
Delegados del Departamento de Estado de Estados Unidos se reunirán con dirigentes del Centro Democrático y con el abogado Víctor Mosquera.
Según la periodista Maritza Aristizábal, el objetivo de este encuentro es solicitar un pronunciamiento por los casos relacionados con el expresidente Álvaro Uribe y el senador Miguel Uribe.
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Los dirigentes del partido acudirán, además, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para presentar sus preocupaciones. Según lo señalado, buscarán acciones concretas frente a la situación judicial de ambos líderes.
Este movimiento político refleja la intención de que haya una respuesta internacional sobre las investigaciones y procesos actuales en Colombia, especialmente aquellos que, según el partido, afectan las garantías políticas y judiciales, como lo será la definición en la sentencia en la que se decidirá si el expresidente Álvaro Uribe es culpable o inocente en los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.
A pesar de que no se conoce las identidades de aquellos representantes del Centro Democrático, ni la cantidad, se conoce que, por ejemplo, luego de conocer la avanzada política a Estados Unidos, la senadora Paloma Valencia se pronunció a favor de Uribe Velez.
"El presidente @AlvaroUribeVel le devolvió a Colombia la seguridad y la esperanza. Hoy enfrenta un reto difícil, pero no hay ninguna prueba que haga que los colombianos duden de su inocencia“, dato aparte, Valencia publicó un video con este mensaje en su cuenta oficial de X, antes Twitter.
Incluso, con una segunda parte que posteriormente borró, en el que decía “Hola Senadora, nos autoriza? Para ir moviendo contenido del Presidente”.

Defensa de Uribe descarta prisión tras inminente fallo judicial
“La presunción de inocencia se mantiene incólume hasta que no quede, quede en firme una decisión que diga lo contrario. ¿Segundo? Evidentemente, quien haya estado en el proceso de libertad, pues debe prevalecer la libertad en el evento de una decisión de primera o de segunda instancia que le fuere adversa”, afirmó Jaime Granados, abogado defensor de Álvaro Uribe Vélez, dejó clara su postura a pocos días de que la justicia colombiana emita un fallo sobre el futuro judicial del expresidente.
La declaración, realizada en entrevista con Semana subraya la convicción de la defensa: Uribe no irá a prisión, sin importar la decisión de la jueza.
El próximo lunes 28 de julio de 2025, la jueza 44 penal con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, anunciará el sentido del fallo en el proceso que involucra al exmandatario. Uribe Vélez enfrenta cargos por presunta participación en fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos, en un juicio que se ha extendido durante 67 sesiones.
La expectativa nacional se centra en la decisión de la jueza, que podría marcar un hito en la historia judicial y política de Colombia.Durante la última fase del proceso, el propio Uribe intervino ante el tribunal.

Solicitó a la jueza su absolución, argumentando supuestas irregularidades en la etapa de juicio y cuestionando la legalidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.
“Señora juez, yo quisiera pedirle respetuosamente que considere absolverme”, expresó el exsenador, quien insistió en su inocencia tras exponer sus argumentos durante dos días.
La defensa, encabezada por Granados, sostiene que la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar la culpabilidad de su cliente.
Según el abogado, a lo largo de las sesiones quedó en evidencia la inocencia del exmandatario. “Todavía no he encontrado a ningún observador imparcial que pueda sostener que haya habido o que se haya probado lo que la Fiscalía pretendió probar”, afirmó Granados en declaraciones recogidas por el medio mencionado.
El letrado enfatizó que la legitimidad de cualquier decisión judicial depende de que su motivación se corresponda con lo probado en el juicio, citando al profesor Luigi Ferrajoli para reforzar su argumento.
En caso de que la jueza Heredia emita un fallo condenatorio, la estrategia de la defensa contempla solicitar la prisión domiciliaria mientras se tramita la apelación.
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