El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui se pronunció luego de ser denunciado por injuria y calumnia, a raíz de declaraciones y acciones públicas en las que relacionó a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
El congresista defendió su postura, reiteró sus afirmaciones y advirtió que no se retractará pese al proceso legal en curso.
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Durante la instalación de la nueva legislatura, el 20 de julio, el presidente Gustavo Petro ofreció su discurso ante el Congreso de la República.
En ese contexto, el representante José Jaime Uscátegui, del partido Centro Democrático, protagonizó un hecho que atrajo la atención de la opinión pública. Uscátegui se levantó de su curul y se colocó una máscara azul, con la imagen de Papá Pitufo, en señal de protesta frente al mandatario.
La acción buscó visibilizar cuestionamientos al jefe de Estado por presuntos vínculos entre su campaña presidencial y dineros provenientes de Diego Marín Buitrago, a quien apodan Papá Pitufo.
El gesto del congresista había sido anticipado por mensajes y declaraciones en las que exigía mayor claridad sobre el origen de recursos que, según sostiene, ingresaron a la campaña de Gustavo Petro.
La intervención del legislador ocurrió poco después de que el presidente resaltara el crecimiento industrial de Antioquia y reivindicara el supuesto éxito de su política contra el contrabando, enfocado en altas cabecillas delictivas.
Desde el recinto, Uscátegui tomo la palabra: “Presidente Gustavo Petro, no sea mentiroso. Usted nunca persiguió al mayor contrabandista de Colombia. Al contrario, quedó libre en Portugal y jamás fue extraditado”.
En su publicación, Uscátegui sostiene que, pese a los señalamientos y testimonios en contra de Marín, las investigaciones no han avanzado. “Está el testimonio de alias Lobo, que desde el año 2015 denunció cómo este personaje era el mayor narcotraficante en el Valle del Cauca, en Antioquia y en diferentes regiones de Colombia, pero ninguna acusación ha prosperado”, puntualizó.
El representante también cuestionó el papel de las autoridades judiciales, en particular el de la fiscal Camargo, a quien acusó de “proteger” a Marín mediante una resolución que cambió al fiscal encargado del caso y posibilitó la fuga del sindicado al exterior.
Igualmente, mencionó que, tras la huida, la justicia portuguesa otorgó un hábeas corpus que permitió la liberación del señalado en ese país.
Otro de los ejes de la denuncia pública de Uscátegui se centra en la supuesta inacción ante los indicios de financiamiento irregular en la campaña presidencial de Petro.
El representante planteó que la Comisión de Acusaciones, órgano encargado de investigar al presidente, habría solicitado la absolución del mandatario, desconociendo supuestas pruebas sobre la entrada de recursos a través de intermediarios internacionales, como el político catalán Xavier Vendrell.
“Los dineros que a través de los amigos catalanes recibió la campaña de Petro no fueron regresados ni reportados en la campaña”, indicó el legislador.
Además, ratificó su postura ante el proceso judicial, asegurando que concurrirá ante la Corte Suprema de Justicia sin retractarse de sus afirmaciones.
“El abogado de este criminal me acusa dizque por injuria y por calumnia. Atenderemos el llamado de la Corte Suprema, porque no nos vamos a retractar. Este señor, Gustavo Petro, su campaña y el Pacto Histórico, algún día tendrán que responder”, expresó Uscátegui en su video.
El incidente refleja la profunda división política en el Congreso y la persistencia de denuncias de corrupción, lavado de activos y financiamiento ilícito en campañas electorales en Colombia.
Uscátegui, que suele identificarse como cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha mantenido una oposición directa al Gobierno de Gustavo Petro y a las principales figuras del Pacto Histórico.
La investigación por injuria y calumnia contra el representante cobra relevancia por tratarse de un debate en el que confluyen libertad de expresión, fuero parlamentario, y el uso de símbolos como herramientas de protesta política.
Asimismo, plantea interrogantes sobre la gestión judicial de casos ligados a presuntos delitos financieros y la efectividad de los controles en el financiamiento electoral.
Mientras tanto, la figura de Diego Marín Buitrago permanece rodeada de controversia. Las autoridades colombianas no han proferido condenas firmes en su contra en el país, aunque sobre él persisten voces que lo señalan como un actor relevante en redes de contrabando y narcotráfico.
La atención ahora se centra en la evolución del caso en la Corte Suprema y en el impacto político que pueda tener sobre el Gobierno y la oposición.
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