En los últimos años, Colombia ha enfrentado múltiples desafíos para consolidar acuerdos de paz y frenar el avance del crimen organizado. Aunque los procesos con las antiguas Farc y otros grupos armados lograron desmovilizaciones parciales, la aparición de disidencias y la persistencia de bandas como el Clan del Golfo han demostrado que el conflicto no se ha resuelto del todo.
La fragmentación de los grupos ilegales y su conexión con economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, han complicado aún más el panorama.
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A este contexto se suma una deuda pendiente en materia legislativa: el país carece de un marco claro y unificado para el sometimiento de organizaciones criminales. El proyecto que buscaba llenar ese vacío se hundió en el Congreso en 2023 sin ser discutido, y durante meses el Gobierno optó por trabajar con las herramientas de la justicia ordinaria.
Sin embargo, el avance de los diálogos de paz y las peticiones de los equipos negociadores hicieron urgente retomar el debate y diseñar una normativa específica para estos procesos.
Mesa institucional para concertar la Ley de Sometimiento
En ese contexto, el Gobierno anunció el miércoles 23 de julio que conformará una mesa institucional con participación del Congreso de la República y las altas cortes para concertar el nuevo proyecto de Ley de Sometimiento, radicado por el Ministerio de Justicia. Esta iniciativa busca establecer las condiciones jurídicas para que grupos armados ilegales y estructuras criminales se acojan a la justicia, en el marco de la política de Paz Total.
En palabras del presidente de la Cámara, Julián López: “A la Ley de la Paz Total, sí, ya lo conversamos sobre eso, inclusive se iba a conformar una mesa institucional con todas las ramas del poder público para revisar de fondo esa situación con la rama judicial y el Congreso de la República y por supuesto el Ejecutivo para revisar muy bien esta nueva propuesta de paz total”.
Alcances del proyecto y tratamiento diferenciado
La propuesta establece una ruta distinta para cada tipo de actor armado. Los grupos con carácter político, como el ELN o las disidencias de las Farc, podrán acceder a negociaciones de paz. En cambio, las bandas criminales, como el Clan del Golfo, se someterán a la justicia mediante beneficios condicionados al desarme, la colaboración y la reparación de las víctimas.
Montealegre explicó que el éxito de la norma dependerá del compromiso real de quienes busquen acogerse: “El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”.
“Colombia debe tener la seguridad de que aquí no se está construyendo una alambrada de impunidad; siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad”, aclaró.
El ministro señaló que la decisión final será política: “Entonces ya será una decisión política del Congreso. Si ellos ven que definitivamente es que no hay un ánimo de paz, pues sencillamente se cierra la posibilidad de cualquier acuerdo negociado”.
El proyecto llega en un momento clave: el Gobierno de Gustavo Petro avanza en varios mesas de diálogo con grupos armados y estructuras criminales, entre ellos Comuneros del Sur y bandas de Medellín, pero no cuenta con herramientas jurídicas distintas a la justicia ordinaria para ofrecer beneficios condicionados.
La iniciativa también pretende corregir la dispersión normativa actual, que dificulta el trabajo de jueces y fiscales frente a desmovilizaciones y procesos de colaboración. Al unificar criterios, busca dar seguridad jurídica tanto al Estado como a las comunidades afectadas por la violencia.
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