El reciente fallo judicial que condenó al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por el delito de soborno en actuación penal ha generado una fuerte ola de rechazo que trasciende fronteras, alcanzando a la comunidad colombiana residente en el sur de la Florida.
En una rueda de prensa celebrada en West Miami, líderes, activistas y funcionarios locales expresaron su respaldo al exmandatario y denunciaron lo que calificaron como un “plan maquiavélico para afectar la democracia colombiana”.
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Durante el encuentro, varios participantes coincidieron en que Uribe fue fundamental para devolver la paz y el orden al país.
Juan Manuel Hertz, exviceministro durante la administración Uribe, reveló que cerca de cien ciudadanos firmaron una carta dirigida al expresidente para manifestar su apoyo incondicional, un reflejo del impacto que ha generado la decisión judicial en amplios sectores.
La condena fue emitida por la jueza Sandra Heredia y marca un hecho histórico al convertir a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado en un juicio penal ordinario.
Este proceso judicial se remonta a 2012, cuando el senador Iván Cepeda presentó una denuncia por supuesta manipulación de testigos por parte del exmandatario y su exabogado Diego Cadena.
Las pruebas clave para la condena fueron interceptaciones telefónicas y grabaciones que la jueza consideró válidas, desestimando los argumentos de la defensa respecto a su legalidad.
En la rueda de prensa, el alcalde de West Miami, Eric Diaz-Padrón, calificó a Uribe como “una figura muy importante de los últimos tiempos en Colombia” y expresó su solidaridad con el expresidente.
Por su parte, Fabio Andrade, comisionado de Weston y líder de la comunidad colombiana en esa región, calificó la sentencia como “un plan maquiavélico para afectar la democracia colombiana” y afirmó que se trata de un “juicio político” con motivaciones partidistas.
Andrade resaltó también la fortaleza de los vínculos entre la comunidad colombiana y los líderes locales, y agradeció el respaldo de congresistas estadounidenses como Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y Elvira Salazar, quienes han manifestado públicamente su apoyo a Uribe.
Esta red de solidaridad fortalece el lazo entre los colombianos en Estados Unidos y sus representantes políticos.
El congresista David Borrero, de ascendencia colombiana, participó en el evento y alertó sobre el creciente temor que está impulsando a muchos colombianos a emigrar.
Cuestionó la acusación contra Uribe, a quien describió como “pieza clave en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico”, y exigió “total imparcialidad” a la justicia colombiana.
Borrero destacó que no solo los colombianos, sino también venezolanos, cubanos y nicaragüenses residentes en Estados Unidos “están levantando su voz por la democracia en Colombia”.
En una entrevista con Caracol Radio, Borrero amplió sus críticas al proceso judicial contra Uribe, estableciendo un paralelo con experiencias recientes en Estados Unidos.
Señaló que en ese país hubo una experiencia similar, en la que, según él, el expresidente Biden intentó usar el Departamento de Justicia para perjudicar a Donald Trump sin fundamentos.
Consideró que esas acusaciones resultaron ser una “farsa” y expresó preocupación por la desconfianza que generan procesos judiciales con motivaciones políticas.
Como abogado, Borrero afirmó que el sentido común indica que la acusación contra Uribe es un ataque político con el fin de desestabilizar a un adversario.
Recalcó que Uribe, reconocido por combatir a la guerrilla y fortalecer la seguridad, no tiene vínculos con paramilitares, como se ha pretendido señalar.
Finalmente, subrayó que el proceso debe ser neutral y enfocado en la verdad, aunque reconoció las diferencias entre los sistemas judiciales de Colombia y Estados Unidos.
Borrero también defendió que expresar preocupaciones desde Estados Unidos sobre la justicia colombiana no constituye una injerencia, sino un legítimo ejercicio de opinión por parte de funcionarios electos.
Enfatizó la importancia de mantener buenas relaciones bilaterales entre ambos países, especialmente por tratados de libre comercio y cooperación.
En paralelo, el senador republicano Rick Scott hizo un llamado al Gobierno estadounidense y a la comunidad internacional para respaldar a Uribe tras la condena en primera instancia.
“La persecución contra el presidente Uribe es terrible”, afirmó, y aseguró que defender la libertad y la democracia en Colombia es fundamental, instando a una solidaridad activa con el exmandatario.
Por su parte, integrantes del partido Centro Democrático, liderado por Uribe, respetaron la decisión judicial pero advirtieron que no permitirán que la justicia sea utilizada como escenario de rencillas políticas.
Además, reservistas de la Armada Nacional de Colombia radicados en Florida manifestaron un apoyo “amplio y firme” al expresidente, mostrando la diversidad del respaldo que ha despertado la sentencia en amplios sectores civiles y militares.
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