Procurador confirma que se evalúa una apertura de investigación contra Juliana Guerrero: “Trabajamos sobre pruebas concretas”

La Procuraduría General de la Nación se encuentra actualmente en una etapa decisiva respecto al caso de Juliana Guerrero Jiménez, funcionaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro. El jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, se refirió al proceso interno que se adelanta para determinar si existen méritos jurídicos y probatorios que justifiquen la apertura de una investigación disciplinaria formal contra la joven servidora, que es señalada de utilizar aeronaves de la Policía Nacional para traslados personales y en compañía de su familia.

“Nosotros iniciamos unas averiguaciones preliminares ya hace dos semanas, con base en una información pública, con base en fuentes abiertas. Se vienen desarrollando las tareas, recopilando las pruebas que allí se mencionaron. Se están desarrollando, están por terminarse. Cuando se culmine su compilación, entonces haremos una evaluación si se abre formal la averiguación o se sigue otro rumbo”, expresó el procurador Eljach, al ser consultado por medios nacionales.

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Desde que se conoció el uso frecuente de vuelos oficiales por parte de Guerrero, especialmente el viaje realizado junto a su hermana desde Bogotá hasta Valledupar y posteriormente hasta Aguachica, la atención pública estuvo centrada en los criterios de designación, uso de recursos públicos y la existencia de autorizaciones formales. Según lo explicado por el procurador, no se puede proceder con base en la presión mediática ni en hipótesis: “Nosotros sobre presunciones no podemos trabajar, sino sobre pruebas concretas que estén en el expediente”.

En el centro del análisis disciplinario se encuentra el uso de al menos siete vuelos oficiales de la Policía Nacional, todos ellos solicitados por el ministro del Interior, Armando Benedetti, que señaló haber autorizado expresamente los traslados de Juliana Guerrero y su hermana Verónica.

Dicha autorización, aunque legalmente plausible si proviene del ministro encargado, fue cuestionada por diversos sectores que señalan presuntos excesos, favoritismos y un manejo discrecional de recursos públicos. Más aún, los documentos conocidos por medios de comunicación indican que Guerrero, de 22 años, que no cuenta con título profesional ni experiencia previa en administración pública, accedió a tales beneficios desde el mismo día de su nombramiento como secretaria del despacho del Ministerio del Interior.

En paralelo, la Contraloría General también solicitó información relacionada con el uso de aeronaves oficiales por parte de Guerrero. Aunque no se determinó aún una falta disciplinaria o fiscal, ambas entidades activaron mecanismos para evaluar la legalidad, la pertinencia y el impacto presupuestal de estos traslados, algunos de ellos realizados con acompañantes no mencionados en los registros de abordaje.

La polémica más relevante surgió a partir del vuelo del 19 de junio, de acuerdo con la investigación periodística de la revista Cambio, el propósito del viaje no habría sido una actividad oficial relacionada con la ‘Paz Total’ como había dicho el ministro Benedetti, sino una gestión política relacionada con la Universidad Popular del Cesar.

Juliana Guerrero habría participado en una sesión del Consejo Superior de dicha institución, en la cual se discutió una reforma que permitiría la reelección del rector actual. A esa visita asistieron también funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Igualdad, cuyas identidades no fueron incluidas en la documentación formal del vuelo.

Pese a las críticas, el presidente Gustavo Petro defendió a Juliana y Verónica Guerrero en diversos espacios, alegando que son víctimas de ataques mediáticos y políticos por su origen social. “Jóvenes rebeldes, de origen popular y de color”, fue la descripción ofrecida por el mandatario en su defensa pública.

Así, los siete vuelos identificados en los registros, comprendidos entre el 15 de mayo y el 3 de julio, fueron solicitados directamente por el despacho del jefe de cartera Benedetti. Algunos fueron hacia Montería, Barranquilla, Cartagena y Miraflores, por lo que la Procuraduría, en cumplimiento de su competencia constitucional, solicitó el acopio de toda la documentación relacionada con dichas solicitudes, así como los informes de misión, autorizaciones verbales y registros de vuelo de los acompañantes.