El caso de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), ha desatado un nuevo episodio de confrontación política entre el presidente Gustavo Petro y la exalcaldesa Claudia López.
El exfuncionario, requerido por la justicia colombiana en el marco del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuenta con residencia legal en Nicaragua, según se conoció este jueves.
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La situación ha generado debate debido a que se ha señalado al Gobierno nacional de supuestamente haber gestionado esa residencia, algo que el mandatario ha negado. Petro afirmó que solicitará al gobierno de Nicaragua la entrega del exdirector.
“La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, expresó el presidente, aclarando que su administración no promovió dicho trámite.
Ante estas declaraciones, Claudia López reaccionó con críticas, cuestionando el manejo del caso y señalando al mandatario de incumplir las expectativas ciudadanas. “¡Tras de ladrones, bufones! Primero le roban el agua a La Guajira, luego se encubren y tramitan la evasión de la justicia en Nicaragua, y ahora dicen que ‘se pide la extradición’. ¡Hipócrita! Traidor de la confianza de la gente y del anhelo de cambio”, manifestó la precandidata presidencial.
Petro respondió recordando la trayectoria política de González y su vínculo con el partido que lideró López. “Señora, deje de insultar. Carlos Ramón González era el presidente de su partido político. Con él hizo todas sus campañas electorales. En esa condición entró al gobierno. Casi todas las personas implicadas en la corrupción introducida a mi gobierno provienen de su núcleo político, con excepción de Olmedo”, dijo.
El presidente agregó que reconoce la existencia de personas valiosas en esa colectividad, pero señaló que algunos implicados, como la señora Ortiz y el propio González, ingresaron al Ejecutivo como militantes de dicho partido. Mencionó también al senador Iván Name, a quien vinculó a presuntos beneficios con recursos desviados. “Al parecer, parte de los recursos robados a mi gobierno y al pueblo fueron a parar a la campaña de elecciones locales del señor Iván Name, en su partido”, sostuvo.
En su intervención, Petro se refirió igualmente al exembajador en Nicaragua, León Freddy Muñoz, quien ocupaba ese cargo cuando González llegó a ese país. “El senador Freddy Muñoz, a quien nombré en la embajada de Nicaragua después de una gran persecución en su contra por parte de las mafias de Bello, ha dicho que no tramitó ninguna residencia para Carlos Ramón, tampoco el gobierno nacional. Y yo mismo solicitaré su reintegro al país”, afirmó.
López contestó nuevamente, precisando que su entrada al Partido Verde fue de la mano de Antanas Mockus y con la llamada “Ola Verde”, y que en esos periodos no hubo casos de corrupción. “Yo entré al Verde con Antanas Mockus, con la Ola Verde, donde nunca, ni en su gobierno ni en el mío, se cometió un acto de corrupción. En cambio, usted aplastó y desconoció a esa gente buena y maravillosa del Verde. Se llevó una pequeña ala petrista del Verde a su gobierno y se los llevó a robar”, declaró.
Carlos Ramón González, además de haber sido un aliado político cercano a Petro por su pasado común en el M-19, desempeñó roles clave en el Ejecutivo, como la dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia, antes de su nombramiento como director del Dapre.
La excanciller Laura Sarabia también intervino, refiriéndose a la solicitud que la Embajada de Colombia en Managua habría enviado el 21 de mayo para la renovación de la residencia de González. “No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”, afirmó.
En el documento, la representación diplomática colombiana solicitaba formalmente a la Cancillería nicaragüense la renovación del estatus de residencia de González, indicando que se encontraba en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024 y que no había salido del país desde esa fecha.
La controversia sigue abierta, mientras el ente investigador judicial mantiene la orden de captura contra González y el Ejecutivo anuncia que continuará los trámites para su eventual regreso a Colombia.
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