Ante eliminación de subsidios, el galón de Acpm subirá para este tipo de carros por medida que ya tomó el Gobierno

El Gobierno nacional ya tiene listo el decreto que había anunciado hace unas semanas el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que introduce un cambio sustancial en la estructura de precios del Acpm. A partir de la entrada en vigor de la reglamentación técnica que deberá emitir el Ministerio de Minas y Energía, el galón de este combustible para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial —en las categorías de automóvil, camioneta, campero y cuatrimoto— podría pasar de los $10.700 actuales a más de $15.000, al alinearse con el precio de paridad internacional.

La medida no afectará a los vehículos de servicio público ni a los transportadores de carga, incluidos camiones, buses, busetas, microbuses, tractocamiones y volquetas, que continuarán recibiendo el beneficio del subsidio.

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La decisión de focalizar los subsidios responde a una estrategia del Gobierno orientada a mejorar la eficiencia del gasto público y reducir las presiones fiscales. El Ministerio de Hacienda explicó que la diferenciación en el precio del Acpm busca proteger a los sectores considerados estratégicos, como el transporte de carga y pasajeros, mientras elimina la extensión del subsidio a los vehículos particulares.

“El ajuste protegerá a los transportadores de carga, quienes cuentan con acuerdos firmados con el Ministerio de Transporte para mantener estable el precio del Acpm”, afirmó a finales de junio el ministro Ávila.

A propósito de la medida, el impacto fiscal de esta medida es considerable. Según estimaciones oficiales, la eliminación del subsidio al diésel para vehículos particulares podría representar un alivio fiscal de hasta $10 billones anuales. “Esta cifra equivale al impacto de una mini reforma tributaria”, explicó el funcionario al resaltar la magnitud del ajuste en las finanzas públicas. Solo en lo corrido de 2025, el ingreso al productor del Acpm representó en promedio del 58,8% del precio de referencia internacional, lo que implicó una carga fiscal notable para el Estado.

Por medio del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), creado para amortiguar las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y sus derivados, se entregaron subsidios implícitos al Acpm desde se instauró.

Sin embargo, la brecha entre el precio interno y el internacional se amplió en los últimos años, lo que generó un déficit creciente que el Gobierno considera insostenible. “Vamos a cerrar una brecha histórica que impacta las cuentas del país”, insistió el ministro de Hacienda al enfatizar la urgencia de la medida.

La focalización de los subsidios implica que los vehículos particulares, diplomáticos y oficiales que utilicen Acpm en las principales ciudades del país —como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Santa Marta— deberán asumir el costo real del combustible, alineado con el precio internacional.

El decreto establece que el ingreso al productor del Acpm para estos vehículos deberá ser, como mínimo, el precio de paridad internacional. El ajuste se implementará primero en las áreas metropolitanas de estas ciudades, donde se concentra la mayor parte del parque automotor beneficiado por el subsidio.

Asimismo, el recorte afectará, según el ministro Ávila, principalmente, “a las 360.000 camionetas de lujo que utilizan diésel, vehículos que, según el Gobierno, no aportan a la productividad nacional, pero sí reciben subsidios regresivos”. La diferenciación busca corregir distorsiones en la asignación de recursos públicos, con lo que se prioriza a los sectores que contribuyen de manera directa a la economía y al bienestar social.

El Ministerio de Minas y Energía será la entidad encargada de establecer la reglamentación técnica necesaria para garantizar la operatividad, vigilancia y control del nuevo esquema de precios. La medida entrará en vigencia una vez se emita dicha reglamentación, lo que permitirá a las autoridades ajustar los mecanismos de supervisión y asegurar el cumplimiento de los objetivos fiscales y sociales planteados por el Gobierno.

La eliminación del subsidio al diésel para vehículos particulares constituye solo el primer paso de una agenda más amplia de reformas económicas. El Gobierno colombiano planea una nueva reforma tributaria que podría recaudar entre $19,6 y $25,4 billones, según proyecciones del Ministerio de Hacienda. La iniciativa busca fortalecer la sostenibilidad fiscal y liberar recursos para financiar programas sociales y de inversión pública.

“El Ministerio de Hacienda busca con esta medida cerrar el déficit del Fepc, reducir el gasto público y liberar recursos para otros programas sociales”, afirmó Ávila. Esto, teniendo en cuenta que el subsidio al Acpm representa una carga fiscal notable al cubrir la diferencia entre el precio interno y el internacional, lo que limita la capacidad del Estado para destinar recursos a otras áreas prioritarias.

Por supuesto, la medida ya tuvo rechazo de los gremios del sector transportador. Por jemplo, por medio de X, la Asociación Colombiana de Camioneros (Acc Camioneros) señaló que esta no ha sido aceptada.

“Los transportadores no hemos aceptado el alza en Acpm. Esto incrementaría costos de alimentos a ahogares de todo Colombia. Es importante que todos apoyaran la fórmula Colombia que hemos luchazo”, señaló.

Pidió prestar atención a que el combustible lo usan buses y maquinaria agricola de campesinos, por lo que no debe haber un alza que viole el acta de los acuerdos firmados. “Es trabajo de todos y para todos. Hasta los arroceros, hoy en paro, lo saben”, puntualizó la Acc Camioneros.