Tomás Uribe y Andrés Forero salieron a defender al expresidente Álvaro Uribe por señalamientos de Daniel Quintero: “Lo que quieren es silenciarlo”

Tras los fuertes cuestionamientos que hizo el exalcalde Medellín Daniel Quintero contra el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, a quien le dijo que no debería de tener “privilegios” ni seguir grabando videos porque “es un criminal”, el senador Andrés Forero y el hijo del expresidente, Tomás Uribe, no se quedaron callados y le respondieron.

“Uribe es un criminal y no puede tener privilegios. ¿Por qué sigue teniendo celular y haciendo videos?”, señaló Quintero inicialmente, y agregó: “Esto es el colmo, el criminal Álvaro Uribe acaba de publicar un video desde su sitio de reclusión en el que dice que va a seguir enfrentando a la institucionalidad, mientras paga su pena de cárcel de 12 años, como lo hizo cuando con falsos positivos y fraude procesal”.

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Según Quintero, pedirá que el expresidente no vuelva a tener la oportunidad de postear en redes sociales, tal como lo tienen prohibido todos los condenados en Colombia.

“Trató de meter a la cárcel a Iván Cepeda, ¿por qué Uribe tiene privilegios puede usar celulares, puede usar cámaras, cuando todos los delincuentes de este país cuando a todos los delincuentes de este país les tienen prohibido eso cuando están en la cárcel. Por eso voy a pedir que estos elementos sean retirados”, aseveró.

Por dichos señalamientos, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero no se quedó callado y le dijo que el fallo contra Uribe fue injusto, cuestionándolo por subir criminales a una tarima de Medellín. “¿Este no es el que se subió a una tarima con los criminales más peligrosos de Medellín? Se ensaña con Uribe ante un fallo injusto, pero se regodea buscando que las mafias tengan rebaja de penas y legalicen sus sangrientas fortunas", señaló.

Por su parte, Tomás Uribe, hijo del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, afirmó que lo único que pretende la izquierda es silenciar al expresidente.

“Virgen Santísima. Queda claro que lo que quieren es silenciarlo. Adiós, Oposición. Adiós, Democracia”, puntualizó.

El Consejo Seccional de la Judicatura autorizó que la Sala 19 Penal del Tribunal Superior de Bogotá concentre en forma exclusiva los estudios y la resolución de la apelación presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno en actuación penal.

Mediante la directriz, el Consejo Seccional de la Judicatura ordenó suspender desde el 5 hasta el 20 de agosto de 2025 el reparto de acciones de tutela en dicha sala para que sus integrantes, los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y María Leonor Pinto, puedan dedicarse por completo a la revisión del caso del exmandatario.

“Suspender desde el 5 de agosto de 2025 hasta el 20 de agosto de 2025 (inclusive), sin que sea objeto de compensación, el reparto de acciones de tutela, a la sala de decisión penal n.° 9, despachos 4, 11 y 13 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá”, dice el texto oficial.

La decisión fue comunicada a la Presidencia de la Sala Penal del Tribunal Superior, a la Oficina de Apoyo Judicial-Reparto y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

La intención es permitir un análisis detallado de la apelación sin que otros casos interfieran.

La defensa de Álvaro Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados Peña, sostiene que durante el juicio de primera instancia no se evaluaron de manera suficiente las pruebas presentadas. Entre los argumentos está la inclusión de interceptaciones telefónicas y videos que consideran ilegales o alterados.

La defensa asegura que algunas de estas evidencias, como las grabaciones ordenadas por la Corte Suprema al senador Nilton Córdoba Manyoma, involucraron escuchas a Uribe en marzo y abril de 2018, las cuales, en su opinión, carecen de validez.

Otro de los puntos presentados por la defensa se centra en videos realizados por el testigo Juan Guillermo Monsalve desde la cárcel La Picota.

El equipo defensor afirma que los registros audiovisuales habrían sido manipulados y sostiene que existen peritajes de la Fiscalía y peritos propios que respaldan esta versión. Agregan inconsistencias en las declaraciones de Monsalve, a quien acusan de buscar beneficios judiciales y económicos a cambio de sus declaraciones, señalando incluso que tales ventajas habrían sido ofrecidas por el senador Iván Cepeda.

Actualmente, Uribe sigue bajo detención domiciliaria mientras se resuelve de fondo la acción de tutela presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

El documento, que suma 91 páginas, solicita la suspensión de la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien además de la condena ordenó la privación preventiva domiciliaria.

En la decisión judicial se lee: “No decretar la medida provisional solicitada por el apoderado del ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Comunicar al accionante y a su apoderado esta decisión por el medio más expedido y eficaz, y advertir que en su contra no proceden recursos”.