Funcionarios que habrían ayudado a Carlos Ramón González a obtener residencia en Nicaragua podrían ser sancionados: así se defendió el exembajador León Fredy Muñoz

La controversia por la permanencia en Nicaragua de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y señalado de ser el cerebro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ahora salpica al cuerpo diplomático colombiano en ese país.

Documentos revelados por Noticias RCN muestran que la Embajada de Colombia en Managua intervino en dos ocasiones para tramitar la residencia y su prórroga a favor del hoy prófugo, buscado por la Fiscalía para responder por cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque en los oficios no se mencionan nombres, en el periodo en que se hicieron las gestiones la misión diplomática estuvo encabezada, primero, por León Fredy Muñoz, hoy senador por la Alianza Verde, y luego por Óscar Muñoz, actual encargado de negocios.

Los funcionarios de la Embajada que habrían intervenido en estas gestiones podrían ser investigados por dos delitos, según la denuncia del político Daniel Briceño: prevaricato, que se configura cuando un servidor público dicta una resolución o actúa en contra de la ley con pleno conocimiento de su ilegalidad; y fraude a resolución judicial, en caso de comprobarse que ayudaron a evadir una orden judicial.

De acuerdo con el Código Penal colombiano, el prevaricato conlleva penas de 4 a 8 años de prisión, inhabilitación de 80 a 180 meses y multa; mientras que el fraude a resolución judicial puede acarrear entre 48 y 108 meses de prisión, además de inhabilitación y multas proporcionales al daño ocasionado.

Estas posibles consecuencias legales se suman a sanciones disciplinarias internas por incumplimiento de funciones o abuso de autoridad.

Si se comprueba que cualquier funcionario de la sede actuó sin autorización de la Cancillería, podrían enfrentar investigaciones penales y disciplinarias por entorpecimiento a la justicia.

El abogado Fabio Humar señaló que esa actuación podría configurar el delito de abuso de función pública, mientras que Julián Quintana advirtió que la cronología revela un posible plan para evadir la justicia: “Un embajador no está para urdir artimañas diplomáticas ni para burlar las decisiones de los jueces”. Ambos dieron sus declaraciones a El Tiempo.

Según la Fiscalía, González está en Managua desde noviembre de 2024.

Obtuvo la residencia en diciembre y la renovó el 21 de mayo de este año, justo el día en que se adelantaba la audiencia de imputación en su contra.

Actualmente, la circular roja de Interpol para su captura internacional aún no ha sido emitida, lo que permitiría que siga en libertad si es detenido en el extranjero.

León Fredy Muñoz se pronunció sobre la polémica en declaraciones a W Radio, asegurando que Carlos Ramón González es “un amigo” y negando haberlo ayudado a evadir la justicia: “Yo no le ayudé a que escapara. La comida la compramos nosotros; era una cosita de vivienda”.

Explicó que, en el momento de los trámites, González no tenía ninguna restricción legal y que su ingreso a Nicaragua no se permitió únicamente por el alto cargo que ocupaba.

Muñoz añadió que su único objetivo es que González pueda ejercer su derecho a la defensa y que en ningún momento intervino para favorecerlo.

Por su parte, Carlos Carrillo, director de la Ungrd, hizo un llamado a que González enfrente la justicia en Colombia. Sobre la necesidad de responder ante las autoridades, afirmó:“Él tiene que defenderse aquí en Colombia, no por fuera.”

Carrillo también subrayó la importancia de respetar a los colombianos y a las instituciones:“Lo mínimo que tiene que hacer es respetar a los colombianos y al presidente.”

Finalmente, sobre la actitud de León Fredy Muñoz frente al proceso, advirtió:“Si sigue haciéndose el pendejo, se va a quedar así.”

El presidente Gustavo Petro se pronunció en X asegurando que pedirá al gobierno nicaragüense que González sea enviado a Colombia

La polémica se intensificó tras la filtración de documentos que indican que la Embajada de Colombia en Managua gestionó la renovación de la residencia de González en Nicaragua, justo en paralelo a su audiencia de imputación por supuestas irregularidades en la Ungrd, lo que generó sospechas sobre posibles maniobras para evitar su regreso a Colombia y su comparecencia judicial.

La exministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, negó cualquier participación en los trámites migratorios y aseguró que su gestión no estuvo involucrada, según la trazabilidad de la Cancillería.

Por su parte, la Cancillería abrió una indagación interna para esclarecer los hechos. Fuentes judiciales señalaron que la obtención del estatus migratorio de González podría estar vinculada a intercambios diplomáticos, considerando que en Colombia se encuentra refugiado el expresidente panameño Ricardo Martinelli.