Proyecto de ley busca acabar con la ‘contratación a dedo’ en el sector público en Colombia: esto dice la iniciativa

En la secretaria de la Cámara de Representantes fue radicado un proyecto de ley que pretende eliminar la contratación a dedo en el sector público en Colombia.

La iniciativa es liderada por el representante a la Cámara Cristian Avendaño, del partido Alianza Verde, que explicó que la propuesta apunta a cerrar los vacíos legales que han permitido a diversas entidades suscribir convenios con instituciones no sometidas al Instituto General de la Contratación, lo que ha facilitado prácticas opacas y discrecionales en la gestión de recursos estatales.

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“Hoy la corrupción sigue siendo una enfermedad que tiene al país en cuidados intensivos. Cada semana aparecen nuevos escándalos, nuevas redes, nuevos contratos inflados. Este proyecto va a la raíz del problema”, mencionó el congresista en declaraciones a los medios de comunicación.

Actualmente, según el parlamentario, ciertas entidades pueden firmar convenios con otras que no están sujetas al estatuto general de Contratación, lo que abre la puerta a la adjudicación discrecional de contratos.

“No es posible que mientras la gente necesita hospitales, vías o alimentos, los recursos públicos terminan alimentando estructuras corruptas, revelamos cómo inflaron los precios de alimentos para damnificados por la bola invernal”, comentó.

La propuesta contempla, entre otros aspectos, la obligación de someter a escrutinio público los convenios interadministrativos y la imposición de límites claros a la subcontratación, dos mecanismos que, según el representante, han sido utilizados para eludir los controles formales y favorecer intereses particulares.

Además, el proyecto exige mayores niveles de transparencia en todas las etapas del proceso contractual, con el objetivo de dificultar la manipulación de los procedimientos y la asignación discrecional de recursos.

Este proyecto representa el cuarto intento del congresista por cerrar los vacíos legales que permiten estas prácticas, ya que anteriormente, fueron archivadas sin siquiera ser debatidas en el legislativo.

“Este proyecto lo hemos radicado cuatro veces y lo seguiremos haciendo las veces que sean necesarias, porque nuestro compromiso desde que llegamos al Congreso fue enfrentar a los clanes políticos y luchar contra la corrupción”, puntualizó.

El representante Cristian Avendaño no ha sido el único en cuestionar la contratación estatal en Colombia.

Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático, advirtió que “ocho de cada diez contratos se entregan a dedo”, lo que, en su opinión, ha relegado la licitación pública a una condición de excepción.

También, el concejal bogotano denunció la existencia de una “gran nómina paralela” creada a través de contratos de prestación de servicios, especialmente en el ámbito jurídico. Como ejemplo, mencionó el caso del pastor Alfredo Saade en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd), quien habría recibido 257 millones de pesos sin cumplir funciones reales.

“Era una absoluta corbata. No revisaba absolutamente nada”, afirmó Briceño en diálogo con la periodista Maria Isabel Rueda, y añadió que el actual jefe de despacho presidencial “copiaba y pegaba informes de otro contratista”.

La crítica de Briceño también alcanzó a figuras de alto perfil en el gobierno. Señaló los contratos millonarios del actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien habría recibido casi 1.800 millones de pesos durante el gobierno de Gustavo Petro.

“Montealegre, que es hoy la cabeza jurídica, literalmente, de todo este adefesio, tanto de la consulta popular como de la tal asamblea nacional constituyente, ha sido uno de los grandes contratistas del Gobierno”, declaró el concejal.

El funcionario también puso en tela de juicio la defensa que el ministro de Justicia habría hecho de Hollman Morris, director de Rtvc, lo que, según él, derivó en contratos de alto valor y en una actitud de persecución hacia opositores.

Incluso, mencionó amenazas recientes contra el registrador nacional: “Hoy, como ministro de Justicia, está ejerciendo una posición muy preocupante actuando de persecutor: acaba de amenazar al Registrador con una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía solo porque el doctor Penagos quiso esperar el concepto del Consejo de Estado sobre el ‘decretazo’, actuando totalmente en derecho”.

En su análisis, Briceño también identificó irregularidades en la designación del magistrado Héctor Carvajal, a quien describió como contratista del Estado y abogado personal de Gustavo Petro.

El concejal cuestionó los vínculos familiares de Carvajal con el Estado, al señalar que “su hija fue nombrada cónsul en Barcelona y solo acreditó unos semestres de diseño de modas”.