La disputa judicial y administrativa por la administración de EPS Sanitas mantiene incierta la situación de millones de afiliados, mientras el grupo Keralty denunció que la entidad continúa intervenida pese a que la Corte Constitucional ordenó su devolución hace más de un mes y medio.
Para el conglomerado, “cumplir con la devolución de la EPS Sanitas será un ejemplo de que la Constitución se respeta”, como afirmó el presidente global de Salud de Keralty, Juan Pablo Rueda, en entrevista con 6AM de Caracol Radio.
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La resolución de la Corte Constitucional, emitida el 26 de junio de 2025, anuló la intervención impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) en abril del mismo año.
El alto tribunal instruyó que la dirección y el control de Sanitas debían regresar a sus accionistas originales, dando 48 horas a la Supersalud, bajo la dirección de Giovanny Rubiano, para hacer efectiva la entrega.
Sin embargo, según reiteró el grupo Keralty en recientes comunicaciones, la orden aún no se ha cumplido y tanto la Superintendencia como el interventor no se han comunicado para fijar una ruta clara hacia la restitución.
La EPS Sanitas sigue en manos de un interventor designado por el Gobierno, sin que haya avances en el proceso de devolución y sin que podamos acceder a los estados financieros actualizados, denunció la compañía.
El abogado y representante legal de Keralty, Juan David Riveros, anunció la radicación ante la Corte Constitucional de una nueva solicitud, en la que piden el cumplimiento inmediato de la sentencia.
“Cualquier tardanza o dilación en el cumplimiento de esta obligación puede dar lugar a la imposición de sanciones por desacato, pues constituye una violación directa de lo ordenado por la Corte Constitucional y una transgresión al principio de supremacía constitucional”, detalló Riveros en declaraciones a Noticias Caracol.
La empresa sostiene que la intervención prolongada ha deteriorado la operación de sus servicios y generado incertidumbre sobre el manejo financiero de la EPS, mientras la cantidad de reclamos y recursos judiciales sigue en aumento.
Riveros recalcó que “el número de tutelas presentadas por usuarios crece cada semana, lo que se asocia a la poca calidad y oportunidad en la prestación de los servicios”, y advirtió que desconocen el verdadero estado financiero de Sanitas porque no han podido acceder a la administración ni a los reportes contables.
Sobre la situación, Álvaro Molina, representante de la mesa nacional de usuarios de las EPS, explicó a Noticias Caracol que la calidad del servicio en Sanitas se ha venido agravando.
“Los pacientes no reciben sus medicamentos a tiempo, sin importar la patología que presenten, lo cual pone en riesgo la vida de los mismos. El agendamiento de citas con especialistas y la programación de cirugías tiene retrasos y problemas de oportunidad que afectan a miles de colombianos”, sentenció el dirigente.
Mientras tanto, la Superintendencia de Salud decidió radicar una solicitud de aclaración del fallo ante la Corte Constitucional, trámite que según expertos en derecho administrativo no suspende ni posterga la obligación de devolver la EPS a Keralty.
Desde el grupo empresarial afirman que permanecen a la espera de que la Corte resuelva en un plazo de ocho días su solicitud, para acelerar el proceso y frenar el deterioro operativo.
Redes sociales y plataformas digitales han reflejado el malestar de usuarios y trabajadores de la EPS. Carolina Sánchez, una usuarioa de X escribió: “El 27 de junio de 2025 la Corte Constitucional tumbó la intervención forzosa de EPS Sanitas y dio 48 horas a la Supersalud para devolverla a sus dueños. Dos meses después, Keralty denuncia que no la ha recibido”.
Durante el reciente Décimo Congreso empresarial de la Andi, Juan Pablo Rueda reafirmó la disposición de Keralty a acatar plenamente la ley y las determinaciones de los organismos estatales.
“Hemos hecho todo lo que jurídicamente corresponde para que el fallo se materialice, pero hasta ahora el proceso sigue estancado y el asunto depende de que la Corte Constitucional aplique nuevas medidas para garantizar el cumplimiento”.
El presidente global de Salud de Keralty afirmó que el sector privado representa una pieza indispensable en el sistema de salud, y que la crisis amerita consensos y soluciones estructurales.
Keralty también abordó los cuestionamientos acerca de su identidad corporativa y composición accionaria. “Somos una empresa colombiana, constituida bajo las leyes nacionales, que paga impuestos y suma capitales de origen mixto —tanto extranjeros como nacionales— en su estructura”, puntualizó Rueda en declaraciones a Caracol Radio al despejar los rumores relacionados con un supuesto carácter foráneo exclusivo.
La empresa insiste en que ni la Superintendencia ni el interventor han presentado información o propuestas de cronograma para iniciar la devolución y que la omisión de respuestas institucionales afecta no solo sus derechos sino también la integridad del modelo de atención a los usuarios.
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