Hay tensión al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), después de que exfuncionarios y trabajadores denunciaran que al menos 50 empleados prepensionados han sido apartados de sus cargos sin previo aviso ni posibilidad de reubicación, a pesar de haber superado el concurso de méritos y estar en las listas de elegibles.
Según testigos citados por la revista Cambio, solo una pequeña parte de esos trabajadores ha logrado el respaldo de la justicia, mientras la mayoría sigue a la espera de una solución administrativa.
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Estas denuncias surgen en medio de la reciente convocatoria 430 de 2016, que fue implementada en 2023 para la SIC y otras superintendencias, ejecutada por la Universidad Libre y dirigida por la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc).
De acuerdo con Cambio, uno de los puntos más delicados se relaciona con la omisión detectada durante el proceso, cuando la Cnsc consultó expresamente a la Superindustria si puestos ofertados estaban ocupados por personas próximas a jubilarse.
“La Cnsc le preguntó expresamente a la Superindustria si esos cargos estaban ocupados por personas cercanas a la pensión. Respondieron que no. Esa omisión permitió que los puestos fueran ocupados sin ninguna restricción, violando el derecho a la estabilidad reforzada”, explicó un abogado laboralista consultado por el medio.
La SIC, según la respuesta enviada a Cambio, atribuyó la situación a una obligación constitucional y legal, justificando que su papel consiste en garantizar que “sean los últimos en ser despedidos”.
La ley colombiana respalda la estabilidad laboral reforzada para varios grupos, entre ellos las personas con discapacidad, madres cabeza de hogar, prepensionados y quienes cuentan con fuero sindical. Aunque la legislación impone que estos trabajadores no pueden ser removidos sin alternativas de reubicación o compensaciones equivalentes, algunas tutelas interpuestas por exfuncionarios ya prosperaron en favor de prepensionados. En estos casos, los jueces han ordenado su reintegro y el respeto de sus derechos, e indicaron que, cuando no existan plazas disponibles, la entidad debe pensionarlos directamente o crear vacantes equivalentes.
Al interior del área de Talento Humano de la SIC, la controversia aumentó ante la reubicación rápida de Miguel Ángel Zambrano Ulloa, hijo de la Coordinadora Luz Marina Ulloa, tras no superar el concurso de méritos y permanecer en provisionalidad.
El argumento presentado fue una discapacidad osteomuscular, lo cual permitió su reasignación a otro cargo en un plazo inferior a un mes. “Mientras tanto, a funcionarios con diagnósticos graves, incluso oncológicos, los están sacando sin contemplaciones”, declaró una fuente interna citada por Cambio.
Además, las denuncias de presunto nepotismo al interior de la SIC se intensificaron al revelarse que la esposa de Zambrano Ulloa tiene un contrato vigente con la entidad.
Consultada por la revista Cambio, la SIC defendió estas decisiones indicando que el nombramiento de Zambrano Ulloa ocurrió bajo la administración anterior, y que, a la fecha, Luz Marina Ulloa no laboraba en la entidad. Además, señalaron que la reubicación cubrió a varios funcionarios que acreditaron discapacidad. Según comunicaron, las reubicaciones siguen en proceso.
La SIC, citando sentencias como la SU-003 de 2018 y la T-421 de 2024, afirmó que el orden de reubicación de funcionarios sigue el establecido por el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, dando prioridad a personas con discapacidad, luego a mujeres en estado de embarazo, jefes de hogar, prepensionados y personas con fuero sindical.
Exfuncionarios alegan, a pesar de esos lineamientos y el reconocimiento de cargos vacantes, que la SIC no ha utilizado esas plazas para proteger a quienes la ley ampara.
“Yo solicité la reubicación en enero… A todos nos declararon insubsistentes”, relató uno de los cesados. Otro trabajador detalló que, aunque presentó pruebas de ser único sostenedor de familia, la entidad exigió requisitos adicionales antes de su desvinculación. Según el testimonio recogido, “la SIC quiere quedarse con esos puestos y entregarlos a sus apadrinados políticos”.
La entidad, al mando de Cielo Rusinque, cuenta con más de 1.500 empleados y su administración ha sido interpelada por la prensa sobre las decisiones adoptadas.
Ante los cuestionamientos, Rusinque aseguró que las denuncias constituyen “falsedades” y que por ahora no pueden responder con detalle debido a “muchas urgencias” relacionadas con la misión institucional.
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