Esta es la pena en prisión que podría pagar el general (r) Rodolfo Palomino por el delito de tráfico de influencias

El general en retiro Rodolfo Palomino López, exdirector de la Policía Nacional, podría enfrentar entre 7 y 12 años de prisión, tras haber sido condenado por el delito de tráfico de influencias, luego de una larga investigación judicial que terminó en su hallazgo de responsabilidad por intentar frenar la captura de un empresario vinculado con el paramilitarismo en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia una condena entre los 84 y 124 meses de prisión, así como una multa que oscilaría entre 174,99 y 258,33 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Además, el exdirector de la Policía podría enfrentar una inhabilidad para ejercer funciones públicas entre 96 y 128 meses, según se expone en el marco legal del Código Penal colombiano, citado durante la audiencia.

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El anuncio de esta condena fue realizado por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Jorge Caldas Vera, que concluyó que Palomino utilizó su alta investidura como director general de la institución —cargo que ocupó entre 2013 y 2016— para interferir ilegalmente en un proceso penal en curso.

Los hechos que comprometen al general retirado se remontan a febrero de 2014, cuando, estando en ejercicio del más alto cargo de la Policía, intentó intervenir en el proceso de captura de Luis Gonzalo Gallo Restrepo, exmiembro de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba y señalado de tener vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Gallo estaba siendo investigado por la presunta participación en la adquisición de predios despojados a campesinos por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, fundadores de las AUC. Estos hechos eran parte de una amplia investigación por despojo de tierras y vínculos con estructuras paramilitares en el norte del país.

Según estableció la Corte, Palomino se enteró con antelación de la operación que adelantaría la Fiscalía contra Gallo y solicitó una reunión con la fiscal del caso, Sonia Lucero Velásquez, para pedirle que no procediera con la orden de captura. Esta reunión tuvo lugar en un día no hábil y en la propia residencia de la funcionaria, lo que ya generaba sospechas en cuanto a la naturaleza de la intervención.

Durante el juicio, se reveló una grabación de 47 minutos en la que el general retirado intentó persuadir a la fiscal para que no procediera con la detención del empresario. En dicha conversación, Palomino apeló a argumentos de carácter personal y político, mencionando que Gallo era “amigo de expresidentes” y de “altas figuras del sistema financiero internacional”.

La Corte determinó que este comportamiento fue intencional, deliberado y orientado a favorecer a un tercero de manera ilegal. Además, se recalcó que el hecho de que Palomino utilizara su posición de superior jerárquico para acompañarse del director de la Dijín a dicha reunión, constituía un uso indebido de su autoridad.

“El exdirector dirigió su actuar ilegal estrictamente con el fin de influenciar a una servidora pública adscrita a la Fiscalía General de la Nación, para obstruir un procedimiento de captura, con la firme convicción de favorecer a un tercero”, explicó el fallo.

Es preciso recordar que Rodolfo Palomino fue uno de los oficiales más reconocidos de la Policía en las últimas décadas. Su caída judicial representa un duro golpe para la institucionalidad y para el legado de la fuerza pública.

Durante su paso por la Policía, fue símbolo de modernización, pero también quedó salpicado en otros escándalos, incluyendo el de la presunta red de prostitución masculina dentro de la institución, conocido como el caso “la comunidad del anillo”, aunque en ese proceso no se le halló responsabilidad penal.