El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encabezado por Germán Ávila, radicó ante el Congreso el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, con un monto histórico de $556,9 billones, lo que representa el presupuesto más alto en la historia de Colombia. Con este PGN se busca consolidar la política fiscal del país y enfrentar los principales retos económicos y sociales de la nación, apostando a la eficiencia del gasto público, la sostenibilidad fiscal y la inversión social.
Uno de los puntos clave del nuevo presupuesto es que baja su peso respecto al Producto Interno Bruto (PIB): de 29% en 2025 a 28,9% en 2026. Del total del presupuesto, $26,3 billones corresponden a recursos contingentes sujetos a la aprobación de la esperada ley de financiamiento, que será fundamental para que el Gobierno cuente con la liquidez necesaria para llevar a cabo las prioridades.
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Según el Ministerio de Hacienda, la aprobación de esa ley permitirá acceder a fuentes de financiación para cubrir nuevos gastos y apoyar la activación de la denominada cláusula de escape de la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB), como está contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).
La cartera resaltó que este proyecto permite al país una gestión fiscal compatible con la estabilidad macroeconómica y evita los riesgos de un ajuste fiscal abrupto, que podría afectar de forma negatia el crecimiento, la generación de empleo y la calidad de vida de los colombianos. También, advirtió que cualquier ajuste que ahogue el crecimiento limitaría la capacidad de recaudar impuestos y minaría la sostenibilidad de la deuda pública.
Apuesta alineada a tendencias globales
El presupuesto 2026 de Colombia se describe como una apuesta estratégica alineada con las tendencias globales, ya que el Gobierno plantea flexibilizar la regla fiscal de manera responsable para proteger los niveles de inversión social y pública. Con ello, se busca evitar crisis macroeconómicas profundas y reducir el riesgo de crisis fiscales recurrentes, diferenciándose de otros países que destinan estos recursos a fines militares.
La prioridad del Gobierno, según el Ministerio de Hacienda, es financiar la vida, la paz y la modernización productiva basada en justicia social.
Se destaca, entre otras cosas, y sacando el servicio de la deuda, los siguientes sectores con mayor presupuesto:
- Defensa y Policía: de $64.232 billones (2025) a $68.931 (2026).
- Educación: de $81.653 a $88.255 billones.
- Salud y Protección Social: $67.175 billones a $78.111 billones.
- Hacienda: $27.469 billones a $31.858 billones.
Mientras que los de menor presupuesto, son los siguientes:
- Deporte y Recreación: de $468 billones a 312 billones.
- Ciencia, Tecnología e Innovación: de $302 billones a $385 billones.
- Empleo Público: de $630 billones a $668 billones.
- Inteligencia: de $202 billones a $189 billones.
El texto resalta la necesidad de un modelo económico diversificado, apoyado por la digitalización y la descarbonización, para potenciar el recaudo tributario y fortalecer la sostenibilidad fiscal. El Ministerio también cuestionó la baja eficacia de destinar grandes recursos a concesiones viales y subsidios a combustibles fósiles, que no han reducido la desigualdad ni logrado una verdadera transformación económica ni productiva.
Cambio de enfoque del Gobierno
El proyecto de presupuesto 2026 representa un cambio de enfoque, con el Estado liderando la transformación social y productiva en línea con los principios de equidad, justicia social y desarrollo regional. La ejecución de gran parte del gasto responde a mandatos constitucionales y legales, aunque el margen para nuevas inversiones está restringido por pagos de deudas heredadas de la pandemia y otros compromisos futuros.
El Ministerio de Hacienda destacó que el PGN 2026 se mantiene constante como porcentaje del PIB en 28,9% en comparación con 2025. Sin considerar el servicio de la deuda pública, que asciende a $102 billones (5,3 % del PIB). Este rubro disminuiría $10,2 billones (-9%) desde $112,6 billones en 2025, como resultado de un menor pago de intereses, producto de operaciones de manejo de deuda en los mercados financieros.
El gasto de funcionamiento programado es altamente inflexible. Cinco rubros explican alrededor del 80% de su crecimiento en 2026 respecto a 2025:
- Sistema General de Participaciones (SGP).
- Pensiones incluidas las asignaciones de retiro.
- Aseguramiento en salud.
- Instituciones de Educación Superior Pública (IESP).
- Gastos operacionales (nómina, mantenimiento y servicios públicos) de Defensa, Policía, Rama Judicial.
Inversión pública
Pese a la rigidez presupuestal, la inversión pública programada asciende a $88,8 billones en 2026 (4,6% del PIB), 0,3 puntos porcentuales del PIB superior a la registrada en 2025, cuando llegó a 4,3 % del PIB.
Por otro lado, el Ministerio de Hacienda propuso un “gran pacto fiscal” dirigido a lograr consensos políticos y sociales para impulsar reformas estructurales, fortalecer el recaudo y garantizar una mejor calidad del gasto público. De no obtenerse este consenso, el país podría enfrentar graves desafíos económicos y sociales a largo plazo.
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