La Procuraduría General de la Nación presentó ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá un recurso de apelación contra el fallo de primera instancia emitido por el juzgado 44 de conocimiento de Bogotá, que condenó a doce años de prisión al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Se trata de un documento de 81 páginas firmado por el procurador Bladimir Cuadro Crespo, que fue presentado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el cual sostiene que la sentencia tiene vacíos en la valoración y evaluación de pruebas fundamentales, lo que habría derivado en una aplicación incorrecta de la figura de la determinación penal.
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En el análisis de la Procuraduría General, uno de los puntos críticos radica en la supuesta “incorrecta observación objetiva” de las pruebas, lo que, según el procurador Cuadro Crespo, condujo a errores en la apreciación de los hechos y a una indebida imputación de responsabilidad al expresidente.
El recurso enfatiza que la tipicidad de la conducta atribuida a Uribe Vélez no quedó debidamente establecida, lo que, a juicio del órgano de control, debió haber resultado en la absolución del procesado.
El procurador Cuadro argumenta que la sentencia omitió la aplicación del artículo 7 de la ley 906, disposición que, de haberse considerado, habría favorecido la exoneración del exmandatario. En sus alegatos de conclusión, presentados a finales de junio, Cuadro Crespo reiteró que la Fiscalía General no logró demostrar su teoría del caso, por lo que solicitó la absolución total de Uribe Vélez.
“No se estableció más allá de toda duda razonable que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad como determinador de cada uno de los eventos acusados. La sentencia de primera instancia no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto medular para cada uno de los episodios examinados”, señala el documento.
En el documento, la Procuraduría también solicitó que se verificara una información que él había recibido, y por la cual a juicio del procurador Cuadros confirió un poder al abogado Diego Cadena para que lo representara en la indagación y obtención de esos datos.
“(...) la juez no cuenta con respaldo en el expediente, ya que se evidenció que el propio procesado, a través de medios masivos de comunicación, incitaba a la entrega de información para esclarecer los hechos, dada la naturaleza jurídica de la discusión mientras era congresista. Además, la copiosa prueba documental y testimonial demostró que también utilizó a sus abogados para aportar información previamente verificada con Diego Cadena”, se lee en el recurso de apelación.
La defensa del expresidente, encabezada por el abogado penalista Jaime Granados Peña, tiene previsto radicar su propio recurso de apelación el próximo 13 de agosto.
Los magistrados del Tribunal de Bogotá que estudiaran la apelación de Uribe
La oficina de prensa del Tribunal Superior de Bogotá oficializó la designación de los tres magistrados que integrarán la Sala Penal N.º 9, responsable de analizar el recurso de apelación presentado por la defensa del exmandatario. El tribunal ha establecido un plazo máximo de dos meses para emitir su decisión, ya que el expediente prescribirá en octubre, lo que imprime urgencia al trámite.
La composición de la Sala Penal N.º 9, detallada por el propio tribunal, incluye a los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Leonor Oviedo Pinto y Manuel Antonio Merchán, quien ejercerá como presidente de la Sala y ponente de la decisión. Según explicó Bernal Suárez, los tres magistrados poseen una trayectoria consolidada en la Rama Judicial, formación especializada y evaluaciones periódicas que acreditan su idoneidad y suficiencia para abordar un caso de esta envergadura.
El tribunal ha dispuesto que los magistrados dediquen atención exclusiva al estudio del proceso, con el objetivo de acelerar la resolución de fondo antes de que se cumpla el término de prescripción. Esta medida, según la información oficial, pretende garantizar que la decisión se adopte con la mayor celeridad posible, sin sacrificar el rigor en la valoración de las pruebas.
“No hay temor de que actuarán con imparcialidad, transparencia, autonomía e idoneidad suficiente”, afirmó el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Fabio David Bernal Suárez, al referirse a los magistrados que revisarán el caso del expresidente.
El equipo jurídico del exmandatario argumentará que, durante el juicio de primera instancia —que se extendió por cinco meses—, el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá habría omitido la valoración de pruebas documentales, testimoniales y técnicas aportadas por la defensa. Además, sostendrán que las conclusiones del fallo carecen de sustento jurídico y probatorio, por lo que solicitarán la revocatoria de la sentencia y la absolución de Uribe Vélez.
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