La decisión del Ministerio de Salud de avanzar en la reforma del sistema de salud mediante el decreto 0858 ha generado una fuerte controversia política, marcada por el rechazo frontal del Congreso de la República.
El presidente de la Comisión Séptima del Senado, Miguel Ángel Pinto, fue categórico al afirmar que este decreto “no se va a sostener” ante un eventual control de constitucionalidad y advirtió que la Comisión seguirá debatiendo la reforma en el Congreso, pese a los intentos del Gobierno por aprobarla vía reglamentaria.
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“La Comisión Séptima va a tramitar, va a debatir y va a discutir este proyecto de ley, porque estamos seguros que este decreto se cae rápido en la Corte Constitucional y vamos a seguir continuando con nuestro debate en la Comisión Séptima”, afirmó Pinto en declaraciones con el medio Blu Radio.
Esta postura refleja la creciente tensión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en medio de la coexistencia de dos vías paralelas para una reforma clave: el proyecto de ley en curso en el Congreso y la implementación de cambios mediante un decreto.
El senador Pinto, representante del Partido Liberal y presidente de la Comisión encargada de asuntos de salud, subrayó que el decreto supone una “maniobra” del Gobierno Nacional para evadir el proceso democrático de discusión y aprobación parlamentaria.
“Si la reforma fuera viable por vía reglamentaria, el proyecto no habría tenido que tramitarse en el Congreso desde un inicio”, explicó, en clara crítica a la estrategia del Ministerio de Salud.
Para Pinto, la expedición del decreto no solo es ilegal, sino que vulnera los principios básicos de la democracia y la deliberación pública, pilares fundamentales en una reforma tan sensible.
“Este decreto es inconstitucional porque desconocen el papel del Congreso como legislador”, agregó, y sostuvo que la medida desconoce además la necesidad de un debate abierto, donde participen no solo los legisladores, sino también los distintos actores del sistema de salud, incluidos pacientes, médicos, IPS y expertos.
El senador también hizo referencia a la contradicción entre el discurso conciliador del ministro del Interior, Armando Benedetti, y la acción paralela del Ministerio de Salud.
“Ayer el ministro del Interior hablaba de abrir un puente de participación, pero hoy el ministro de Salud implementa la reforma a través de un decreto”, señaló.
Para Pinto, esta doble vía genera desconfianza y pone en duda la real voluntad del Ejecutivo para llegar a consensos.
Benedetti había manifestado recientemente su disposición para ceder en algunos puntos y facilitar un diálogo efectivo entre Gobierno y Congreso.
Sin embargo, para el presidente de la Comisión Séptima, la expedición del decreto evidencia lo contrario: “El mensaje que da el ministro de Salud es que le interesa poco el Congreso, que no quieren tramitar la ley y la quieren sacar vía decreto, lo cual es automáticamente inconstitucional”.
El contexto de esta controversia remite a un antecedente cercano: la reforma laboral que fue archivada en la Comisión Séptima y que luego fue reactivada mediante una apelación, la cual, según Pinto, obedeció más a una decisión política que a un fundamento jurídico.
“La reforma laboral fue debatida y discutida ampliamente. Hicimos ocho audiencias públicas y cuatro mesas técnicas en todo el país”, aclaró el senador para desmentir la percepción de bloqueo legislativo.
Pinto también criticó la actitud del Ejecutivo frente a la crisis institucional que vive el país, señalando que el presidente tiene la costumbre de responsabilizar a terceros por los problemas nacionales.
“El presidente le echa la culpa a todos: a sus ministros, a sus funcionarios, al Congreso, a las Cortes, a los jueces, a los medios… pero nunca a quien realmente pilota el avión”, expresó.
A pesar de la crisis política generada por la expedición del ‘decretazo’, la Comisión Séptima ratificó su compromiso con el trámite parlamentario del proyecto de ley sobre la reforma a la salud.
“No vamos a ceder en nuestra función deliberativa ni legislativa. El Congreso es la casa de la democracia y no permitiremos que el Ejecutivo se la salte con un decreto que no tiene sustento jurídico”, concluyó Pinto.
La polémica ahora se traslada a la Corte Constitucional, que deberá determinar si el decreto 0858 respeta los límites del poder reglamentario del Gobierno o si, por el contrario, invade la esfera legislativa, lo que podría anularlo.
La eventual declaratoria de inconstitucionalidad confirmaría la tesis de Pinto y ratificaría la necesidad de un debate democrático y transparente sobre la reforma del sistema de salud.
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