Continúan los avances en la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre el entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el que se otorgaron multimillonarias dádivas a congresistas con el fin de favorecer los proyectos de ley que impulsa el Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro.
Además de los aportes de Sneyder Pinilla y Olmedo López, principales responsables de entregar los dineros que estaban destinados a mejorar las condiciones de vida de miles de personas en La Guajira, confirmaron la captura de Jorge Aristizábal, hombre de confianza de César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.
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De acuerdo con Blu Radio, Aristizábal se entregó en el antiguo edificio del DAS en Bogotá. Cabe recodar que es señalado de haber participado en la red que presuntamente direccionó contratos con dineros de la Ungrd y la Agencia Nacional de Tierras. Los datos de las autoridades apuntan a que se manejaron sumas equivalentes a $100.000 millones.
Con su entrega, ya son seis los capturados entre los últimos imputados por el escándalo. Solo falta César Manrique, exdirector de la Función Pública, cuyo paradero sigue siendo desconocido.
César Manrique ahora es prófugo de la justicia<b> </b>
Cabe anotar que César Manrique, exdirector de la Función Pública, no se presentó a citación judicial por el escándalo de la Ungrd y no se sabe su paradero.
El proceso judicial contra Manrique no es un hecho aislado. Su trayectoria ya estaba marcada por una condena previa relacionada con el escándalo de las motos eléctricas durante la administración de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá. En ese caso, el terminal determinó que la renovación del parque automotor policial no se realizó conforme a la legalidad, lo que derivó en una sentencia de diez años de prisión. Tras apelar, Manrique obtuvo libertad condicional mientras el Tribunal Superior de Bogotá resuelve su situación definitiva.
El nuevo caso, vinculado a la Ungrd, expuso presuntas irregularidades en la gestión de fondos estatales destinados a mitigar la escasez de agua en La Guajira. Según la imputación de la Fiscalía General de la Nación, estos recursos terminaron convertidos en “una caja menor para el pago de sobornos a cambio de acelerar el paso de proyectos del Gobierno en el Congreso”. La investigación señaló que Manrique, ya como director de Función Pública en la presidencia de Petro, habría desempeñado un papel clave en el direccionamiento y apropiación indebida de estos fondos.
El fallo judicial que ordenó la reclusión de los señalados se fundamentó en la existencia de “elementos materiales probatorios suficientes para determinar la participación activa de los implicados en el direccionamiento y apropiación indebida de recursos públicos”, según la juez 66 de control de garantías. Además de Manrique, otros seis funcionarios resultaron indiciados, y la acumulación de declaraciones recogidas durante la investigación fue determinante para solicitar la medida privativa de libertad.
El ente acusador detalló el mecanismo utilizado para liberar los recursos. En su exposición, consignó que “Barreto Gantiva acudió a su jefe político, César Manrique Soacha (…), para que, en razón de su cargo y posición política, gestionara por medio del director de la ANT, Gerardo Vega, la firma del otrosí y así liberar los recursos en favor del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”. Este entramado, según la investigación, permitió que los fondos estatales fueran desviados de su propósito original.
Mientras la defensa de Manrique insistió en que su cliente permanezca en Bogotá y no está obligado legalmente a entregarse, la búsqueda por parte de las autoridades continúa. La falta de confirmación oficial sobre su captura y la persistencia de dudas en torno a otros allegados a Petro, como González, mantienen el caso en el centro del debate político y judicial colombiano.
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