Una funcionaria de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, denunció acoso laboral mientras permanece bajo el fuero ampliado de lactancia materna.
La queja, presentada ante el Comité de Convivencia de la entidad y la Procuraduría Delegada con funciones Mixtas para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, señala presiones y vulneraciones que, según la denunciante, desconocen los derechos laborales respaldados por la ley colombiana.
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Actualmente la Upme no cuenta con director en propiedad desde el 22 de abril de 2025, fecha a partir de la cual se produjo una barrida de funcionarios que redujo la planta directiva a una sola asesora, sobreviviente de la gestión de Adrián Correa.
Esa asesora, que en el documento pide mantener la reserva de su identidad, asegura que es víctima de acoso laboral en un momento en el que la ley la protege especialmente por encontrarse en periodo de lactancia.
La denuncia surge en un contexto paradójico: fue el propio partido de Gobierno, Pacto Histórico, el promotor en el Congreso de la ley 2306 de 2023, que extendió la protección especial a madres lactantes hasta que sus hijos cumplan dos años.
La asesora sostiene que, a pesar de esa legislación, la administración de la Upme presiona para desconocer sus derechos como madre y los de su bebé.
Los hechos descritos en el documento arrancan poco después de la salida de Correa como director. Según la denunciante, la administración actual de la Upme solicitó su renuncia protocolaria, a pesar de que ella hizo explícito en varias ocasiones que se acogería al fuero de lactancia materna que impide la terminación unilateral de su contrato sin causa justificada ni autorización judicial.
La funcionaria sostiene que, tras expresar su decisión de permanecer amparada por el fuero, la entidad no sólo intensificó las presiones para que dejara el cargo, sino que revocó su permiso de trabajo remoto, mecanismo que había sido autorizado previamente.
Además, indica que fue despojada de la mayoría de sus funciones y responsabilidades, evidenciando una situación de aislamiento laboral. En los últimos tres meses, la única tarea que le asignaron fue la redacción de dos actas, acción que, según argumenta, constituye una forma de marginación y hostigamiento.
El documento presentado recoge un episodio particular, fechado el 30 de abril, cuando el director encargado, Manuel Peña, le transmitió que “la instrucción del Ministerio era solicitar nuevamente mi renuncia”.
Ante la reiteración de la funcionaria sobre la vigencia del fuero, recibió como respuesta: “Ahí qué hacíamos, si esa era la instrucción”. Así mismo, la denuncia indica que la alta dirección de la Upme estaría consultando mecanismos, incluidos documentos internos, para avanzar en una declaratoria de insubsistencia.
Esta estrategia, que permite la salida discrecional de funcionarios de libre nombramiento, ha sido utilizada en otras entidades, pero no puede aplicarse cuando el funcionario se encuentra protegido por fueros específicos, como maternidad o lactancia.
El papel de la Procuraduría y el Comité de Convivencia
La denuncia fue radicada en la tarde del miércoles 16 de julio ante el Comité de Convivencia, mecanismo interno destinado a resolver conflictos laborales en las entidades públicas.
La queja también fue notificada a la Procuraduría Delegada, a quien se solicitó asumir la investigación con prioridad sobre el trámite interno.
El rol de la Procuraduría resulta determinante en casos de posibles vulneraciones a derechos laborales fundamentales. Si el órgano de control determina que hubo presiones indebidas, acoso laboral o desconocimiento de fueros, podría ordenar medidas correctivas y sancionar disciplinariamente a los responsables.
La jurisprudencia y la normativa colombianas protegen expresamente a las mujeres en estado de embarazo, licencia de maternidad y periodo de lactancia, estableciendo la nulidad de los despidos sin autorización y la obligación de restablecer derechos vulnerados.
En la Upme, mientras tanto, crece la incertidumbre en torno al futuro de la única asesora sobreviviente de la anterior dirección. Al interior de la entidad hay preocupación sobre el precedente que pueda sentar el desarrollo de la investigación y las medidas que adopte la Procuraduría.
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