Entregan tierras que eran del hijo de alias La Gata a agropescadores del departamento de Sucre

El 12 de julio de 2025, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció la recuperación de un extenso predio que pertenecía al exsenador Héctor Julio Alfonso López, investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares, en particular con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

López, hijo de la fallecida empresaria Enilce López, alias La Gata, enfrenta señalamientos por parapolítica, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y financiación de campañas políticas con recursos de estructuras armadas ilegales.

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La ANT explicó que la diligencia se realizó en el marco de un proceso de extinción del derecho real de dominio adelantado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Según la entidad, esta acción responde a la gravedad de los delitos asociados al predio y busca restituir la tierra a quienes han sido víctimas del conflicto armado.

“En San Benito Abad, Sucre, donde el paramilitarismo y el despojo sembraron miedo, hoy la Agencia Nacional de Tierras da resultados: recuperamos 268 hectáreas del predio Pasatiempo, ligado al exsenador Héctor Julio Alfonso López y sus redes mafiosas”, inidicó el organismo.

El director de la entidad, Felipe Harman, subrayó la importancia de la recuperación de estos terrenos, señalando que representa un paso fundamental en la reparación histórica y la continuidad de la reforma agraria en el país. Harman destacó que la entrega de tierras provenientes de actividades ilícitas fortalece la justicia social y agraria para los campesinos afectados.

Para los habitantes del corregimiento de Doña Ana, la proximidad del predio recuperado es un factor clave. “Aquí podemos llegar a pie porque está cerca. Y es algo que queríamos nosotros, estar cerca donde podíamos tener una tierra donde cultivar que prácticamente es la economía en Doña Ana”, añadió Pedro César Pabuena, campesino beneficiario de la entrega de tierra. La entrega de estas tierras permitirá a las familias beneficiadas acceder a un espacio productivo, facilitando el desarrollo agrícola y la reconstrucción de sus proyectos de vida tras años de conflicto.

La ANT confirmó que invirtió más de $5.300 millones en iniciativas comunitarias, por lo que más de 4.100 personas de 1.206 familias recibirán insumos agrícolas, sistemas avícolas, pecuarios y agroforestales. El objetivo es reducir la pobreza rural a través de la entrega de herramientas y recursos que promuevan la producción sostenible de alimentos, el arraigo territorial y la generación de ingresos.

En el desglose por departamentos, Chocó concentra la mayor cobertura, con más de $2.438 millones invertidos en seis comunidades indígenas y afrodescendientes. Allí se impulsan cultivos tradicionales, producción ganadera, avícola y sistemas agroforestales, beneficiando a más de 2.000 personas. En el municipio de Istmina, la ANT desarrolló un sistema de producción agrícola y de especies menores. En Litoral del San Juan y Unguía se implementaron cultivos de pancoger y levante de gallinas ponedoras. En Ríosucio y Carmen del Darién se fortalecieron actividades agrícolas, ganaderas y sistemas avícolas, mientras que en Bojayá se establecieron proyectos agroforestales en comunidades del consejo comunitario local.

En Valle del Cauca, la inversión supera los $1.071 millones y beneficia a 831 personas en Jamundí y Buenaventura. En esta última, se suministraron herramientas agrícolas y sistemas avícolas. En Jamundí, 95 familias del resguardo indígena Kwe’sx Kiewe Nasa recibieron insumos para cultivos de café, plátano y maíz. Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa, director de Asuntos Étnicos de la ANT, explicó: “Entregamos proyectos productivos y herramientas agrícolas que benefician a 95 familias, más de 300 personas, para la siembra de café, plátano y maíz. Estas iniciativas van a mejorar la seguridad alimentaria, sus prácticas de agricultura ancestral, y esto es parte de la construcción de paz”.

En Nariño, la inversión supera los $972 millones y favorece a 816 personas de dos consejos comunitarios. En La Tola, los recursos se destinaron a la recuperación de 20 hectáreas de manglar rojo, mientras que en Roberto Payán se fortalecieron prácticas avícolas tradicionales.

En Bolívar, $760 millones fueron invertidos en el Consejo Comunitario Ma-Kankamaná de San Basilio de Palenque, beneficiando a 421 personas con insumos para cultivos de yuca, ñame y cría de cerdos.