Procuraduría refuerza la vigilancia al nuevo esquema de salud del Magisterio en Cundinamarca

Con el objetivo de asegurar que los docentes del departamento de Cundinamarca y sus familias cuenten con un servicio de salud oportuno y de calidad, la Procuraduría General de la Nación avanza en el seguimiento detallado del modelo de atención del Magisterio. Así lo anunció el Ministerio Público en un comunicado en el que se dan a conocer las acciones tomadas por el ente de control.

El pasado 20 de junio, el procurador general Gregorio Eljach Pacheco dio apertura formal a una mesa técnica permanente, concebida como un espacio de trabajo continuo para evaluar el funcionamiento de la nueva estructura de servicios de salud dirigida al cuerpo docente. Esta instancia busca fortalecer el diálogo con distintos actores vinculados, garantizar la identificación de necesidades y acordar soluciones conjuntas frente a los retos que enfrenta el sistema.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Como parte de esta estrategia, la Procuraduría ha sostenido reuniones con representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la Asociación de Educadores de Cundinamarca (Adec), la Fiduprevisora, las secretarías departamentales de Educación y Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, así como asesores de los Ministerios de Trabajo y Educación. Esta articulación reafirma el compromiso de las entidades involucradas con la protección del derecho fundamental a la salud de los maestros.

Entre las acciones adelantadas por el Ministerio Público se destacan la elaboración de informes preventivos que pueden derivar en procesos disciplinarios, la intervención de las procuradurías regionales para garantizar que la atención a los afiliados se preste sin interrupciones y la participación activa en los Consejos Directivos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

A esto se suma la presencia en 35 mesas técnicas diseñadas para resolver asuntos específicos del funcionamiento del modelo.

De igual forma, se ha acompañado la socialización de la red primaria de prestadores en el departamento, proceso liderado por la Fiduprevisora luego de la entrada en vigor del nuevo esquema de salud el 1 de mayo de 2024. Esta labor busca que los docentes y sus familias conozcan de forma clara qué entidades están habilitadas para brindar servicios médicos y cómo acceder a ellos de manera ágil.

“El Ministerio Público apoyó la socialización de la red primaria del departamento, también generó este espacio para que la Fiduprevisora informará los prestadores qué hacen parte de la convocatoria, después del cambio del modelo de salud del pasado 1 de mayo de 2024″, señaló la entidad.

El órgano de control ha reiterado la importancia de asegurar la asignación oportuna de citas médicas, la entrega adecuada de medicamentos y la prestación de servicios bajo estándares de calidad. Por esta razón, la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social mantiene un acompañamiento constante, con énfasis en la vigilancia preventiva para anticipar posibles incumplimientos o deficiencias en la cobertura.

Con esta labor, la Procuraduría reafirma su rol de garante de los derechos de miles de docentes y de sus núcleos familiares en Cundinamarca, a través de mecanismos de seguimiento que permitan corregir fallas, resolver inquietudes y mantener una red de servicios que responda de forma efectiva a las necesidades de la comunidad educativa.

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) divulgó un comunicado en el que exigió a la Fiduprevisora y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) cumplir con el derecho a la salud de los maestros.

“Transcurrido más de un año en la implementación del Acuerdo 003 que realizó cambios sustanciales al modelo de salud y su contratación, persisten los problemas administrativos y las deficiencias en la atención a más de 820 afiliados y beneficiarios del magisterio“, se lee en el texto divulgado por la asociación sindical.

En el mismo, los maestros también destacaron la importancia de ejercer control administrativo en el manejo de recursos y a los procesos de contratación como garantía de los derechos de los educadores, aquellos dictados por la Ley 91 de 1989 que creó el Fomag con el fin de garantizar las obligaciones prestacionales del Estado con los profesores de colegios oficiales.

El sindicato mencionó los recientes hallazgos en la auditoría que la Contraloría General realizó al fondo de prestaciones del magisterio. Las revelaciones del ente indican irregularidades por cerca de 82.000 millones de pesos que, se cree, debían tener como destino el pago de las cesantías, además de la financiación del nuevo modelo de salud de los maestros.