Exmiembros del antiguo secretariado de las Farc radicaron tutela ante la JEP para frenar juicio por secuestro: estos son los argumentos

A las puertas de una audiencia decisiva, el antiguo secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) tomó una decisión inesperada frente al proceso que cursa en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Siete de los cabecillas que firmaron la paz en 2016 radicaron una tutela ante el alto tribunal, con el que buscarían frenar el juicio del macrocaso 01, en el que se los acusa por el delito de secuestro en el marco del conflicto armado.

El recurso fue radicado el jueves 24 de julio y consta de 61 páginas, en el que los accionantes expusieron los motivos para interponer este recurso. La tutela, que se dio a menos de una semana de la audiencia clave para la verificación de condiciones y la imposición de sanción, solicita al tribunal en mención el cese inmediato de todos los trámites en la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SeRVR).

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Los ex jefes guerrilleros piden detener el trámite justo antes del desenlace del proceso que podría llevarlos a enfrentar una sentencia por crímenes de guerra y lesa humanidad, que está programado para los días jueves 31 de julio y viernes 1 de agosto. Entre los firmantes están Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra, que afirmaron que se vulneraron sus derechos fundamentales.

Los accionantes relacionados, según se precisó en el documento, indicaron que no se ha respetado el derecho al debido proceso, a la defensa, a la seguridad jurídica y a los principios de legalidad y non bis in idem: un principio jurídico en el que se establece la prohibición para que una persona sea sancionada dos veces por el mismo hecho. Y reclamaron a la Sección de Revisión que la audiencia ha sido convocada sin el cumplimiento de garantías mínimas.

El escrito presentado señala directamente al auto expedido el 29 de abril, en el que alegó que “el trámite de reconocimiento de responsabilidad fue reabierto sin base normativa y con la imposición de cargas procesales no previstas en la ley”, según reseñaron medios como La Silla Vacía y El Tiempo. Con ello, han pedido dejar sin efecto esta providencia y piden reponer una decisión anterior sobre la calificación jurídica de los hechos.

Al tiempo que han pedido que se amplíe la resolución de conclusiones proferida en noviembre de 2022, “de forma que se emita una única resolución y se unifique la futura sanción contra la antigua cúpula”.

La tutela también pretendería que la Sección de Revisión modifique la calificación de delitos como la esclavitud y la esclavitud sexual, en lo concerniente con los secuestros, al afirmar que “no existen pruebas suficientes para sustentar tales imputaciones”. Y señalaron que la inclusión de estos delitos vulnera legalidad penal, pues “la JEP solo puede emitir una única resolución de conclusiones sobre todos los crímenes cometidos por los excomandantes”.

Durante las etapas iniciales del proceso, el antiguo secretariado reconoció imputaciones por delitos como la esclavitud; pero posteriormente, en la fase de juicio, retrocedió en su aceptación, pues pidió revaluar los cargos y negó responsabilidad plena en otros hechos como el reclutamiento de menores, la tortura y la esclavitud sexual. Hace menos de un mes, el grupo también se había negado a admitir responsabilidad por estos crímenes con niños y niñas.

Según se ha conocido, el curso de la estrategia legal se ha caracterizado en los últimos dos años por la presentación recurrente de tutelas y recursos ante la JEP que buscarían dilatar el procedimiento. Con este, ya suman ocho las acciones semejantes interpuestas desde el avance del macrocaso, y en cada una de ellas los comparecientes han reiterado vulneraciones al debido proceso, al insistir en que el tribunal debe resolver las imputaciones en un solo fallo.

El partido Comunes expresó en un comunicado reciente su respaldo a los dirigentes, e indicó, en referencia expresa a Londoño, que “su compromiso con la paz y la verdad sigue firme”. En el escrito que se divulgó en los medios de comunicación, también le solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz “avanzar en una única resolución de conclusiones”, con lo que reiteraron así la demanda central que el grupo lleva a las instancias judiciales.

De acceder a la petición, la JEP deberá aplazar el cumplimiento del último requisito antes de emitir condena sobre una de las cúpulas más poderosas de la antigua insurgencia, lo que podría sentar un precedente sobre la posibilidad de que casos emblemáticos se dilaten de manera indefinida. Esto, además, podría implicar la posibilidad real de que el avance hacia una sentencia vuelva a quedar suspendido por varios meses, mientras se toma una determinación.

El auto de la JEP otorga a la Sección de Revisión un plazo de 10 días para decidir si admite la tutela y suspende el proceso, tal como lo han reclamado públicamente los excomandantes. Mientras tanto, crece la expectativa sobre el destino judicial de la investigación por los secuestros, en una tragedia que marcó la historia de miles de familias en Colombia bajo el poder de una de las organizaciones armadas que operó en el territorio nacional, por más de 50 años.