El Gobierno nacional se pronunció este 23 de julio sobre la decisión de un juzgado en Antioquia que impuso una condena a antiguos directivos de la compañía Chiquita Brands, tras determinarse su relación con grupos paramilitares que operaban en el país.
La reacción fue emitida por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien expresó su respaldo a la sentencia.
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A través de sus redes sociales, el jefe de la cartera laboral describió el fallo como una acción sin precedentes. Según sus declaraciones, se trata de una respuesta judicial frente a hechos de violencia que afectaron por años a las comunidades trabajadoras del sector agrícola, particularmente en regiones productoras de banano.
En la publicación compartida por el ministro, se lee: “Para @MintrabajoCol este ejemplar fallo es histórico. Es una condena a la financiación de grupos armados ilegales en zonas bananeras del país por parte de una empresa multinacional”.
El fallo del juzgado, que ha generado diversas reacciones en sectores sindicales, académicos y jurídicos, se refiere a las responsabilidades penales de varios exejecutivos de la empresa multinacional por haber financiado estructuras armadas ilegales durante su operación en territorio colombiano.
Sanguino también hizo referencia a los impactos que estas alianzas generaron en los trabajadores del sector rural. En su mensaje, sostuvo que “durante años, trabajadoras y trabajadores rurales fueron víctimas del miedo y la violencia. Hoy, la justicia les da una respuesta”.
El ministro subrayó que desde el Gobierno se considera fundamental que las prácticas empresariales estén desligadas de cualquier forma de violencia. En ese sentido, escribió que “la actividad empresarial no puede estar asociado al crimen y menos aún para masacrar a la población civil y a la organización sindical”.
El pronunciamiento del titular de la cartera laboral enfatizó la necesidad de mantener como principio la protección de los derechos humanos en entornos laborales. Agregó que “no hay trabajo digno sin garantías de vida y derechos”, insistiendo en que el respeto por la integridad de los empleados es un pilar en la promoción de condiciones laborales justas.
La sentencia emitida en Antioquia involucra hechos ocurridos entre las décadas de los noventa y los dos mil, cuando organizaciones civiles y de derechos humanos denunciaron que en algunas zonas del país se habría pagado a grupos armados ilegales con el fin de garantizar el control territorial y la seguridad de operaciones comerciales.
El proceso judicial incluyó la recolección de testimonios de víctimas, informes de entidades de control y documentos que evidencian los pagos realizados por la empresa a estructuras paramilitares en áreas bananeras. La decisión del juzgado fue catalogada por varias organizaciones como un avance en la búsqueda de verdad y reparación para las comunidades afectadas.
El Ministerio de Trabajo ha venido acompañando diversas iniciativas orientadas a fortalecer las condiciones laborales en sectores históricamente golpeados por el conflicto. En múltiples ocasiones, la cartera ha sostenido que la consolidación de la paz implica el reconocimiento de las víctimas y la implementación de medidas que prevengan nuevas vulneraciones.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial, el Gobierno continuará impulsando el respeto por los derechos laborales, especialmente en regiones donde la presencia institucional se ha visto debilitada en el pasado.
Organizaciones sindicales también se pronunciaron tras conocerse la decisión judicial. Varias de ellas señalaron que la sentencia representa un paso en el camino de reconocimiento a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos en contextos laborales.
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