Durante la mañana del 30 de julio, el excanciller Álvaro Leyva participó de manera virtual en una diligencia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
La sesión duró cerca de cuatro horas y tuvo como eje las cartas que dirigió al presidente Gustavo Petro.
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Estas misivas, conocidas públicamente, contienen afirmaciones que dieron lugar a una investigación en esa instancia legislativa.
En la audiencia, Leyva sostuvo los planteamientos expresados anteriormente sobre la conducta del mandatario en giras internacionales.
En sus intervenciones mencionó viajes oficiales a países como Turquía, China y Reino Unido, así como desplazamientos internos en Colombia. En algunos pasajes de su exposición, según fuentes legislativas, hizo uso de grabaciones que buscaban respaldar sus afirmaciones, y pidió que se lleven a cabo nuevas diligencias presenciales que permitan contrastar lo relatado.
También expuso situaciones relacionadas con presuntas ausencias no explicadas del presidente durante compromisos diplomáticos, en las que, según sus palabras, el mandatario no apareció o lo hizo con comportamientos que describió como “extraños”, aunque aclaró que no siempre podía asegurar directamente algunas de las observaciones que hacía.
Uno de los episodios detallados en la Comisión estuvo relacionado con el Foro Económico Mundial realizado en Davos, Suiza, en enero de 2023.
Leyva afirmó que el presidente no asistió a una reunión previamente acordada con el ex primer ministro británico Tony Blair. “¿Dónde está el presidente?”, dijo haber escuchado en esa ocasión, sin que se diera una explicación oficial. En una de sus cartas, reiteró: “Sentí pesar por él (el presidente). Tras una cena privada dejó de ser usted localizable”.
Además, durante su declaración, el exfuncionario comentó que tuvo oportunidad de dialogar con Tony Blair sobre temas económicos ante la ausencia del jefe de Estado colombiano.
En otro apartado de la diligencia, Leyva se refirió a un médico psiquiatra que, según fuentes del Congreso, estaría atendiendo al presidente con excusas médicas. Aseguró que dicho profesional atiende casos relacionados con consumo de sustancias y licor. No se confirmó si hablaba de Miguel Bettin, a quien anteriormente había mencionado por su experiencia en el tratamiento de adicciones.
Leyva reiteró observaciones sobre el consumo de licor por parte del mandatario, pero fue más reservado al hablar de drogas. Según una fuente parlamentaria, el excanciller aclaró que sobre este punto no tenía pruebas directas.
Durante la audiencia, el congresista Wadith Manzur preguntó por una carta del 22 de abril en la que Leyva hizo mención a Laura Sarabia, también exfuncionaria del Gobierno. En esa misiva escribió: “Finalmente, comprendí que ella era dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y, además, le satisfacía algunas necesidades personales”. Sin embargo, frente al interrogante, Leyva respondió de forma evasiva. De momento, no se prevé que Sarabia sea llamada a testificar.
La investigación que adelanta la Comisión se divide en dos vías: una de carácter disciplinario y otra penal. La primera se encuentra más avanzada, y en ella Leyva fue escuchado como testigo. En cuanto al proceso penal, se centra en determinar si hubo una posible motivación falsa en el Decreto 1009 de 2023, que justificó una extensión del viaje del presidente a París alegando razones técnicas en el aeropuerto. Según la versión del excanciller, el presidente estuvo inubicable durante 48 horas.
En la misma audiencia, Leyva expresó que posee elementos probatorios adicionales que respaldan lo manifestado en sus cartas. Solicitó un nuevo espacio para ser escuchado, esta vez de forma presencial, y anticipó que presentaría documentación sobre las obligaciones internacionales que, a su juicio, no fueron atendidas por el mandatario.
La diligencia se vio interrumpida por una recusación presentada por la defensa del presidente contra el congresista Carlos Cuenca, quien encabeza el equipo investigador. Esta acción fue motivada por una presunta filtración de información a medios de comunicación. Si bien ese argumento no tiene antecedentes de éxito en el Congreso, Cuenca deberá pronunciarse antes de que los 18 miembros de la Comisión decidan si se acepta la recusación.
La eventual práctica de un examen toxicológico y psicológico al presidente también ha sido sugerida en el marco de la investigación disciplinaria. Esta decisión depende del consenso entre Cuenca, Manzur y Olga Lucía Velásquez, integrantes del triunvirato investigador. Cuenca estaría a favor de dicha medida. Velásquez, cercana políticamente al Gobierno, no la respaldaría. Manzur, por su parte, aún no define su postura.
Para ordenar esas pruebas se requieren al menos dos firmas. En caso de que se logre, podría marcar un precedente en el país, ya que sería la primera vez que se evalúa a un jefe de Estado con ese tipo de exámenes en el marco de un proceso en el Congreso.
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