Un nuevo escándalo sacude a la Policía Metropolitana de Bogotá por la judicialización de doce uniformados, entre ellos un teniente y once patrulleros, por presuntos actos de corrupción.
De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía General de la Nación en la mañana del 5 de agosto, los capturados deberán cumplir medidas privativas de la libertad tras ser señalados de participar en una red de corrupción dentro de la institución.
Los agentes habrían incurrido en capturas ilegales, extorsión a detenidos, manipulación de informes judiciales y vínculos con estructuras delincuenciales, todo con el fin de obtener beneficios personales y maquillar las cifras operativas de los CAI bajo su cargo.
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Las graves irregularidades fueron descubiertas gracias a las denuncias presentadas por la comunidad en la localidad de Puente Aranda, en el centro de la capital, y a una serie de investigaciones lideradas por una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá.
La investigación también reveló que los procesados permitieron el paso de mercancía de contrabando hacia sectores como San Andresito, y que existió una presunta concertación con redes delictivas dedicadas al robo de cable y comercialización ilegal de cobre.
“Los policías se asociaban con personas en condición de calle para planear, ordenar el hurto de cable de la empresa de telefonía y comunicaciones ETB. Adicionalmente, permitían la quema de este cable para extraer el cobre, el cual era vendido en ocasiones hasta por los mismos uniformados en tiendas de compraventa de este metal”, indicó la jueza en las audiencias concentradas.
De acuerdo con el material probatorio recopilado, los uniformados estarían implicados en al menos 26 hechos delictivos, entre ellos se documentaron exigencias de dinero a personas capturadas en flagrancia por delitos como hurto o microtráfico, a cambio de no ponerlas a disposición de la Fiscalía.
“Cuando el personal de seguridad de los almacenes de cadena les dejaban a disposición personas que eran precisamente sorprendidas en flagrancia y puestas a disposición de los uniformados de camino a la estación. Con los detenidos ya esposados, estos uniformados, como ya era su modus operandi, iniciaban una presión psicológica, preguntaban a las personas si tenían hijos, si eran menores de edad, con quién los dejarían y pues así mismo les advertían sobre las posibles penas de prisión. Era por ello que las personas ante el miedo y la presión, pues solicitaban ayuda. Es así que los funcionarios entonces les ofrecían elaborar informes que no fueran tan pichos, lo que eran informes alterados que faltaban a la verdad para facilitar su liberación al día siguiente”, revelaron en la audiencia.
Así mismo, se evidenció que algunos de los implicados realizaron detenciones arbitrarias, sin sustento legal, para inflar las estadísticas de efectividad en sus zonas de patrullaje.
Para ocultar sus actuaciones irregulares, los agentes habrían alterado informes judiciales, con el fin de dar apariencia de legalidad a las capturas y procedimientos. Esta manipulación documental evitó, durante meses, que las irregularidades fueran detectadas por sus superiores dentro de la institución.
Uno de los hallazgos más comprometedores del proceso fue la identificación de cuentas bancarias ocultas, en las que se habrían movido más de 200 millones de pesos provenientes de actividades ilícitas.
Los 12 policías fueron presentados ante un juez de control de garantías, el cual legalizó sus capturas e imputó, según el grado de participación, delitos como concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, privación ilegal de la libertad, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
De los procesados, nueve deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que los tres restantes permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia mientras avanzan las investigaciones.
Este caso, que pone en entredicho la integridad de parte del cuerpo policial en Bogotá, se suma a otros episodios que en los últimos años han generado preocupación sobre los niveles de corrupción al interior de la Fuerza Pública. Las autoridades aseguraron que continuarán las indagaciones para determinar si hay más funcionarios involucrados y si existieron omisiones por parte de mandos superiores
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