La función de la Unidad de Restitución de Tierras es encargarse de devolver de manera jurídica y material los predios despojados o abandonados de manera forzosa por el conflicto armado en el país.
En la mayoría de los casos, la entidad garantiza los derechos de víctimas de la guerra sobre terrenos que manejan los grupos armados; sin embargo, en un caso expuesto el 18 de julio, se abordó la situación de un territorio que ha estado en poder del Ejército Nacional.
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En esta ocasión, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó restituir un predio de más de 5.000 metros cuadrados que fue despojado por parte del Ejército a una familia en La Macarena, Meta.
Se trata del estadero Nápoles, que fue comprado en 1975 por Salatiel Bejarano, padre de Robinson Bejarano, que tras la muerte de su progenitor puso un hotel que administró durante varios años con su pareja.
El auge de la guerra provocó que el frente séptimo de las Farc llegara a la propiedad y obligará a los propietarios a dejar el lugar, a lo que accedieron después de que el grupo armado perpetró una masacre en la región
“Al vernos en esta situación, mi esposa pidió una licencia por tres meses en el Hospital Local de la Macarena, donde lleva trabajando como doce años. Nos trasladamos a la ciudad de Villavicencio a reunirnos con nuestros cinco hijos”, indicó Robinson Bejarano durante las audiencias del proceso.
En 2003 Bejarano pensó en volver a su municipio, pero debido a que las autoridades le informaron que el estadero había sido incinerado, desistió de esta postura; sin embargo, años más tarde descubrió que el lugar había sido intervenido para la construcción de una base militar.
Tras confirmar que el predio estaba siendo utilizado por el Ejército Nacional, en 2004 comenzó un proceso en el que Bejarano se acercó a la Personería Municipal para pedir explicaciones.
“La agencia del Ministerio Público informó al peticionario que desconoce los motivos y medios por el cual el Ejército Nacional, acantonado en este municipio, tomó posesión del sitio Nápoles”, informó la Unidad de Restitución de Tierras en un comunicado.
En más de 20 años el Ejército Nacional negó su responsabilidad en la posesión del terreno y no accedió a pagar ningún tipo de arriendo al propietario del terreno, alejándose de reconocer el vínculo legítimo de la ocupación.
Ante este panorama, el juzgado mencionado estableció que la permanencia de la base militar constituyó un despojo del Estado contra la familia Bejarano, a la que le violaron los principios de distinción y el derecho que prohíbe la ocupación de bienes civiles para “fines militares sin la debida legalidad y compensación”.
En una orden histórica, el Ejército Nacional deberá restituir el predio a Robinson Bejarano; sin embargo, ahora la problemática es que la familia asegura tener miedo de ser víctimas de amenazas o ataques armados por la confrontación.
“Compensación por equivalencia en favor de los solicitantes y a cargo del Fondo de la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas”, es el recurso aprobado por el juzgado que debería cumplir ahora la institución.
El Igac realizará el avalúo comercial del bien y verificará en el inventario del fondo si existen predios en áreas requeridas por los beneficiarios de la sentencia. Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, informó que la unidad intentará compensar a una familia con un nuevo predio en la ciudad de su preferencia, además de acceso a programas estatales como parte de su reparación integral.
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