en una sola voz, expresamos nuestro profundo inconformismo frente a decisiones y acciones que viene tomando el Gobierno Nacional, las cuales vulneran de manera abierta y reiterada la autonomía territorial. No pueden seguir gobernando y legislando a través de actos administrativos que desconocen la ley y los planes departamentales de desarrollo y que, con cada nuevo decreto y resolución, desvían los escasos recursos de las gobernaciones, frenan la inversión regional, limitan la gobernanza y cercenan la autonomía”, señalaron en el documento.
Durante la intervención en video, algunos gobernadores expusieron su posición frente al tema. El mandatario de Córdoba, Erasmo Zuleta, manifestó: “Los gobernadores queremos manifestar nuestro inconformismo que van en contra de la autonomía de los territorios”. Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, advirtió: “Con decisiones del gobierno se están asfixiando a las regiones”.

A estas voces se sumó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien expresó: “Estos decretos en contra del manejo de salud y de los recursos de las entidades territoriales alteran el equilibrio económico para que puedan tener resultados”.
En su declaración, los mandatarios regionales enlistaron varias de sus preocupaciones. Entre ellas, se refirieron a la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud, cuyo artículo 21 consideran que afecta directamente la estabilidad laboral del personal de salud pública.

Según el comunicado, “la suspensión inmediata del Artículo 21 de la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud, que amenaza la estabilidad laboral de profesionales de la salud pública y va en contravía de la formalización laboral del talento humano del sector. La aplicación de esta normativa impide financiar con recursos del SGP, cargos de planta de personal en las secretarías de Salud departamentales. Esto envía un mensaje errado y contradictorio de cara a la reciente reforma laboral aprobada, que busca formalizar la vinculación, mejorar las condiciones de calidad del empleo público y dignificar a los trabajadores del sector salud y pone en riesgo la atención, promoción y prevención en salud”.
Los gobernadores también hicieron referencia a la situación pensional de las regiones, pidiendo acciones inmediatas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. “Exhortamos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la aplicación inmediata de la Ley 2468 de 2025 que reforma el FONPET. Una vez sancionadas y promulgadas las leyes se deben acatar. Dicha Ley busca que haya eficacia y eficiencia en la gestión y administración de los recursos con los que se financia el pasivo pensional, garantizando con transparencia y publicidad, que las regiones puedan cubrir este rubro para luego disponer de sus propios recursos”, afirmaron.
En otro punto, los mandatarios se refirieron a los nombramientos de funcionarios en entidades nacionales con presencia en los departamentos, como el SENA, el ICBF, el ICA o el Invías. En su pronunciamiento, insistieron en que “las regiones necesitan contar con funcionarios en propiedad. Exigimos el cumplimiento de la Constitución Política en lo que respecta a los nombramientos de los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional que operan en los departamentos, esto es: SENA, ICBF, INVÍAS, ICA”.
Además de sus preocupaciones administrativas y financieras, los gobernadores hicieron énfasis en la necesidad de garantizar su seguridad personal y la de las comunidades que representan. En el mismo mensaje, solicitaron que se brinden garantías para la realización de las próximas elecciones, al considerar que las condiciones de orden público en varias zonas requieren atención prioritaria.
Este pronunciamiento se suma a otros reclamos que en meses recientes los mandatarios regionales han hecho sobre la relación entre el Ejecutivo y las gobernaciones. En esta ocasión, sin embargo, lo hicieron de manera articulada y con un mensaje en el que advirtieron que las decisiones adoptadas desde el nivel central generan consecuencias directas en la inversión, el empleo y los programas sociales en los departamentos.
El comunicado y el video difundido por los gobernadores se conocen en un contexto en el que distintos sectores políticos han señalado la necesidad de revisar los alcances de los actos administrativos del Gobierno Nacional sobre la autonomía de las entidades territoriales.
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