Boyacá fue escenario de un paro campesino y minero que dejó huellas profundas en un sector clave para el día a día, el de la distribución de combustibles líquidos. Aunque el cese de actividades se levantó, sus consecuencias todavía se miden en cifras rojas y en lecciones que preocupan al gremio.
El informe final de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) detalló que, en solo cinco días de bloqueos, se dejaron de vender más de 428.400 galones de gasolina y diésel. Esto representa pérdidas que superan los 5.700 millones de pesos para las estaciones de servicio ubicadas en las zonas más afectadas por los cierres viales. Pero el golpe no quedó ahí, también se redujo la renta generada por la sobretasa a estos combustibles, un ingreso que nutre directamente los presupuestos municipales y departamentales.
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David Jiménez Mejía, presidente de Comce, lo explicó con claridad: “estas pérdidas no solo afectan a las estaciones de servicio, sino que se reflejan en menores ingresos para los municipios y el departamento, al disminuir la renta generada por la sobretasa a la gasolina y el diésel, que constituye una renta fiscal endógena para las entidades territoriales”. Dicho de otro modo, el paro no solo paralizó negocios privados, también mermó recursos públicos para obras y servicios.
El corte del suministro provocó una cadena de efectos que se sintió más allá de las bombas de gasolina. Sin combustible, el transporte público redujo frecuencias, el traslado de alimentos se ralentizó y la maquinaria agrícola e industrial vio limitada su operación. En una región donde la movilidad depende casi por completo del abastecimiento vial, cada día de cierre significó cuellos de botella logísticos y retrasos en actividades productivas.
Comce documentó que la paralización también obligó a cierres temporales de terminales, suspensión de despachos y alteraciones en la cadena de suministro. Todo ello encareció la reposición de inventarios y elevó los costos operativos. “El cierre de vías y la interrupción del comercio siempre genera un efecto negativo en toda la cadena productiva de la región donde se concentran las vías de hecho”, advirtió Jiménez, que hizo un llamado a que los conflictos sociales no se traduzcan en bloqueos.
Aunque el líder gremial señaló que respeta el derecho a la protesta pacífica, insistió en que el diálogo y la concertación deben primar para evitar daños colaterales que terminen afectando derechos fundamentales y servicios esenciales. “Hacemos un llamado respetuoso a que se redoblen los esfuerzos por parte de todos los actores involucrados en un conflicto, para evitar los bloqueos que paralizan la economía y terminan afectando derechos fundamentales y servicios esenciales al resto de la población”, recalcó.
Desde el ángulo fiscal, la caída de ventas golpea la capacidad de inversión pública. La sobretasa a la gasolina y al diésel financia proyectos de infraestructura vial, programas sociales y servicios municipales. Menos ingresos por este concepto obligan a las administraciones a replantear prioridades o a posponer obras ya planificadas.
El gremio alertó, además, que en casos de bloqueos prolongados existe un riesgo real de desabastecimiento en estaciones ubicadas en corredores estratégicos. Sin paso para los camiones cisterna, los inventarios se agotan y obligan a cerrar temporalmente, una situación que no solo afecta a los consumidores, sino que puede presionar al alza los precios en mercados locales.
Para evitar que este escenario se repita, Comce propuso fortalecer las mesas de diálogo con autoridades de todos los niveles y con representantes de las comunidades movilizadas. La meta es encontrar salidas estructurales que atiendan las demandas sociales sin interrumpir el flujo de bienes y servicios esenciales. “Reiteramos nuestro compromiso con el diálogo y la concertación como vía para resolver las diferencias y estamos dispuestos a trabajar con las autoridades para diseñar mecanismos que eviten el uso de vías de hecho”, concluyó Jiménez.
El episodio, más allá de las cifras, expone la fragilidad de las cadenas productivas regionales cuando los corredores viales se bloquean. También deja sobre la mesa una advertencia, cualquier cierre que afecte el transporte de combustibles impacta en cascada a múltiples sectores y erosiona la capacidad de respuesta de las administraciones locales. Para Boyacá, el reto ahora es reforzar los canales de negociación y blindar el suministro de recursos estratégicos, incluso en medio de conflictos sociales legítimos.
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