Un juez de Medellín legalizó las capturas de los dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Cristian Camilo Alvarado Torres y Diego Steven Castaño Sánchez, señalados de abusar sexualmente de una reclusa en la cárcel El Pedregal.
Este proceso judicial tomó relevancia luego de conocerse graves denuncias contra el sistema penitenciario y la evidencia que vincula a los funcionarios con los hechos.
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El pronunciamiento del juez que condujo la audiencia resultó clave al subrayar que la privación de la libertad es una medida excepcional, justificada solo por órdenes judiciales vigentes y debidamente fundamentadas.
“Tenemos que tener en cuenta, en este caso, que, efectivamente, el derecho a la libertad es un derecho fundamental, pero el mismo puede ser objeto de restricción. La regla general, como lo establece la Constitución Política de Colombia, precisamente en el artículo veintiocho, es que las personas son libres, pero excepcionalmente pueden ser privadas de la libertad cuando exista una orden de captura y, en efecto, estamos frente a esa hipótesis”, sostuvo el funcionario judicial durante la audiencia.
Las dos órdenes de captura, identificadas como 058 y 059, fueron emitidas el 8 de agosto de 2025 por el Juzgado 49 Penal Municipal con funciones de control de garantías.
Los documentos incluyeron información personal detallada de los capturados, así como la descripción de los hechos y la vigencia de las medidas, que se fijó para el plazo de un año.
Las acciones emprendidas por la Policía Judicial permitieron ejecutar los procedimientos en cumplimiento estricto de los requisitos formales y legales.
“Vamos entonces con los procedimientos efectuados por parte de la Policía Judicial para hacer efectiva entonces las capturas de estos dos ciudadanos”, dijo el juez.
Denuncia de la víctima y contexto del caso
La denuncia principal que condujo a este proceso la interpuso Andrea Valdés Contreras, una interna recluida actualmente en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Valdés fue condenada por homicidio agravado y aseguró que, durante su estancia en El Pedregal, fue objeto de abuso sexual por parte de guardias del Inpec.
Según su testimonio difundido por Noticias Caracol, el primer episodio de agresión ocurrió el 29 de agosto de 2024, cuando Alvarado Torres ingresó a su celda y la sometió. Una semana después, el 5 de septiembre, Castaño Sánchez la violentó nuevamente, episodio tras el cual quedó embarazada.
“Me desperté y vi a un dragoneante, robusto y alto. Pensé que venía a hacer una requisa, pero no. Me tomó del brazo, me lanzó al planchón y me tapó la boca para que no gritara. Me quitó el pantalón de la pijama y abusó de mí”, relató Valdés en declaraciones a Noticias Caracol.
La mujer aseguró que tras las agresiones recibió amenazas directas: “Siga llamando a esas fundacioncitas y verá que ahí sí la legalizamos”, en referencia a posibles represalias disfrazadas de suicidio dentro del penal.
El 11 de octubre de 2024, Andrea Valdés fue informada de su embarazo. Posteriormente, recibió atención médica en el Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez tras ser diagnosticada con amenaza de aborto.
Según su abogado, Felipe Alzate, personal del hospital detectó la presencia de sustancias abortivas en su organismo, lo que indicaría la posible administración forzada de estas sustancias para eliminar evidencia del abuso.
La recomendación médica apuntó a su traslado a una celda abierta, pero el Inpec mantuvo la custodia bajo condiciones similares a las previas.
La situación llevó a que Valdés fuera finalmente trasladada el 10 de enero de 2025 a la cárcel El Buen Pastor, donde permanece junto a su hijo Daniel, nacido hace dos meses y medio, en el pabellón de gestantes. Actualmente, se mantiene bajo supervisión, lejos del entorno donde ocurrieron los hechos denunciados.
El caso fue investigado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que documentó condiciones de reclusión consideradas tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Entre los hechos consignados están la retirada de atención médica, el aislamiento prolongado, la rotación de personal para crear ciclos de abuso y la restricción de contacto con organizaciones defensoras de derechos humanos.
El informe pericial concluyó que existió un patrón sistemático de violencia institucional, agravado por amenazas y represalias a raíz de las denuncias de tráfico de drogas dentro de la cárcel.
En su declaración pública, Felipe Alzate cuestionó la pasividad de las autoridades: “No puede ser que la señora esté bajo órdenes de las mismas personas que la vulneraron, la agredieron y afectaron sus derechos fundamentales”.
La oficina de abogados Alzate Hernández dirigió una comunicación a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, el 6 de marzo de 2025, solicitando medidas de protección urgentes. Hasta el momento, no se han recibido respuestas concretas.
La Fiscalía General de la Nación cuenta con varios elementos de prueba en el expediente. Un video del circuito de seguridad registrado el 5 de septiembre de 2024 muestra el ingreso de Castaño Sánchez al área de aislamiento donde estaba Andrea Valdés a las 7:56 p.m., y su salida más de tres horas después, poco después de un corte inesperado de energía.
Esta secuencia respalda el relato de la víctima. Además, en la minuta de control, el propio dragoneante Castaño reportó que no observó ninguna “novedad” en la celda, declaración que ahora es materia de investigación.
El cotejo de ADN practicado al bebé y a los implicados arrojó una correspondencia del 99,9%, confirmando la paternidad de Castaño Sánchez.
El reportaje de Noticias Caracol también informó de llamadas intimidatorias que habría recibido Valdés, atribuidas a personal del Inpec según la triangulación de registros telefónicos realizada por la Policía Judicial.
El exsubdirector del penal, Carlos Arturo Yepes, removido de su cargo, y el entonces director Pablo Yamid Ramírez Peña también están siendo investigados.
Yepes habría dicho a Valdés: “A los sapos les pasaba eso, que era mejor tener la boca cerrada”. Ramírez Peña manifestó que consideraba “inconcebible” el embarazo, argumentando que Valdés no tenía autorización de visitas íntimas. Ambos ofrecieron sus versiones durante las diligencias internas.
Con la legalización de las capturas, la Fiscalía avanzó en el esclarecimiento de los hechos. Falta por determinar responsabilidades directas y la posible participación de otros funcionarios.
El caso sigue en desarrollo y mantiene bajo la lupa la actuación del Inpec y la respuesta institucional ante fenómenos de violencia de género y abuso sexual dentro de los centros penitenciarios.
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