Colombianas aseguraron que fueron engañadas y obligadas a prostituirse en Albania: “Cuando íbamos a regresar, nos arrestaron en el aeropuerto”

Varias mujeres de nacionalidad colombiana viajaron a Albania con la promesa de trabajar como bailarinas en clubes nocturnos, pero al llegar fueron forzadas a ejercer la prostitución.

Además de ser retenidas y despojadas de sus pasaportes por la policía, se conoció la historia de Stefanía, una de las víctimas, que refleja la situación que viven cientos de mujeres en el mundo, atrapadas por redes de trata que prometen mejores condiciones y terminan imponiendo explotación sexual.

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“Somos colombianas, vinimos aquí engañadas por personas que nos trajeron, porque veníamos con la intención de bailar. Cuando llegamos aquí, teníamos deudas y nos dijeron que debíamos pagarlas, quedándonos aquí y trabajando como prostitutas. Aceptamos hacerlo, pagar la deuda y luego irnos. Cuando íbamos a regresar, nos arrestaron en el aeropuerto”, relató la connacional en un informe por parte de Pamfleti.net.

Las autoridades albanesas aseguran que detectaron un nuevo esquema de explotación en el que mujeres extranjeras, y en especial de latinoamericanas, llegan al país para permanecer entre dos y cuatro meses y luego son reemplazadas por otras en actividades ligadas a la prostitución comercial.

“Nosotras hacemos bailes sensuales frente a hombres, pero no somos prostitutas. Para venir a Albania y trabajar, buscamos un contacto, porque la situación en Colombia no es buena. Somos madres solteras y pensamos en una manera de ganar dinero. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que no estábamos para ese trabajo, sino que habíamos caído en una red de prostitución. Estas personas ya fueron identificadas por las autoridades y una de ellas está en prisión”, explicó.

Las mujeres permanecieron detenidas dos meses en Pogradec (población situada en el suroriente de Albania) y, tras el inicio del proceso judicial, llevan dos meses más en Tirana (la capital) sin poder salir del país ni recuperar sus documentos.

Según Stefanía, “no nos dejan salir. No tenemos pasaportes porque nos los quitaron. Estamos sin hogar, sin alimentos y hasta ahora una fundación nos ha ayudado”.

Las afectadas tienen familias en Medellín y piden apoyo para regresar a Colombia porque el proceso judicial continúa y podrían ser juzgadas en ausencia tras haber sido engañadas y explotadas en el extranjero.

Las autoridades españolas, mediante una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, desarticularon una red dedicada a la trata de personas en varias provincias del país y liberaron a 162 mujeres, en su mayoría sudamericanas, entre ellas colombianas y venezolanas.

Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución bajo vigilancia permanente y en condiciones consideradas inhumanas.

La acción policial, producto de varios meses de investigación, se llevó a cabo simultáneamente en ciudades como Valencia, Barcelona, Málaga, Murcia, Castellón, Alicante y Tarragona. Se realizaron 39 registros en inmuebles habilitados como prostíbulos. Durante los operativos, fueron detenidas 37 personas, incluidas las cabezas de la organización; nueve de ellas quedaron en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

La red criminal funcionaba de forma estructurada en siete provincias españolas y se especializaba en captar a mujeres en situación de vulnerabilidad tanto en España como en sus países de origen.

Los bandidos les prometían trabajos legales y la posibilidad de regularizar la situación migratoria de las víctimas. Una vez en territorio español, las mujeres eran despojadas de sus documentos, confinadas en inmuebles y sometidas a aislamiento, control y disponibilidad permanente para los clientes.

Las condiciones reportadas incluían hacinamiento, falta de privacidad y extensas jornadas de trabajo. Las amenazas de violencia y la privación de libertad impedían que las mujeres pudieran abandonar los lugares donde eran explotadas.

El caso saltó a la luz pública luego de que varias víctimas lograran escapar y denunciar su situación. Sus testimonios permitieron a las autoridades abrir la investigación e identificar la totalidad de la estructura criminal, facilitando los arrestos y la liberación de las víctimas. La operación tuvo un especial despliegue en la Comunidad Valenciana, considerada como el principal foco de actividad de la organización.

Según la investigación, la red no solo reclutaba y trasladaba a las mujeres, sino que también gestionaba la logística interna de los locales, la captación de clientes y la vigilancia constante sobre las víctimas. Los responsables imponían tarifas, horarios y normativas estrictas sobre el trabajo sexual.

Las autoridades españolas resaltaron la importancia crucial de las denuncias para el combate contra las redes de trata y explotación sexual, además de señalar la necesidad de mantener la cooperación internacional dada la naturaleza transnacional de estos delitos.

Tras el operativo, las mujeres liberadas recibirán atención sanitaria, apoyo psicológico y en algunos casos ayuda para regularizar su situación migratoria. El proceso judicial en curso busca sancionar a todos los integrantes de la organización, mientras se mantiene la alerta para detectar nuevos casos.