La brujería podría ser reconocida por el Estado colombiano en nuevo proyecto de ley, aseguran grupos evangélicos: “Los ritos que hacen entrarían en categoría de libertad religiosa”

Un debate creciente se ha desatado en el país tras la radicación de dos proyectos de ley en el Congreso por parte del senador Alberto Benavides, del Pacto Histórico.

Se trata de las iniciativas 057 y 058, que buscan, respectivamente, establecer un régimen de inspección y vigilancia sobre las entidades religiosas, y garantizar el reconocimiento de las prácticas espirituales ancestrales como parte de la libertad de culto.

En el Urabá antioqueño, distintos sectores religiosos han manifestado una oposición firme a estas propuestas.

El Comité Intersectorial de Libertad Religiosa del Distrito de Turbo envió una carta, fechada el 8 de agosto, a siete congresistas del Pacto Histórico solicitando el retiro de ambos proyectos. Según informó El Colombiano, el senador Benavides confirmó que las iniciativas continúan en trámite.

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El proyecto 058 ha generado especial controversia. Este busca modificar el artículo 5 de la Ley 133 de 1994, que excluye de la categoría de religión actividades relacionadas con el satanismo, la brujería, las prácticas mágicas o supersticiosas y los fenómenos parapsicológicos.

La propuesta pretende eliminar estas restricciones para evitar cualquier tipo de discriminación o persecución hacia expresiones espirituales diversas, siempre que se ajusten a la Constitución y a la ley.

Sin embargo, líderes religiosos de Turbo consideran que una modificación de este tipo abriría la puerta a legitimar prácticas que, en su opinión, no deben equipararse con la religión.

El pastor Faber Róvira Rivas expresó que la preocupación radica en que actividades como la hechicería o la santería puedan obtener reconocimiento legal, lo que implicaría que ritos asociados a causar daño o a supersticiones pasen a ser amparados por el derecho fundamental de libertad religiosa.

“Esto daría pie a que se dé reconocimiento legal a alguien que practique brujería, a que los ritos que hacen entrarían en categoría de libertad religiosa. Inclusive, hay personas que consultan eso para hacerle daño a otras personas, para que al otro le vaya mal, para que el otro se muera. Estas prácticas están en nuestro entorno, en medio de nuestras comunidades, pero como no son reconocidas por el Estado, están de manera clandestina”, le dijo a El Colombiano.

Laureano Saavedra, de la Mesa Departamental de Libertad Religiosa de Antioquia, señaló que la ley actual establece límites necesarios para proteger la salud y el bienestar de la población, y advirtió que modificarla representaría un retroceso, ya que pondría en la misma categoría prácticas religiosas y expresiones consideradas profanas por muchos sectores.

Por el contrario, desde la visión de los proponentes, el objetivo es garantizar que pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, entre otras, puedan ejercer sin restricciones sus cosmovisiones espirituales.

En entrevista con Blu Radio, el senador Benavides recordó que el artículo 19 de la Constitución ya reconoce estas expresiones como parte de los derechos colectivos.

El segundo proyecto, identificado como 057, busca implementar mecanismos de inspección y control a cargo del Ministerio del Interior sobre las entidades religiosas.

La iniciativa contempla acciones preventivas y sancionatorias, entre ellas la revisión de registros contables, la supervisión de beneficios tributarios y la posibilidad de suspender o cancelar personerías jurídicas en casos graves.

En Turbo, así como en otros puntos del país, la propuesta ha despertado resistencia. Representantes de distintas iglesias sostienen que se trata de una intromisión indebida en la autonomía y en el funcionamiento de las comunidades de fe. Para líderes como Róvira Rivas, el énfasis tributario del proyecto desconoce que gran parte de los recursos de las iglesias se destinan a programas sociales, como atención a población migrante, comedores comunitarios, apoyo a familias vulnerables o actividades con jóvenes en situación de riesgo.

Tras las reacciones de diversos credos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo una reunión con más de 30 líderes religiosos y aseguró que el Gobierno no respalda estas iniciativas legislativas. El funcionario subrayó que la fe constituye un derecho fundamental y no una concesión del Estado, por lo que no deben imponerse cargas adicionales ni restricciones desproporcionadas al ejercicio de los cultos.

Días después de ese pronunciamiento, los líderes religiosos de Turbo insistieron en su petición de que el Congreso desestime los cambios a la Ley de Libertad Religiosa y retire el proyecto que busca regular a las iglesias.

Con el debate aún abierto, los proyectos siguen en estudio en el Legislativo, mientras se mantienen posiciones encontradas entre quienes defienden el reconocimiento de las prácticas ancestrales y quienes advierten riesgos para el marco jurídico de la libertad religiosa en Colombia.