Petro niega protección a exdirector del Dapre, Carlos Ramón González y exige sanción para casos de corrupción: “Yo no protejo amigotes que se roban la plata”

El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, rechazó las acusaciones sobre una supuesta protección a exfuncionarios señalados por presuntos hechos de corrupción, en medio de la controversia que involucra a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).

Durante el Consejo de Ministros realizado la noche del viernes 15 de agosto en la Casa de Nariño, Petro aclaró la postura de su gobierno frente al caso y abordó temas relacionados con la gestión en pobreza.

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“La prensa quiere hacernos ver, es como si estuviéramos protegiendo a un amigote que se robó una plata. Yo no protejo amigotes que se roban la plata, siempre he pedido que vayan a la cárcel. Y le pido a mis amigos que ni se les ocurra, porque no van a tener amigo para defenderse”, afirmó el mandatario en referencia directa a Carlos Ramón González, que∫ permanece en Nicaragua como prófugo de la justicia colombiana.

El presidente también se refirió al papel del exembajador en Managua, León Fredy Muñoz, aclarando que “trabajó hasta una fecha en donde Carlos Ramón no era llamado por la justicia. Hasta el 21 de enero tuvimos embajador en Nicaragua”. Con esto, intentó desmontar versiones que apuntaban a la supuesta complicidad de funcionarios del servicio exterior colombiano en el caso.

En relación con las solicitudes diplomáticas, el jefe de Estado enfatizó que “no es cierto que el Gobierno haya pedido ese documento”, y precisó que solicitó recoger la versión del propio González en Nicaragua, aunque subrayó que ese país “no es amistoso con Colombia”.

Durante el consejo, el presidente Petro también presentó cifras y resultados sobre las estrategias gubernamentales de reducción de la pobreza, aunque la controversia por la situación de González marcó parte de la agenda de la jornada. El mandatario insistió en su rechazo a cualquier intento de protección a funcionarios investigados por actos de corrupción y reiteró la obligación de responder ante la justicia.

La intervención de Gustavo Petro se produjo en un contexto de crecientes críticas por la gestión del caso, mientras las autoridades colombianas avanzan en los trámites para que González comparezca ante la justicia del país.

El presidente Gustavo Petro anunció también oficialmente en la mañana del 15 de agosto que solicitará al gobierno de Nicaragua la entrega de Carlos Ramón González a la justicia colombiana.

La gestión se realiza en medio de la controversia por la residencia de González en Managua, otorgada mientras la Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación por presuntos delitos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano declaró: “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”. La afirmación de Petro llegó poco después de que saliera a la luz la estadía de González en la residencia de la Embajada de Colombia en Nicaragua, situación que ha generado críticas y cuestionamientos tanto a nivel político como judicial.

Carlos Ramón González enfrenta imputación por los supuestos delitos de cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación, en el marco del escándalo de corrupción que sacude a la Ungrd. Aunque la Fiscalía solicitó una circular roja de Interpol para su captura internacional, hasta el momento no ha sido emitida, lo que impide la detención inmediata fuera del territorio colombiano.

Documentos exhibidos por medios nacionales revelan que González obtuvo la residencia nicaragüense el 21 de mayo de 2025, fecha coincidente con el anuncio formal de su imputación en Colombia. Según reportes, la embajada colombiana intervino en la renovación de su cédula de residencia en Nicaragua antes de que expirara en junio de 2025, trámite que fue aprobado por las autoridades del gobierno de Daniel Ortega a cambio de un pago oficial.

En sus declaraciones, el exembajador León Fredy Muñoz defendió su actuación: “Como amigo lo recibí y como amigo lo atendí. La comida la compramos nosotros. Era una cosita de vivienda”. Muñoz alegó que invitó a González antes de que existiera alguna orden de captura en su contra y sostuvo que no participó en los trámites de residencia posteriores. La Cancillería de Colombia, por su parte, informó que no autorizó ninguna gestión diplomática para favorecer la permanencia del exfuncionario en Nicaragua.

Entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, González vivió en la residencia oficial junto a su esposa y varios funcionarios diplomáticos. La situación permanece bajo la lupa, mientras la Fiscalía investiga posibles irregularidades y el supuesto uso de la red consular para proteger a González.