Mientras la atención nacional se mantiene sobre el reciente fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, declarado culpable en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, el procurador general, Gregorio Eljach, entregó su posición sobre el caso.
En medio de una rueda de prensa adelantada en la mañana del martes 29 de julio, Eljach aseguró que el Ministerio Público respeta plenamente las decisiones emanadas por la justicia en el caso que involucra al exmandatario.
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“A los jueces y a la justicia hay que dejarlos tranquilos y en paz, que ellos hagan su tarea, que es de la mayor importancia para la democracia, Colombia tiene un diseño institucional muy fuerte, muy sólido y quedan recursos por utilizar si así lo tienen a bien las partes, de manera que no hay algo definitivo aún”, manifestó el jefe del Ministerio Público, destacando el robusto marco institucional colombiano y la existencia de instancias adicionales para presentar recursos legales.
Además, Eljach también envió un mensaje a los colombianos para recordar al ser humano que hay detrás del político y líder natural del Centro Democrático, además de enviar un mensaje a su familia.
“Quiero que pensemos también en la persona humana, en el ser humano que está allí afectado, en esa familia, en ese dolor, en esa tribulación, que a cualquier colombiano le afectaría y sé que al presidente Uribe también lo está afectando en su entorno familiar y eso hay que considerarlo”, expresó el funcionario, mostrando especial sensibilidad hacia las consecuencias individuales de un proceso de esta naturaleza.
En cuanto a la posibilidad de que la Procuraduría General formule alguna solicitud en el proceso contra el líder del Centro Democrático, como la apelación del fallo o la petición respecto a su situación de libertad —temas que se mencionaron tras la audiencia reciente—, Eljach explicó cómo se estructura la participación del Ministerio Público en este tipo de casos.
Indicó que cualquier decisión sobre apelaciones o requerimientos legales recae en el procurador delegado, Bladimir Cuadros, quien ha acompañado el proceso desde sus inicios.
“La decisión de apelar o no la tiene el procurador delegado que ha venido actuando desde el comienzo del proceso, él tiene autonomía, independencia para actuar y el procurador no le señala orientación al respecto, él hace eso así y es responsable de lo que haga”, señaló Eljach.
El líder del Ministerio Público insistió en dejar que la justicia avance en sus tiempos y procedimientos, destacando que cualquier pronunciamiento sustancial o determinación sobre la libertad, medidas de aseguramiento o recursos extraordinarios, se ajustarán a la autonomía del delegado asignado al caso. Así, el proceso legal de Álvaro Uribe Vélez continúa bajo la estricta observancia de las garantías procesales y el respeto institucional por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Procuraduría y Congreso trabajarán para proteger las elecciones de 2026
El reciente apoyo explícito de los presidentes del Senado y la Cámara al concepto de “Paz Electoral” se concretó en un encuentro relevante para el panorama político colombiano.
Lidio García y Julián López, quienes encabezan ambas cámaras, sostuvieron una reunión este martes con el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, durante la cual discutieron mecanismos conjuntos para fortalecer la institucionalidad y proteger el proceso electoral programado para 2026, en el que se elegirá tanto al Presidente de la República como al nuevo Congreso de la República.
Las partes acordaron avanzar de manera coordinada en el blindaje del proceso democrático, subrayando la importancia de la transparencia y la libertad en la participación de la ciudadanía en las urnas.
El procurador Eljach, quien ha hecho de la llamada “Paz Electoral” un eje de su gestión, recibió respaldo total de los líderes parlamentarios a esta iniciativa, orientada a garantizar la seguridad y confiabilidad del proceso de votación para todos los colombianos el próximo año.
Durante la reunión, los tres funcionarios suscribieron un compromiso enfocado en preservar la “tranquilidad institucional” en la coyuntura política actual.
Esta alianza trasciende el ámbito legislativo, pues también cuenta con el acompañamiento del Registrador Nacional, Hernán Penagos, y del Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, fortaleciendo un frente común entre distintas ramas del poder público para proteger la legitimidad del sistema electoral.
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