Testigo estrella de la JEP habría sido internado hospital psiquiátrico sin justificación: familia denuncia fallas de sus custodios

Hay polémica en el Ejército Nacional, después de que uno de los principales testigos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resultara internado, sin motivos aparentes, en un centro psiquiátrico.

Según información revelada por la revista Cambio en la mañana de este domingo 13 de julio, José Leonairo Dorado, exagente de Inteligencia, pasó más de 24 horas incomunicado y retenido bajo custodia militar en una clínica psiquiátrica, tras advertir públicamente sobre intentos de silenciarlo.

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Sin embargo, la historia no se limitó únicamente a ese episodio. En días anteriores, la familia de Dorado comunicó a Cambio su preocupación luego de que lo trasladaran a un hospital sin permitirles contacto y tras bloquear cualquier información sobre su estado.

José Leonairo Dorado no se trata de un testigo ordinario. Sus declaraciones han servido para localizar fosas comunes en instalaciones militares, esclarecer el paradero de personas desaparecidas y atribuir responsabilidades a altos mandos de la inteligencia militar en crímenes históricos como la toma y retoma del Palacio de Justicia y el genocidio de la Unión Patriótica. Estos testimonios implican a oficiales de alto rango, cubriendo los años de 1985 a 2008.

Dorado permanece actualmente privado de la libertad en la Ejepo, cárcel militar bajo vigilancia directa de soldados y oficiales. Desde que decidió colaborar con la justicia y los medios, se habría transformado en objetivo de represalias e intimidaciones, fenómeno que se habría intensificado tras la publicación de su testimonio en noviembre de 2024 y luego cuando la JEP halló restos humanos en lugares que él había señalado.

Además, durante la última semana, Dorado concedió una entrevista a Daniel Coronell en la W Radio con la intención de alertar sobre los riesgos a su vida. Según relató Cambio, el mismo día de la entrevista, el director del centro, coronel Raúl Llano, comunicó a Dorado que sería cambiado de celda, anulando la protección ordenada previamente por la JEP.

Aunque Dorado protestó por la violación de sus derechos, se le habría alegado, sin fundamento legal, que las órdenes de la JEP no debían cumplirse.

Tras su traslado, personal militar habría revisado todas sus pertenencias y el coronel Llano habría anunciado al resto de internos que un posible traslado general sería consecuencia de la presencia de Dorado, situación que generó ánimos caldeados y casi desencadenó un conflicto físico.

Dorado, afectado físicamente por la presión, solicitó atención médica por migrañas y dificultades para dormir. Fue trasladado primero al centro médico interno del batallón y recomendado para una resonancia magnética en el Hospital Militar Central de Bogotá.

El procedimiento debía haber sido rutinario, pero tras la primera noche, una junta médica habría determinado su traslado inmediato a la Clínica Santo Tomás con la justificación de requerir atención psiquiátrica, a pesar de no haber recibido aún valoración médica especializada.

El viernes 11 de julio al mediodía fue ingresado en una sala de alta seguridad psiquiátrica, aislado y privado de sus pertenencias, incluido el retiro de los cordones de sus zapatos. Según el relato de los testigos presenciales del hecho a Cambio, fue internado en el área destinada a condiciones psiquiátricas graves, bajo condiciones estrictas y sin explicaciones claras para su familia.

La situación motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo, luego de que se contactara a la defensora del Pueblo, Iris Marín. Por iniciativa de la Defensoría, un funcionario acudió a la clínica junto con periodistas y la hija de Dorado, que se desplazó de urgencia a Bogotá.

Según el relato, al presentarse en la recepción de la Clínica Santo Tomás, fueron recibidos con negativas y evasivas por parte de la coordinación médica encabezada por la doctora Natalie Rico, que en distintos momentos alegó desconocimiento de la normativa o que Dorado no estaba en contra de su voluntad, pese a la preocupación de la familia y autoridades.

Tras un tenso intercambio que duró casi media hora, la directora de la clínica, Catalina Vergara, accedió a recibir a los visitantes, que insistieron en la necesidad de constatar el estado del paciente y su consentimiento respecto al internamiento. En ese momento, la Procuraduría General, a través de la delegada Mónica Ulloa, envió una orden para autorizar el acceso de la familia y la Defensoría a Dorado.

Solo entonces, tras horas de resistencia institucional, pudieron verlo: Dorado se encontraba lúcido y coherente, negando tener problemas psiquiátricos y reafirmando que se hallaba allí contra su voluntad.

En presencia del personal de la Defensoría, el médico a cargo finalmente anunció que Dorado sería dado de alta la mañana siguiente. Pese a ello, durante la noche se le habría puesto una camisa de fuerza y habría sido medicado para inducir el sueño, medidas que su familia consideró injustificadas y abusivas, según el informe del medio. “Casi acaban conmigo a punta de droga”, expresó Dorado a sus hijos el sábado, tras haber pasado la noche amarrado.

Al regresar a su lugar de reclusión, los hijos de Dorado lograron visitarlo. No obstante, según el relato de sus familiares, el proceder de los oficiales continúo siendo irregular: los reunieron en un intento de minimizar lo ocurrido y acordar una versión documentada, negando en principio la naturaleza psiquiátrica de la remisión hospitalaria pese a la evidencia. Solo la presión directa de la familia y una abogada presente habría logrado que admitieran lo sucedido.