Defensa de Olmedo López denunció “justicia selectiva” por residencia otorgada a Carlos Ramón González en Nicaragua

La controversia por la situación judicial de dos protagonistas del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) volvió a escalar el viernes 15 de agosto, luego de que la defensa de Olmedo López, exdirector de la entidad, denunciara un trato desigual en favor de Carlos Ramón González, exjefe del Dapre y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

A través de un video, el abogado de López acusó al Gobierno Petro de incurrir en “justicia selectiva” al supuestamente facilitar el asilo político de González en Nicaragua, pese a estar señalado como uno de los máximos responsables del entramado de corrupción, mientras su defendido enfrenta un proceso judicial sin acceso a mecanismos como el principio de oportunidad o un preacuerdo.

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En su pronunciamiento público, el defensor fue enfático:“Como abogado defensor de Olmedo López, debo pronunciarme frente a una revelación periodística (…) que el asilo político en Nicaragua de Carlos Ramón González (…) habría sido tramitado por el mismo Gobierno, que paradójicamente ha dirigido ataques sistemáticos contra mi defendido. Si esta información se confirma, estaríamos ante un ejemplo claro de justicia selectiva. No se puede proteger al líder de la corrupción y perseguir a quien denuncia o a quien decide denunciar”.

El abogado aseguró que López “no ha huido, ha dado la cara, ha devuelto la totalidad de los recursos apropiados y ha entregado pruebas que comprometen a ministros, congresistas y altos funcionarios de este gobierno”. En contraste, cuestionó que “otros han decidido huir con el silencio (…) mientras a uno se le facilita salir del país y se le brinda protección política, al otro se le obstaculizan los mecanismos legales (…) y se le estigmatiza en declaraciones públicas”.

Para la defensa, esta situación sienta un precedente peligroso: “La justicia selectiva es la antesala de la impunidad. (…) La verdad no se puede negociar con favores políticos”. También hizo un llamado a la “coherencia institucional” y a proteger a quienes colaboran con la justicia.

La denuncia se da tras un reportaje del periodista Daniel Coronell, que reveló que Carlos Ramón González vivió durante seis meses, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, en el edificio que ocupa la Embajada de Colombia en Managua, Nicaragua, junto a su esposa Luz Dana Leal, exdirectora de Empleo y Emprendimiento del Sena.

Según la investigación, González no ejercía ningún cargo en el gobierno durante ese tiempo, pero habitó la sede diplomática a expensas del erario. El exfuncionario, que en su juventud militó en el M-19, tiene una orden de captura vigente por delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, derivados del escándalo de la Ungrd, donde se habrían desviado recursos para sobornar a congresistas con el fin de asegurar apoyos a proyectos del Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.

Ante la polémica, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X: “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”.

El mandatario rechazó las acusaciones de haber intervenido para ampliar la residencia de González en Nicaragua: “El Gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”. Agregó que “el Gobierno es el presidente y el ministro del ramo, en este caso la canciller. Ninguno de los dos hemos pedido dar residencia a Carlos Ramón González en ningún país del mundo”.

Por su parte, la Cancillería informó que, aunque existió una solicitud a Nicaragua, esta habría sido tramitada de manera inconsulta por un funcionario de la embajada en Managua, sin autorización de la canciller ni del presidente.

La discusión ahora gira en torno a la coherencia institucional y a si el Estado actúa con el mismo rigor frente a todos los implicados, sin importar su cercanía política. El desenlace de este caso no solo tendrá implicaciones judiciales, también políticas, especialmente en un contexto en el que la credibilidad del sistema judicial y del actual Gobierno están bajo escrutinio.