Avanza demanda de pérdida de la investidura del senador Miguel Uribe Turbay: Consejo de Estado pidió a la Fundación Santa Fe que presente un informe sobre su estado de salud

El Consejo de Estado solicitó a la Fundación Universitaria Clínica Santa Fe de Bogotá un informe sobre el estado de Salud del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, que permanece internado en una Unidad de Cuidados Intensivos desde el 7 de junio de 2025, tras sufrir un ataque sicarial durante un acto público en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con el documento revelado por Caracol Radio, la solicitud formal fue emitida por el presidente de la corporación y magistrado de la Sección Quinta, Luis Alberto Álvarez, al recordar que el congresista de oposición enfrenta dos demandas por pérdida de investidura.

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“Previo a proveer sobre el escrito de subsanación presentado por el ciudadano Carlos Alberto Sánchez Grass dentro del asunto de la referencia, resulta necesario oficiar a la Fundación Santa Fe de Bogotá, para que, con destino a esta actuación judicial, se sirva certificar la condición médica y estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay”, se lee en el documento.

Así mismo, el tribunal ha fijado un plazo de cinco días a partir de la notificación de la decisión para que la entidad médica remita la información requerida.

Los demandantes Carlos Alberto Grass e Iner Alonso Ramírez han centrado sus acusaciones en la supuesta incompatibilidad entre las funciones legislativas y las acciones proselitistas del senador.

Además, los accionantes aseveraron que el senador del Centro Democrático había aprovechado su condición para adelantar acciones de campaña presidencial sin estar habilitado para ello.

El proceso judicial que enfrenta el senador Miguel Uribe se encuentra en una fase clave, ya que la certificación médica solicitada podría incidir en la valoración de los hechos y en la decisión final sobre su investidura como congresista de la república.

Por el ataque a Miguel Uribe Turbay, van seis personas capturadas y judicializadas, entre ellas, Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, señalado como el autor material del atentado ejecutado en el barrio Modelia, en el occidente de la capital colombiana.

Esta no ha sido la única acción judicial contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, que actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación.

A finales de junio de 2025, la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional radicaron una demanda contra el congresista de oposición en la que pidieron la pérdida de investidura del funcionario, al considerar que “habría válido de su cargo para obtener ventajas políticas indebidas que favoreciesen su aspiración electoral, violando así los principios éticos que rigen el ejercicio parlamentario”.

En el documento, los sindicatos argumentaron que su conducta expuso su seguridad. “Dicho acto ilícito realizado expuso su vida, la cual cobró de que fuese atacado con un arma por parte de un menor de edad con fines de lastimarlo o asesinarlo (sic)”, afirmaron.

Además, el grupo sindical sostuvo que Uribe Turbay “incurrió en la causal de pérdida de investidura consagrada en el artículo 183, numeral 1°, de la Constitución Política, por violación al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades”.

Sin embargo, el 27 de junio de 2025, dicha demanda fue inadmitida por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, presidente del Consejo de Estado.

Por este hecho, el Ministerio de Defensa se pronunció para afirmar que las acciones, en especial del sindicato de la cartera, no representan la voz institucional.

“Frente a recientes actuaciones del sindicato Sinsergen – Defensa, organización que agrupa a servidores públicos civiles del sector, el Ministerio de Defensa Nacional se permite aclarar que sus declaraciones o acciones no representan ni comprometen, en ningún caso, la posición institucional de esta Cartera“, manifestó el ministerio en un comunicado.

Del mismo modo, la cartera rechazó de manera tajante cualquier tipo de violencia que difunda el “sufrimiento o el odio, físico o psicológico, venga de donde venga. Ninguna corriente social o política, jamás será justificada“, aún más, en medio de la coyuntura social que vive el país.