Quién es José Miguel Narváez, el exsubdirector del DAS vinculado con paramilitares condenado por ordenar el asesinato de Jaime Garzón hace 26 años

Un 13 de agosto de 1999, Colombia vivió uno de los episodios más dolorosos para la libertad de prensa: el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón.

Su muerte, perpetrada en Bogotá, no solo conmocionó al país, sino que marcó un antes y un después en la historia de la impunidad y la violencia política en Colombia.

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A 26 años de los hechos, la justicia ha permitido identificar a uno de los responsables detrás de este crimen: José Miguel Narváez, exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe.

Narváez, calificado como “ultraderechista” por la Fundación Pares y vinculado a círculos militares y paramilitares, fue condenado en 2018 a 30 años de prisión como autor intelectual del homicidio de Garzón.

Según las investigaciones, Narváez, entonces profesor de la Escuela Superior de Guerra, mantuvo una relación estrecha con Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y lo convenció de que Garzón representaba un peligro.

Lo acusó de tener supuestos vínculos con la guerrilla del ELN y de beneficiarse económicamente de su participación en la liberación de secuestrados, afirmaciones que la justicia determinó carecían de sustento.

El crimen se ejecutó con precisión militar. La investigación estableció que Castaño Gil contactó a la banda criminal La Terraza de Medellín para vigilar a Garzón en Bogotá.

Además, personal del B-2 del Ejército Nacional proporcionó información sobre sus movimientos y miembros de la Brigada XIII acompañaron a los sicarios en los recorridos de las rutas habituales del periodista.

El 13 de agosto de 1999, Garzón fue interceptado en el sector de Corferias y asesinado con tres disparos, falleciendo de forma inmediata.

Tras el crimen, la Fiscalía y el DAS capturaron a Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias Bochas, y a Edilberto Antonio Sierra Ayala, alias Toño, quienes fueron señalados como responsables materiales gracias al testimonio de una vecina que observó la huida de los sicarios.

Sin embargo, en 2004, el juzgado absolvió a ambos por falta de pruebas y condenó a Carlos Castaño Gil a 38 años de prisión como autor intelectual. La condena contra Narváez, aunque tardía, se convirtió en la primera sentencia de este tipo contra un responsable vivo del crimen.

Exparamilitares como Salvatore Mancuso y Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, declararon que Narváez ejerció influencia sobre Castaño y otros jefes paramilitares, y que su papel fue determinante para que se ejecutara el asesinato.

Mancuso, en declaraciones recogidas por el medio Rtvc, afirmó que el crimen de Garzón fue un “crimen de Estado” y reconoció que las AUC tuvieron responsabilidad en los hechos, aunque no de forma directa.

“Es un hecho doloroso… un ejemplo claro de lo que no debe ser ni hacerse”, dijo Mancuso, rememorando los acontecimientos de finales de los años 90.

Más allá del asesinato de Garzón, Narváez enfrenta otros procesos judiciales que evidencian su participación en la persecución política y la violencia sistemática contra líderes sociales y periodistas.

Entre estos casos se encuentran el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, el asesinato del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, padre de Iván Cepeda, y la tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque.

En este último caso, Narváez habría elaborado un manual para intimidar a Duque mientras documentaba pruebas sobre la manipulación de la investigación del asesinato de Garzón por parte del DAS.

Durante el juicio, Piedad Córdoba relató cómo, tras su secuestro por Castaño Gil, tuvo conocimiento directo del plan para asesinar a Garzón.

La exsenadora incluso advirtió al periodista: “Jaime, a ti te van a matar (…) a mí me liberaron, pero a ti te van a matar. A ti te canjearon por mí”. Según su testimonio, varios comandantes paramilitares confirmaron la participación de Narváez en la instigación del crimen.

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, también aportó información clave, señalando que Narváez actuaba como intermediario entre las AUC y miembros del Ejército, suministrando información sobre personas supuestamente vinculadas a la insurgencia, acusaciones que en el caso de Garzón resultaron infundadas.

La condena a Narváez no solo incluyó prisión, sino también el pago de casi 390 millones de pesos a la familia de Garzón.

Además, en años anteriores fue hallado culpable de colaborar con grupos paramilitares y señalado como autor intelectual de crímenes de lesa humanidad, incluyendo la “chuzadas” que derivaron en la liquidación del DAS.

La muerte de Jaime Garzón hace 26 años sigue siendo un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentan los periodistas en Colombia y de las consecuencias de la impunidad.

Su asesinato no solo truncó la vida de un comunicador, sino que también buscó silenciar la crítica y la denuncia en un país marcado por la violencia política. Hoy, su memoria persiste como símbolo de la libertad de expresión y de la necesidad de justicia.